La determinación de la Justicia de Estados Unidos será apelada “inmediatamente”, anticiparon desde la Casa Rosada. Y los abogados que representan al país calificaron la decisión como “un fallo sin precedentes y erróneo”. Fuerte comunicado del gobernador y candidato Axel Kicillof.
El Gobierno nacional apelará «inmediatamente» el fallo emitido el viernes por la jueza neoyorquina Loretta Preska en una causa por la estatización de YPF, en el que determinó que la Argentina deberá pagar un resarcimiento cercano a los 16 mil millones de dólares al fondo Burford Capital por la expropiación y recuperación del Estado de la petrolera, concretada en 2012.
“El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska», sostuvo la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter), ni bien se conoció la sentencia.
«El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres», expresó la vocera.
Al igual que Cerruti, el estudio de abogados Sullivan & Cromwell, que representa a Argentina en la demanda de Burford Capital, manifestó «su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte de distrito» de Nueva York y ratificó «la intención de apelar la sentencia».
«La sentencia dictada en materia de daños y perjuicios refleja la incomprensión fundamental de la Corte de distrito respecto del derecho argentino»
Robert Giuffra, abogado que representa a la Argenina
Al respecto, el abogado Robert Giuffra, socio del estudio, aseguró que «la sentencia dictada en materia de daños y perjuicios refleja la incomprensión fundamental de la Corte de distrito respecto del derecho argentino aplicable y exacerba otros errores graves de derecho argentino que la corte ya cometió en instancias anteriores del caso».
«Este litigio, que versa sobre los derechos de ex accionistas de una sociedad argentina bajo los estatutos de esa sociedad argentina no debería tramitar en un tribunal de EE.UU., en particular cuando el derecho argentino vigente exige que este tipo de controversias sobre derecho argentino deben ser decididas por los tribunales argentinos», agregó Giuffra en una nota de prensa.
El abogado ratificó la decisión de apelar la sentencia «ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito» y señaló que «confiamos que corregirán los errores fundamentales de la corte de distrito».
Cómo se calcula la multa por la estatización de YPF
El 31 de marzo Preska había fallado en contra del país y eximido de responsabilidades a YPF, al haber determinado incumplimiento de contrato por parte del gobierno argentino, y sólo quedaba saber el monto de la sentencia de primera instancia, que la magistrada aún no había determinado.
Este viernes fue un poco más allá con el alcance del fallo y consideró que «el cálculo del profesor Fischel» (una de las fórmulas expuestas en el juicio) del precio pautado de la indemnización «es correcto y se basa en la relación precio/ingresos requerida por Fórmula D», sentenció, sin precisar montos.
Esto fue interpretado por especialistas en el juicio de que la Argentina debería pagar el máximo que se especulaba, estimado en alrededor de 16 mil millones.
«La Corte determina que la República ejerció control indirecto sobre la cantidad requerida de acciones de Repsol el 16 de abril de 2012, desencadenando así sus obligaciones» respecto de la orden de este fallo, concluyó Preska.
El tribunal neoyorquino también consideró que «el interés previo al juicio del 8% simple es apropiado y que debería correr a partir del 3 de mayo de 2023».
En consecuencia, Preska alentó a las partes a negociar entre ellas, obligándolas a adoptar un criterio «consistente con estas conclusiones de hecho y derecho».
Un fondo buitre, protagonista de la demanda contra Argentina
Burford Capital no tenía ningún vínculo con la expropiación de 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner realizó la recompra del 51% de las acciones de YPF.
En realidad, se trata de un fondo que recompró los derechos de litigio a otros acreedores, entre ellos el Grupo Petersen.
Fundado en 2009 por el ex vicepresidente y director jurídico de Time Warner, Christopher Bogart, el fondo Burford financió el reclamo desde el inicio del litigio, en 2015, y se convirtió en el más duro litigante contra el país.
En julio de este 2023, la República Argentina solicitó a la justicia de EEUU, a través del estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT, que el reconocimiento de daños en el juicio iniciado por dos fondos buitre por la expropiación de YPF no sea mayor a los 4.920 millones de dólares, según consta en un escrito presentado oportunamente en el tribunal de Nueva York.
Esa indemnización estaría determinada en función tanto de la fecha en que el Estado nacional obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, como de la tasa de interés que se fije por la demora en la actualización de la indemnización.
Dicho monto puede variar, según estimaciones, entre 4.920 y 16.000 millones de dólares.
En cuanto a la fecha en que la Argentina obtuvo el control de las acciones sujetas a expropiación y el interés a pagar previo al juicio, los dos fondos demandantes habían señalado que querían cobrar desde el 16 de abril de 2012, fecha en que se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF.
La contraparte, el Estado argentino, había argumentado que los daños económicos previo al juicio debían calcularse tomando como parámetro la fecha del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor la Ley 26.741 (que declaró la utilidad pública y la expropiación), ya que fue en ese momento cuando se comenzó a ejercer el derecho político y económico de las acciones.
En las conclusiones, la Argentina planteó que «el tribunal debe ejercer discreción para no otorgar intereses previos al fallo» y que «el tribunal no debe inflar aún más las enormes ganancias inesperadas de los demandantes con intereses previos al fallo».
«Los demandantes recibirán una ganancia inesperada bajo cualquier escenario, que el grupo Petersen se benefició durante años por el deterioro de YPF que condujo a la expropiación, y que cualquier otra indemnización por daños exacerbará los desafíos económicos actuales de Argentina» , argumentó la Argentina en esa oportunidad.
