La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión un proyecto que habilita a empresas privadas a operar y comercializar crudo, reduce regalías de hasta 30% a un mínimo de 15% y permite recurrir a arbitrajes internacionales.
Ya pasaron 20 días desde la captura de Nicolás Maduro y el nuevo gobierno venezolano se acopla a los pedidos que llegan desde Washington. El petróleo sigue en el centro de la escena, y mientras los buques estadounidenses se despliegan en orillas sudamericanas, están avanzando cambios regulatorios claves para liberar al sector.
En ese marco, la Asamblea Nacional de Venezuela dio un primer paso hacia la reconfiguración profunda del marco que rige la actividad petrolera. En la jornada de ayer, se aprobó en primera discusión un proyecto de ley orientado a flexibilizar el histórico control estatal sobre la industria.
La norma prevé que parte de los volúmenes extraídos puedan ser comercializados directamente por la empresa operadora.
Se trata de la modificación más relevante desde la nacionalización impulsada en 2007, que consolidó al Estado como actor dominante en la explotación de hidrocarburos y redefinió la relación con el capital privado.
La iniciativa legislativa introduce un esquema que habilita una mayor participación de empresas privadas en todas las etapas del negocio petrolero, desde la operación directa de los campos hasta la comercialización del crudo producido.
El texto en debate busca establecer reglas que permitan a los inversores asumir la gestión integral de los proyectos, con mayor autonomía operativa y financiera, bajo contratos suscriptos con Petróleos de Venezuela (PDVSA).
¿Qué propone el proyecto?
Según el borrador de la iniciativa en discusión, las compañías privadas pasarán a tener un rol mucho más importante en el sector petrolero. Aquellas que resulten adjudicatarias podrán ejecutar las actividades “a su único costo, gasto y riesgo”, una definición que marca un cambio respecto de los esquemas de asociación vigentes.
Además, la norma prevé que parte de los volúmenes extraídos “podrán ser comercializados directamente por la empresa operadora, una vez cumplidas las obligaciones gubernamentales”, lo que implica un giro en el manejo de los flujos de ingresos.
Otro de los ejes centrales de la propuesta es la posibilidad de recurrir a mecanismos de arbitraje internacional para la resolución de controversias.
De aprobarse, las disputas entre el Estado venezolano y los inversores no quedarían limitadas al ámbito de los tribunales locales, una demanda recurrente de las empresas extranjeras.
El proyecto también introduce cambios en el esquema fiscal aplicado a la actividad. Entre las facultades que se otorgan al Poder Ejecutivo figura la de reducir las regalías petroleras desde el 30% actual hasta un piso del 15%, así como ajustar los impuestos a la extracción.
El objetivo declarado es mejorar la viabilidad económica de desarrollos complejos, en especial en áreas subexplotadas o con altos costos operativos.
Durante la apertura del debate parlamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sostuvo que la iniciativa apunta a “permitir un aumento acelerado de la producción” de crudo.
En ese contexto, afirmó que “el petróleo bajo tierra no sirve de nada”, en alusión a la necesidad de transformar los recursos en ingresos efectivos para la economía venezolana.
Estados Unidos marca la agenda
El avance legislativo se produce en un escenario político atravesado por una fuerte presión externa. Tras la captura en Estados Unidos del expresidente Nicolás Maduro a comienzos de este mes, la administración de Donald Trump intensificó los contactos con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, con el objetivo de promover una mayor apertura a las empresas energéticas estadounidenses.
Desde el oficialismo, algunos legisladores destacaron el alcance estratégico de la reforma. Orlando Camacho, diputado y titular de la asociación empresarial Fedeindustria, señaló durante la sesión que el proyecto garantiza “que el petróleo siga siendo el motor del desarrollo de nuestro país” y consideró que las garantías legales incluidas constituyen “un paso audaz” para recomponer la confianza del sector privado.
Pese a estos cambios, el interés inversor sigue condicionado por antecedentes recientes. Varias compañías internacionales mantienen litigios abiertos o reclamos pendientes por activos nacionalizados en el pasado, entre ellas Exxon, que no logró obtener compensaciones por pérdidas millonarias. A ello se suma la persistente incertidumbre política y la ausencia de un calendario electoral definido.
