Las autoridades de la Terminal Cuenca del Plata iniciaron un cambio de software que generó un conflicto con trabajadores y transportistas. La terminal está virtualmente paralizada desde el jueves 2 de octubre.
El miércoles 1 de octubre, la principal terminal de contenedores del puerto de Montevideo anunció su cronograma de cambios hacia un nuevo software de gestión de las cargas. En la presentación se informaban modificaciones en los horarios de atención y ajustes mínimos para poder realizar distintas pruebas.
El hecho, sin embargo, disparó un conflicto que comenzó el jueves 2 y aún persiste, generando la virtual paralización del puerto durante ya cinco días. En ese marco, los transportistas privados denunciaron las pérdidas millonarias por la falta de actividad.
La terminal, que ya registraba problemas por la pérdida de trasbordos frente a puertos argentinos, sumó así una nueva complicación para su actividad.
La migración de un sistema a otro fue promocionada por la terminal como una baja de tiempos administrativos, y una mayor autonomía para que los propios transportistas pudieran hacer el seguimiento (autogestión) de los trámites.
Sin embargo, desde los gremios portuarios advirtieron sobre la posibilidad de despidos y cambios en el convenio colectivo que regula sus tareas, y lanzaron una medida de fuerza ante la falta de certezas de la empresa Katoen Natie, a cargo de Terminal Cuenca del Plata (TCP).
Transportistas privados aseguran que esto afectará la cadena logística, con un 70% del transporte totalmente paralizado, generando sobrecostos y agravando problemas de productividad ya presentes, tanto para el sector transportista como para todo el comercio exterior del país.
Hoy hubo incluso reuniones con autoridades gubernamentales para buscar una solución, pero todavía sin acuerdo.
Alertan por pérdidas millonarias
Mientras comienzan las operaciones de la temporada de cruceros, y las autoridades portuarias buscaban destrabar el conflicto suscitado en torno del transporte de pasajeros dentro de la terminal, estalló este nuevo problema.
Ahora se sumó el reclamo de los transportistas privados, que llevan casi una semana sin poder operar las importaciones y exportaciones del principal puerto del país, en un conflicto que todavía no tuvo puntos de encuentro entre trabajadores y TCP.
«No podemos más, cuatro días sin trabajar es mucho«, señaló Ignacio Asumendi, presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay. Según publicó Telemundo, el referente pidió «a las autoridades, al sindicato y a la empresa que se hagan cargo de esta situación y que haya una tregua, negocien, pero que abran las puertas”.
Desde la entidad señalaron que esto afectará la cadena logística, con un 70% del transporte totalmente paralizado, “generando sobrecostos y agravando problemas de productividad ya presentes, tanto para el sector transportista como para todo el comercio exterior del país”.
Los transportistas también denunciaron que la Administración Nacional de Puertos (ANP) “no se hace cargo de la situación ni se ocupa de aplicar los controles necesarios” en la principal terminal portuaria del país.
Por este motivo, reclaman “medidas concretas que aseguren la operativa”, ante las «pérdidas millonarias» que sufre el sector.
El conflicto que paralizó al Puerto de Montevideo
El mismo jueves 2, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) tomó la decisión de declararse en asamblea grave, urgente y permanente, al entrar en conflicto con la empresa por diferencias en torno a la implementación del nuevo sistema informático.
Desde el gremio reclamaron una mejora en las condiciones laborales (una rebaja de la carga horaria) así como el cumplimiento de diversos puntos del convenio colectivo que no eran respetados, y pidieron una mesa de diálogo con la principal terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.
Desde TCP, sin embargo, exigieron que se levantara la medida de fuerza antes de iniciar cualquier negociación. En distintos comunicados, la empresa (asociada a la Administración Nacional de Puertos) se limitó a informar que no podría recibir camiones de ingreso o salida a los buques, y ofreció públicamente un período de evaluación del impacto del nuevo sistema por dos meses (hasta diciembre), cuando vence el acuerdo del convenio colectivo.