Comunicado de la Provincia de Buenos Aires
Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires que encabeza Axel Kicillof, ministro de Economía cuando en 2012 la Argentina reestatizó YPF y candidato para renovar su mandato actual en las elecciones del 22 de octubre, se emitió un comunicado que vincula la decicisión de la Justicia estadounidense con el momento político que transita la Argentina, y le adjudica una intencionalidad en ese sentido.
“¡Caramba! Qué casualidad. Otra vez, en plena campaña electoral, irrumpe un fallo disparatado a favor de los fondos buitre en un tribunal de Estados Unidos (cuna de fondos buitre). Esta historia ya la vivimos –y varias veces-”, comienza el escrito difundido por la gobernación, que también apunta a los contrincantes de la contienda electoral que se avecina.
“Tampoco extraña que los buitres nacionales salgan a carroñar. No falla nunca: siempre la oposición y sus medios de comunicación están del lado de los buitres del extranjero”, acusa el comunicado.
Y agrega: ” Lo triste es que la oposición que critica la recuperación de YPF, al mismo tiempo, coloca a Vaca Muerta como nuestra mayor esperanza. ¡Sean al menos un poco serios por una vez! ¡Vaca Muerta es una realidad justamente porque se recuperó YPF!”.
El comunicado, escrito con el tono que caracteriza mucha de las exposiciones públicas de Kicillof, pide tener presente “que se trata de un fallo de primera instancia, no de una sentencia firme”.
Y ratifica lo ya anticipado por el Presidente y los abogados que representan al país en el juicio. “El fallo se va a apelar y seguramente termine en la Corte Suprema, porque esta vez la violación de la soberanía argentina es tanto o más grave que la del anterior ataque buitre”, puntualiza.
A través del comunicado, el Gobernador explica los fundamentos que -desde la posición Argentina- sostienen la decisión soberana de estatizar la petrolera.
“Para simplificar: por nuestra Constitución Nacional, el Congreso puede declarar por ley que un bien es de utilidad pública y expropiarlo -explica el escrito-. En el caso de YPF, se votó por una inmensa mayoría. Después hay que pagar la indemnización. Así se hizo, y en este caso, el expropiado (REPSOL) aceptó esa indemnización y retiró todos sus reclamos judiciales”.
“Este juicio surge porque los fondos buitres pretenden poner al estatuto de YPF por encima de la ley y de la Constitución. El fallo es un absurdo jurídico: busca que se le pague a los fondos buitre lo mismo que se le pagó a REPSOL por las acciones expropiadas, cuando a ellos no se les expropió nada. Pero, sobre todo, es una inaceptable violación de la soberanía nacional, una burla al Congreso que aprobó la ley y a la Justicia argentina que se intenta suplantar por un tribunal de Nueva York”.
“YPF estaba siendo vaciada”
El comunicado del gobernador recuerda que “cuando se recuperó, YPF estaba siendo vaciada”.
“Caían la producción, la inversión y las reservas. Algunos seguramente recuerden el desabastecimiento de REPSOL para subir el precio y las colas en las estaciones de servicio. Vaca Muerta se había puesto en venta y no había ningún proyecto para ponerla en producción. Ayuda memoria: varios de los que la privatizaron son hoy parte de la oposición: la Fundación Mediterránea está con Bullrich; Roque Fernández y Carlos Rodríguez con Milei. Sí, ya aplicaron las mismas políticas que hoy quieren vender como milagrosas, y cuando se utilizaron fueron un desastre y un fracaso. Terminaron en la peor crisis del país: 2001”, sentencia.
“El potencial de YPF es infinito y su valor incalculable. Con YPF recuperamos 200 años de petróleo y gas para la Argentina. Otros ejemplos: solo el año pasado, la empresa tuvo una ganancia de U$S 5.000 millones; las exportaciones de petróleo a Chile alcanzarán los U$S 3.000 millones; el proyecto de Gas Natural Licuado, traerá una inversión de US$ 50.000 millones y se estima una exportación de U$S 18.000
millones por año”.
El rol de YPF en el desarrollo de Vaca Muerta
Desde la gobernación también difundieron datos que vinculan la decisión de expropiación directamente con el desarrollo de la producción en Vaca Muerta.
“Fue liderado por YPF -afirma-. Entre 2013 y 2017, el 90% del petróleo y el 80% del gas lo extrajo YPF. En la actualidad, Vaca Muerta representa más del 45% de la producción de petróleo y el 40% de la producción de gas en el país. No recuperar YPF para los intereses y la soberanía del país: eso sí hubiera
sido muy costoso”.
“La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de recuperar YPF y ponerla a funcionar para los intereses nacionales es uno de los hechos políticos más importantes de las últimas décadas. Marcó un antes y un después en materia de política energética”, sentencia sobre el final, para ya enmarcar el litigio judicial en el crucial proceso electoral que transita actualmente la Argentina.
“Finalmente, y dado el evidente tufillo electoral de este «fallo casual», es oportuno recordar que el partido de Patricia Bullrich, siendo ella diputada, fue la única fuerza política que se opuso a la recuperación de YPF. Por su parte, Javier Milei propone abiertamente su privatización”, concluye el escrito, que cita alguno de los slogans de campaña del actual gobernador .
“Frente a este intento de intervención extranjera en nuestra campaña y de cara a esta nueva agresión a los intereses nacionales, reafirmamos: ¡Ni atrás ni a la derecha! Con decisiones valientes como recuperar YPF para los argentinos,
avanzamos Derecho al futuro”.
