Secretario General de FEMPINRA

La derogación del decreto 870 es importante porque ese llamado a licitación realizado por el Poder Ejecutivo en 2018 daba lugar al funcionamiento de una sola terminal en el Puerto de Buenos Aires y estaba muy claro que, de ese modo, expulsaba mano de obra y además concentraba la actividad portuaria, generando lo que hoy en la jerga del comercio internacional se denomina “integración vertical”

Con la anulación de esa medida en el reciente decreto 299, que prepara las nuevas licitaciones, se garantiza que habrá al menos dos terminales operando en el puerto, y la cuestión toma indudablemente otro enfoque. Un enfoque que le va a dar un mayor margen de acción al Estado Nacional para equilibrar las tensiones que siempre se producen entre diversos intereses que confluyen en el área portuaria.

Desde un primer momento, la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina (FEMPINRA) sostuvo con un plan de lucha su reclamo en pos de la derogación del 870, y tuvo un rol gravitante para llegar a este desenlace.

Todo el mundo recibió con cierto alivio la derogación del decreto de 2018, porque nadie estaba convencido con el proyecto de una única terminal en el puerto de Buenos Aires, sólo aquellos que tenían algún interés muy mezquino.

No solamente hubo conflicto durante la gestión de Mauricio Macri; también en noviembre del 2022 y en el año anterior, con algunas limitaciones por la pandemia, la Federación hizo protestas que se centraron en poner atención sobre las políticas públicas para el sector y pedir que se descartara en forma clara y definitiva el proyecto de integración vertical para el puerto.

No era un problema entre las empresas y los sindicatos portuarios por paritarias, sino que se trataba de lograr un abordaje del tema desde un punto de vista totalmente distinto al que se estaba teniendo.

Anteriormente a eso, ante la firma del 870, hicimos intervenir al Ministerio de Trabajo y encaramos también una fluida negociación con la Administración General de Puertos. Así logramos crear un paraguas frente a cualquier situación que se avecinara, con una serie de actas acuerdo -refrendadas, en alguna medida, también por las terminales-, que garantizaban que no habría ningún despido hasta tanto pasaron dos años de las nuevas licitaciones de las actividades portuarias.

Puerto seco, transporte intermodal
El Puerto de Buenos Aires es el único de administración nacional en todo el país.

Ahora, desde ya, aspiramos a que esto siga en pie. Porque lo más importante aquí sigue siendo la garantía de los puestos de trabajo de quienes actualmente están operando en el Puerto Metropolitano.

En estos últimos días todo el mundo recibió con cierto alivio la derogación del decreto de 2018, porque nadie estaba convencido con el proyecto de una única terminal en el puerto de Buenos Aires; sólo aquellos que tenían algún interés muy mezquino, que están envueltos en la lógica de la integración vertical y que no son grupos nacionales.

Ahora se abre un nuevo capítulo. y obviamente tienen que seguir las negociaciones. Nosotros queremos que haya inversiones porque se debe mejorar la infraestructura portuaria para que esté a la altura del comercio del siglo XXI. Y sostenemos que hay que acompañar la modernización con los trabajadores adentro, y no con los trabajadores expulsados.

Peaje Santa Fe al norte: derecho soberano versus intereses paraguayos

Quisiera además referirme a una cuestión que también está en la agenda del sector en estos días: el nuevo peaje en la Hidrovía del Paraná, para el tramo de Santa Fe al Norte. Las voces que se alzan en contra no son voces nacionales. Se insiste permanentemente, por ejemplo, desde la delegación paraguaya.

Mi postura como Secretario General del Sindicato de Dragado y Balizamiento, que además expresa la posición de todos los gremios de la Federación, es que las obras de infraestructura de navegación interior en aguas nacionales tienen que ser pagadas por quienes utilizan las vías navegables.

Si hay mejoras; si hay balizamiento y seguridad a lo largo de la ruta, tienen que pagar. Y la Argentina no debe consultarlo con nadie, porque esa es una decisión soberana del Estado Nacional.

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