La etapa final del proceso de reprivatización de las centrales hidroeléctricas de Río Negro y Neuquén quedó formalizada con la firma de los acuerdos, que aportarán más de USD 700 millones a las arcas públicas. Las obligaciones previstas para los operadores.

El último lunes se firmaron los contratos de transferencia de acciones y concesión de las principales represas hidroeléctricas del Comahue, que implicará un refuerzo millonario para las arcas nacionales, en momentos en que los vencimientos de deuda de enero están a la vuelta de la esquina y el Gobierno busca divisas para afrontar los pagos

Se trata de un paso decisivo dentro del proceso de reprivatización de estos activos energéticos que comenzó en agosto. La medida alcanza a los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicados en Río Negro y Nequénm, cuya operación cambiará de manos tras la finalización del esquema licitatorio impulsado por el Ejecutivo.

Con la firma de los contratos, se inicia la etapa final de la privatización de las sociedades operadoras de los complejos del Comahue.

La rúbrica de los acuerdos se concretó el lunes 22 de diciembre y fue comunicada oficialmente por la Secretaría de Energía. Según lo informado, la transacción permitirá al Estado Nacional percibir ingresos superiores a los 700 millones de dólares.

“Este monto, surgido de las ofertas presentadas por las ocho empresas participantes, representa una valorización significativa de activos estratégicos del sistema energético”, destacaron desde la cartea nacional en un comunicado difundido ayer.

Del acto participaron autoridades nacionales y provinciales, entre ellas la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, y los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck. También estuvieron presentes representantes de las firmas que resultaron preadjudicatarias, quienes suscribieron los contratos correspondientes a cada concesión.

El procedimiento licitatorio se desarrolló bajo un esquema que, según el Gobierno, priorizó la transparencia administrativa y la previsibilidad normativa. El organismo remarcó que se establecieron “reglas claras y seguridad jurídica”, factores que permitieron una amplia concurrencia de oferentes y evidenciaron el interés del sector privado.

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El Estado firmó los contratos para la concesión de cuatro represas del Comahue.

Con la firma de los contratos, se inicia la etapa final de la privatización de las sociedades operadoras de los complejos del Comahue. Los nuevos concesionarios deberán ajustarse a los compromisos contractuales con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y el adecuado funcionamiento de las centrales.

Los adjudicatarios y sus compromisos en las represas

La preadjudicación de las centrales fue formalizada por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 2059/2025, que estableció la asignación del paquete accionario de cada unidad de negocio. La norma se dictó en el marco del proceso de privatización de activos pertenecientes a las empresas estatales ENARSA y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA).

De este modo, la central Piedra del Águila fue asignada a Central Puerto S.A., que presentó una oferta de 245 millones de dólares. El complejo El Chocón quedó en manos de un consorcio encabezado por BML Inversora S.A.U. y MSU Energy, con una propuesta económica de 235.671.294 dólares, según consta en la resolución.

Por su parte, las centrales Alicurá y Cerros Colorados fueron preadjudicadas al grupo integrado por Edison Inversiones S.A.U. y el Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos, con ofertas de 162.040.002 y 64.174.002 dólares, respectivamente. Asimismo, se rechazaron otras propuestas al considerar que constituían un “precio vil o no serio, de manera palmaria y manifiesta”, cerrando así el proceso que habilita la transferencia definitiva de las concesiones.

Por último, la Secretaría de Energía precisó que los adjudicatarios deberán “cumplir con los compromisos de inversión, mantenimiento y modernización establecidos, asegurando la continuidad y mejora del servicio hidroeléctrico”. La transición operativa hacia los nuevos operadores comenzará de manera inmediata, sin afectar el suministro eléctrico.

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