Oilstone Energía, de fuerte presencia en Neuquén, inició un concurso preventivo para renegociar compromisos financieros y luego de reducir su plantel. Busca rediseñar su estrategia ante la caída de rentabilidad de los yacimientos tradicionales y el boom del shale de Vaca Muerta.
La industria hidrocarburífera argentina suma un nuevo caso crítico en el segmento del convencional. La compañía petrolera Oilstone Energía, operadora con fuerte presencia en la provincia de Neuquén, solicitó formalmente la apertura de un concurso preventivo de quiebra para renegociar sus deudas con acreedores financieros.
La decisión fue avalada por la Justicia. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°11 de la Ciudad de Buenos Aires autorizó el proceso el 20 de febrero, aunque la situación se hizo pública recién tras la publicación de los edictos correspondientes, que convocan a los acreedores a presentarse en el expediente.
En paralelo, la empresa también atravesó un proceso de ajuste interno. Según detalló en su documentación judicial, el plantel de trabajadores se redujo de cerca de 300 empleados a 183 en los últimos años, en un intento por recortar costos y sostener la operación.
La petrolera había pedido la apertura del concurso el 4 de febrero, argumentando que atraviesa un estado de cesación de pagos. En su presentación judicial detalló que busca extender los plazos para cancelar obligaciones financieras, que ascienden a unos 11,8 millones de dólares.
Oilstone es un actor relevante dentro del segmento convencional en Neuquén. La compañía posee 15 concesiones que abarcan aproximadamente 3.000 kilómetros cuadrados en la llamada Comarca Petrolera, una región histórica para la producción de hidrocarburos de la Cuenca Neuquina.
Sin embargo, ese núcleo productivo tradicional ha perdido protagonismo en los últimos años frente al crecimiento acelerado del desarrollo no convencional en Vaca Muerta.
En los últimos años, varias compañías del sector hidrocarburífero atravesaron dificultades financieras similares a las que enfrenta actualmente Oilstone Energía, en especial aquellas vinculadas a la explotación de yacimientos convencionales o a servicios asociados a la actividad petrolera.
Entre los casos más mencionados por analistas del sector aparecen Petrolera Aconcagua Energy, que inició un proceso de reestructuración de su deuda, la operadora President Petroleum, que llegó a solicitar su quiebra tras acumular fuertes compromisos financieros, y la empresa de servicios NRG Argentina, que debió recurrir a un concurso preventivo en medio de problemas operativos y caída de actividad.
El impacto del auge en el shale
En su presentación ante la Justicia, la empresa describió una serie de factores que afectaron su situación financiera y que reflejan las transformaciones estructurales del sector energético argentino.
Uno de los principales problemas señalados es la dificultad para acceder a infraestructura de transporte para evacuar la producción. La creciente actividad en Vaca Muerta —que concentra inversiones y volúmenes cada vez mayores— genera una fuerte competencia por la capacidad disponible en gasoductos y oleoductos.
A ese escenario se suma la presión sobre los precios del gas natural. La expansión de la producción no convencional incrementó la oferta en el mercado interno, lo que en determinados períodos derivó en una caída del precio del fluido y, en consecuencia, en menores ingresos para operadores más pequeños o concentrados en yacimientos maduros.
En paralelo, la empresa también atravesó un proceso de ajuste interno. Según detalló en su documentación judicial, el plantel de trabajadores se redujo de cerca de 300 empleados a 183 en los últimos años, en un intento por recortar costos y sostener la operación.
Para la firma, este conjunto de factores explica en buena medida el deterioro de su situación financiera.
La estrategia para eludir la crisis del petróleo convencional
Como parte de su propuesta para reordenar la compañía, Oilstone presentó un plan de reestructuración operativa y financiera que apunta a recuperar la viabilidad del negocio.
Uno de los ejes centrales es la reducción del gasto operativo. La empresa proyecta recortar cerca del 50% de su opex —es decir, los costos vinculados a la operación de sus áreas productivas— mediante una reorganización de las actividades en las 15 concesiones que administra.
El plan también contempla la posibilidad de devolver, transferir o abandonar aquellas áreas que hoy resultan económicamente inviables. Esta decisión forma parte de una estrategia de focalización en proyectos con mayor potencial productivo.
Al mismo tiempo, la compañía busca avanzar en negociaciones con el gobierno de Neuquén para extender algunas concesiones, pero con un esquema de regalías más reducido que permita mejorar la rentabilidad de las operaciones.
La hoja de ruta incluye además un cambio estratégico hacia el desarrollo no convencional. En ese sentido, la empresa delineó dos proyectos vinculados a Vaca Muerta.
El primero es un piloto de explotación shale en el área Aguada Baguales. Según los cálculos de la firma, ese desarrollo demandaría una inversión inicial cercana a los 45 millones de dólares y podría generar una tasa de retorno superior al 60%, con un período de recuperación de la inversión estimado en menos de dos años.
El segundo proyecto plantea un desarrollo integral de recursos no convencionales en los bloques Bajo Baguales, Neuquén del Medio y El Porvenir. Este plan implicaría una inversión cercana a los 47 millones de dólares y, de acuerdo con las proyecciones de la empresa, permitiría generar ingresos acumulados por más de 2.700 millones de dólares en el largo plazo.
Negociación pendiente entre la petrolera y el gobierno neuquino
Más allá de los planes de reestructuración, la empresa enfrenta un frente de negociación clave con la provincia de Neuquén, titular de las concesiones hidrocarburíferas.
Desde 2024, Oilstone mantiene conversaciones con el gobierno provincial para extender la mitad de sus áreas productivas. Sin embargo, el proceso quedó prácticamente paralizado mientras se define la situación judicial de la compañía.
Además, las autoridades provinciales establecieron condiciones que complican el escenario para la petrolera. Entre ellas figura la exigencia de presentar un plan detallado de abandono seguro de pozos e instalaciones, un requisito que forma parte de la política ambiental aplicada por la provincia.
Para las empresas del convencional, esta obligación implica un desafío financiero significativo. El cierre de pozos requiere inversiones destinadas a garantizar condiciones de seguridad ambiental, pero sin generar ingresos productivos.
Desde el gobierno neuquino señalan que ese requisito es innegociable. La administración provincial remarca que cualquier prórroga de concesiones debe contemplar garantías claras sobre la remediación ambiental y el cierre responsable de instalaciones.
