Con la implementación de un marco legal actualizado, la provincia apunta a atraer inversiones y mejorar la competitividad regional.
Río Negro acaba de incorporar una normativa clave para la regulación de la actividad portuaria en su territorio con la sanción de una nueva Ley de Puertos, presentada en diciembre del año pasado. Esta legislación busca brindar previsibilidad a las inversiones y consolidar el papel estratégico de la provincia en el desarrollo económico del país.
De esta manera, el sistema portuario rionegrino se posiciona como un “pilar fundamental para distintas actividades productivas”.
Impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, la norma establece un marco legal moderno para la habilitación, administración y operación de puertos marítimos, fluviales y lacustres.
Un aspecto central de la ley es la creación de agencias portuarias autárquicas. Tendrán la responsabilidad de modernizar los servicios portuarios, otorgar habilitaciones y concesiones, establecer tarifas y ejecutar proyectos de inversión.
Desde la gobernación consideran que su implementación representa un avance significativo que ordena y fortalece la infraestructura portuaria “bajo criterios técnicos y competitivos”, facilitando así la atracción de capitales y la generación de empleo en la provincia.
La aprobación de esta ley forma parte de un paquete normativo que incluye el Régimen de Promoción Económica e Industrial.
Según destaca el Gobierno provincial, el sistema portuario rionegrino es un activo vital para la logística vinculada al comercio exterior, la industria hidrocarburífera, la pesca, el turismo y el transporte de cargas.
Autonomía de Río Negro
“El desarrollo portuario no puede depender de decisiones externas. Por eso Río Negro decidió tener una ley propia, con una mirada federal y estratégica”, señaló el Gobernador Weretilneck, quien enfatizó que esta nueva legislación permite “administrar mejor, planificar a largo plazo y atraer inversiones que generen empleo y valor agregado en nuestra provincia”.
Un aspecto central de la ley es la creación de agencias portuarias autárquicas con capacidad operativa y financiera. Estas entidades tendrán la responsabilidad de modernizar los servicios portuarios, otorgar habilitaciones y concesiones, establecer tarifas y ejecutar proyectos de inversión, todo ello bajo criterios técnicos que aseguren competitividad y eficiencia.

Además, la normativa promueve una mayor coordinación entre el sistema portuario y otras estructuras logísticas provinciales, como zonas francas, parques industriales y terminales de carga. Esta integración pretende fortalecer la cadena logística, facilitando la circulación de bienes y la consolidación de Río Negro como un nodo estratégico y multimodal.
Espacio para los privados
La ley también contempla la posibilidad de habilitar terminales portuarias privadas que presenten planes de obras, inversión y responsabilidad social.
Estas instalaciones podrán acceder a concesiones por hasta 50 años, con beneficios específicos para aquellas que compartan infraestructura o se integren a ecosistemas logísticos, fomentando así una gestión más eficiente y colaborativa.
En términos fiscales, las empresas que inviertan en infraestructura portuaria podrán acceder a incentivos provinciales, como exenciones o reducciones temporales de cánones y tarifas.
Asimismo, se crea un Fondo Portuario Provincial destinado a financiar obras, dragado y mantenimiento, que se nutrirá tanto de recursos propios como de aportes de las agencias portuarias.
Finalmente, desde el Gobierno de Río Negro destacaron que “la ley impulsa la radicación de inversiones en sectores estratégicos como la logística, la exportación y los servicios vinculados al comercio exterior”.
El sistema portuario, añadieron, adquiere un rol fundamental para la competitividad provincial, abarcando desde la salida marítima de productos por San Antonio Este hasta el desarrollo del turismo lacustre en la Región Andina.
En palabras oficiales, “con este nuevo marco normativo, Río Negro da un paso decisivo para consolidar su perfil exportador, generar condiciones para el crecimiento del sector energético y productivo, y proyectarse como un nodo logístico de referencia nacional y binacional”.