La ministra Patricia Bullrich sostiene que hay sectores que requieren “seguridad especial» por «su gran contribución al crecimiento del país». Pero el secretario general Marcelo Rucci dice que la medida busca “domesticar a los trabajadores”.
Marcelo Rucci, secretario general del sindicato de petroleros privados, expresó su rechazo hacia el reciente comando antibloqueos implementado por Patricia Bullrich para Vaca Muerta y calificó la medida como un intento de «domesticar a los trabajadores«.
La resolución 893/2024 del Ministerio de Seguridad que conduce la dirigente del PRO aliada al Gobierno, publicada en el Boletín Oficial el último viernes, oficializa la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva.
Este grupo especial tendrá como misión principal realizar tareas de prevención y control en áreas clave como Vaca Muerta y también el puerto y polo petrquímico de Bahía Blanca, las terminales San Lorenzo-Timbúes en Rosario, entre otras zonas industriales de intenso movimiento y claves para la producción.
El objetivo de este comando, según se explicó, es fortalecer la seguridad mediante la coordinación entre las fuerzas de seguridad federales y locales.
Aunque no se menciona explícitamente en la fundamentación de la medida, esta podría estar relacionada con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Pocos días después de la difusión oficial de la medida, Rucci manifestó su desacuerdo, afirmando: «Obviamente no estamos de acuerdo, es cuartar la posibilidad de reclamo legítimo, es querer domesticar a los trabajadores a través de las fuerzas».
Además, consideró que esta medida «no va a servir», ya que solo generará más conflictos. «Si se le tapa la boca al que quiere gritar, seguramente en un momento lo va a hacer», subrayó.
También señaló que este tipo de acciones impiden los reclamos legítimos que «muchas veces tienen los trabajadores en situaciones difíciles».
Y concluyó criticando duramente la medida: «Me parece que querer con el garrote manejar a los trabajadores es un despropósito«.
Qué dice la resolución de Patricia Bullrich
El Comando Unificado de Seguridad Productiva, que operará de manera permanente, estará bajo la coordinación general de la máxima autoridad del Ministerio de Seguridad o de un delegado designado. Esta figura tendrá control sobre las fuerzas policiales y de seguridad involucradas en las tareas de prevención y control.
A pesar de que este comando estará bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad de la Nación, se aclaró que trabajará en conjunto con las autoridades locales para gestionar los recursos de manera eficiente y responder rápidamente a situaciones que puedan comprometer la seguridad productiva del país.
Aunque no se menciona explícitamente en la fundamentación de la medida, esta podría estar relacionada con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), ya que desde su propuesta inicial se había planteado la necesidad de ofrecer «garantías» y prevenir conflictos en áreas estratégicas.
El documento sí menciona que ciertos sectores económicos requieren una «seguridad especial» debido a su gran contribución al crecimiento del país. Esto incluye industrias de alto volumen de producción, sectores clave conectados con servicios públicos, actividades que manejan materiales sensibles o productos de alto valor.
Vaca Muerta y otros sectores alcanzados
La medida también a apunta a los camioneros liderados por Hugo Moyano, que también utilizaron frecuentemente las manifestaciones como una herramienta para presionar a las empresas a aceptar aumentos salariales, forzar reencuadramientos sindicales o evitar despidos.
Estas tácticas generaron reacciones por parte de empresarios que han decidido llevar la disputa a los tribunales para contrarrestar estas prácticas.
Otro actor relevante en este contexto son los manifestantes que se identifican como mapuches, quienes suelen plantear reclamos territoriales basados en «derechos ancestrales«.
Por otro lado, la minería, uno de los sectores más dinámicos de la economía, también enfrenta desafíos relacionados con la estabilidad en la producción, la legislación, la carga impositiva y, especialmente, la seguridad frente a posibles protestas violentas que puedan afectar la actividad.
En este contexto, la resolución subraya la importancia de garantizar «la protección física de los individuos y los bienes de las empresas», reconociendo que esta es una demanda creciente entre la ciudadanía y una prioridad para las políticas públicas.
