Tras diez años de demoras, la israelí Navitas formalizó el FID de la iniciativa petrolera más importante en la historia del archipiélago usurpado y puso en marcha un esquema financiero para iniciar la producción hacia 2028. El Gobierno advirtió que, sin autorización del país, la inversión es ilegal.
La semana pasada, la compañía Israelí Navitas Petroleum formalizó la decisión final de inversión para avanzar con el desarrollo de Sea Lion, un yacimiento de petróleo offshore ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas que permanece sin explotar desde su descubrimiento en 2010.
La confirmación del proyecto representa el paso más concreto dado hasta ahora para transformar ese hallazgo en una operación productiva, tras más de una década de postergaciones asociadas a cambios de operadores y dificultades para estructurar el financiamiento, y pese a las constantes quejas de la Argentina, que ante la novedad volvió a la carga con un contundente comunicado oficial, en el que desconoce la autorización del gobierno británico y advierte que, sin permiso argentino, todo avance en esta iniciativa es «ilegal».
En concreto, Navitas inormó la aprobación del FID a través de un reporte presentado ante la Bolsa de Tel Aviv, donde precisó que destinará 1.170 millones de dólares a la primera etapa del emprendimiento.
La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida “Decisión Final de Inversión” anunciada por las ilegítimas licenciatarias costa afuera de las Islas Malvinas, sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina»
Esa fase inicial forma parte de un plan de desarrollo más amplio que apunta a convertir a Sea Lion en el principal polo hidrocarburífero del archipiélago.
El yacimiento se localiza a unos 220 kilómetros al norte de las islas, en aguas del North Falkland Basin, y cuenta con recursos estimados en 819 millones de barriles de petróleo.
En esta primera etapa, el diseño del proyecto prevé la extracción de aproximadamente 170 millones de barriles, con un nivel de producción máxima cercano a los 50.000 barriles diarios, lo que lo ubica entre los desarrollos offshore de tamaño intermedio a nivel global.
Detalles del proyecto offshore en las islas Malvinas
La ingeniería del proyecto contempla el uso de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, cuya instalación está prevista para 2027.
Según el cronograma informado por la empresa, la conexión de los pozos submarinos y las líneas de transporte se completará en los próximos dos años, con el objetivo de iniciar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028.
El presupuesto total de la Fase 1 asciende a 1.800 millones de dólares. Navitas, en su carácter de operadora y accionista mayoritaria con el 65% del proyecto, asumirá la mayor parte del desembolso, mientras que el 35% restante corresponde a Rockhopper Exploration.
En su presentación ante el mercado, la compañía israelí detalló que tiene compromisos de financiamiento bancario por 650 millones de dólares, dentro de una estructura de deuda senior que podría ampliarse por encima de los 1.000 millones.
Para Rockhopper, el esquema financiero diseñado resulta clave para sostener su participación. La empresa británica estimó que su aporte neto de capital rondará los 112 millones de dólares, con el resto cubierto mediante instrumentos estructurados y flujos que se generarían una vez iniciada la producción.
La concreción del FID refuerza la viabilidad económica de una compañía cuyo valor de mercado depende en gran medida del avance de Sea Lion. Más allá del plano corporativo, el proyecto tendrá efectos significativos sobre la economía local de las Malvinas.
Evaluaciones técnicas difundidas en el ámbito del gobierno isleño indican que el desarrollo podría generar más de 10.000 millones de dólares de aporte al producto bruto interno a lo largo de su vida útil, además de ingresos fiscales acumulados estimados en torno a los 3.750 millones de dólares, en un territorio con una base productiva limitada.
Justamente el que está en una disputa histórica de soberanía por parte de Argentina, y sobre el que la administración británica avanza sin ninguna instancia de negociación abierta.
Las autoridades británicas de las islas administran el emprendimiento bajo un marco regulatorio propio, que habilita licencias de exploración y explotación con plazos extendidos.
Desde esa perspectiva, el desarrollo de Sea Lion se inscribe dentro de la normativa del archipiélago, reconocido internacionalmente como British Overseas Territory, lo que supuestamente otorga previsibilidad jurídica al esquema de inversiones planteado por Navitas y sus socios, pese al histórico reclamo argentino sobre las islas y las reiteradas protestas que, desde el inicio de esta iniciativa, presentó el país en distintos ámbitos internacionales y diplomáticos.
El ingreso de Navitas como operadora se produjo luego del retiro de Harbour Energy, que había liderado el proyecto durante varios años sin alcanzar la etapa de desarrollo.
La aceptación del traspaso por parte del gobierno isleño se apoyó en la evaluación de la capacidad técnica de la compañía israelí y en la experiencia de su equipo directivo en proyectos offshore que utilizan FPSO en distintas cuencas internacionales.
Fuerte rechazo de la Argentina
Ante este nuevo paso unilateral en dirección a la explotación del recurso en territorio argentino usurpado, el gobierno nacional emitió un comunicado con un fuerte rechazo a la autorización de su par británico a la petrolera israelí y su socia.
«La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida “Decisión Final de Inversión” anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí, para el desarrollo del yacimiento “Sea Lion” ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las Islas Malvinas, sin contar con los permisos de la autoridad competente argentina», indica el escrtio.
«La Argentina recuerda que toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización», agreta.
El comuniucado aclara que «dichos instrumentos reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido, e instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones a fin de alcanzar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia».
«El rechazo argentino se hace extensivo a todos los actos conexos vinculados al avance hacia la fase productiva del proyecto, incluyendo la adopción de pretendidas normativas isleñas, las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas»
