La nueva regulación elimina las variaciones de invierno y verano en la tarifa, introduce un valor anual uniforme y se integra al sistema de subsidios focalizados, mientras el sector regulatorio atraviesa cambios institucionales.

El Poder Ejecutivo nacional puso en marcha una modificación estructural en el funcionamiento del mercado del gas natural.

A través del Decreto 26/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno cambió la forma en que se traslada el precio del gas a los usuarios finales y dejó atrás el esquema de fuertes diferencias estacionales que históricamente encarecía las facturas durante el invierno.

A partir de ahora, el sistema se basará en un precio anual uniforme, una suerte de “tarifa plana” que busca aportar previsibilidad al consumo residencial.

El decreto introduce además una flexibilidad significativa en la forma en que el Estado participa en el sostenimiento del precio del gas.

La decisión se enmarca en la implementación del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y forma parte de una estrategia más amplia para redefinir el rol del Estado en la política tarifaria, con énfasis en la eficiencia del gasto público y la protección de los sectores de menores ingresos.

Un precio único para todo el año

El cambio central introducido por la norma es la eliminación de las variaciones estacionales en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Hasta ahora, el valor del gas era sensiblemente más alto durante los meses de mayor demanda invernal y descendía en las épocas templadas. Con la nueva metodología, ese comportamiento se reemplaza por un Precio Anual Uniforme.

La modificación alcanza a un punto clave del anexo del decreto que dio origen al Plan Gas.Ar, aunque sin alterar su funcionamiento general.

El nuevo esquema redefine el mecanismo de traslado del precio del gas a la demanda, de acuerdo con las Reglas Básicas de las Licencias de Distribución, y establece que el impacto de los picos de consumo será amortiguado a través de la intervención estatal.

En términos prácticos, el objetivo es evitar que las variaciones propias del sistema energético se traduzcan en saltos abruptos en las facturas que reciben los usuarios residenciales durante el invierno, cuando el consumo se multiplica.

El rol de los subsidios al gas y la intervención estatal

El decreto introduce además una flexibilidad significativa en la forma en que el Estado participa en el sostenimiento del precio del gas.

La porción del Precio Anual Uniforme que será cubierta mediante subsidios podrá ser igual, inferior o incluso superior al valor de mercado surgido de las subastas, según lo determine la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Este diseño permite que el Estado asuma diferencias positivas o negativas entre el precio real del gas y el valor que pagan los usuarios, sin afectar la cadena de pagos del sector hidrocarburífero. Los productores continuarán cobrando el precio ofertado en el marco del Plan Gas.Ar, con los ajustes estacionales correspondientes, lo que busca preservar la producción y garantizar el abastecimiento.

Dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, las bonificaciones se aplican sobre el costo promedio ponderado anual del gas.

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El Gobierno cambió la forma en que se traslada el precio del gas a los usuarios finales y dejó atrás el esquema de fuertes diferencias estacionales que históricamente encarecía las facturas durante el invierno.

El régimen alcanza a usuarios residenciales de gas natural por redes, energía eléctrica, garrafas de GLP de 10 kilos y gas propano, y apunta a concentrar la ayuda estatal en los hogares de más bajos ingresos.

El valor anual uniforme, aún sin definir

Desde el punto de vista del usuario final, la medida busca aportar estabilidad y previsibilidad al gasto energético del hogar. Al suavizar las diferencias entre estaciones, se reduce el impacto de los meses de mayor consumo, una de las principales fuentes de conflictividad social en cada invierno.

Para el mercado, en cambio, el mensaje es que el Gobierno intenta compatibilizar un esquema de tarifas más ordenado con la necesidad de sostener la producción local de gas.

El decreto aclara expresamente que las modificaciones no alteran los ingresos de los productores ni el diseño general del Plan Gas.Ar, considerado una pieza clave para asegurar el suministro en los últimos años.

Si bien la norma rige desde su publicación, el valor concreto del Precio Anual Uniforme aún debe ser definido por la autoridad de aplicación, lo que deja abierto un capítulo clave en la implementación práctica del nuevo sistema.

Reordenamiento institucional y salida en el Enargas

En paralelo a los cambios tarifarios, el sector regulatorio del gas y la electricidad atraviesa una etapa de transición. La futura unificación de los entes reguladores sumó un episodio relevante con la renuncia de Carlos Casares a la presidencia del Enargas.

La dimisión se produjo en un contexto marcado por la creación del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), que concentrará las funciones de control de ambos servicios. Casares había quedado fuera del Directorio que encabezará el organismo unificado, una definición que terminó de precipitar su salida.

Tras su renuncia, la conducción del Enargas quedó en manos de Néstor Lamboglia, actual interventor del ENRE, en un esquema transitorio. El cronograma oficial prevé que el nuevo ente comience a operar a partir de marzo, una vez que la Presidencia eleve al Congreso la nómina de cinco directores y se complete el proceso institucional.

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