Al inicio de su gestión el gobierno nacional manifestó su intención de reducir los subsidios dirigidos al transporte urbano en base a 2 premisas: a) eliminar las asimetrías entre las tarifas del interior del país y las tarifas del AMBA; b) dirigir la asistencia directamente hacia los pasajeros.
Ello se lograría, en parte, con un ajuste en el nivel de las tarifas del servicio y mediante una modificación en el esquema de compensaciones. Si bien la direccionalidad de la política pareciera correcta, aún se observan dudas sobre su velocidad de implementación y respecto al diseño de política adecuado.
Es importante señalar que los subsidios al transporte existen en la mayoría de los países del mundo, sean estas economías avanzadas o en vías de desarrollo.
Su implementación no obedece estrictamente a un enfoque social, donde el acento se pone sobre la asequibilidad de las tarifas relativo al nivel de salarios de los usuarios, sino que se emplean también como mecanismo de disuasión frente al uso del automóvil particular.
Si bien se trata de un indicador bastante heterogéneo, podemos afirmar que la relación entre tarifas y costos del transporte se ubican, en promedio, próximo al 45%, lo que implica que el 55% restante corresponde a subsidios.
Será clave priorizar el uso de recursos para el financiamiento de inversiones y proyectos de infraestructura a nivel federal, como es la compra de unidades o el desarrollo de nuevos sistemas de transporte
Para el caso de Argentina, el esquema vigente de subsidios responde a una situación excepcional durante el año 2002, como consecuencia de la eclosión social y el fin de la convertibilidad. Un esquema ideado con fines transitorios, que se ha perpetuado en el tiempo, no sin modificaciones sustantivas a lo largo de los años.
Durante los años 2011-2015 los subsidios al transporte se ubicaron en torno al 0,8% – 1% del PIB, mientras que para el año 2019, sobre el final de la presidencia de Macri se habían reducido al 0,46%, valor similar al observado en 2023.
Los subsidios al transporte de pasajeros en todo el país
Asimismo, debe tenerse presente que el transporte suele ser un fenómeno de jurisdicción local. Es decir, el responsable administrativo por el servicio y el nivel de las tarifas es la autoridad municipal y/o provincial.
Por ello, que una megalópolis como la región metropolitana de Buenos Aires sea altamente dependiente de Nación es un hecho poco común, aunque responde al marco normativo vigente para el servicio de pasajeros interjurisdiccional.
Paradójicamente, pese a una corrección del 410% en el nivel de tarifas de los ferrocarriles y colectivos del AMBA durante los primeros meses del año, el paso más firme en términos de eliminación de subsidios fue la disolución del Fondo Compensador del Transporte del Interior, hecho que agravó la inequidad federal señalada por el propio gobierno al inicio de su mandato, mientras que la tarifa del AMBA permanece congelada desde febrero para el caso de los colectivos.
Según el relevamiento realizado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP – UBA, al mes de junio la tarifa promedio del interior es de $743,90 lo que, contrastado contra el boleto mínimo de $270 genera una de las brechas más pronunciadas desde el año 2002, sólo superada por los años de la pandemia y los últimos meses del gobierno anterior.
No debe perderse de vista que el sector transporte se encuentra en crisis desde hace varios años. Ello deriva en que el usuario medio perciba costos crecientes, pero una calidad de operación que se deteriora año tras año.
A la luz de los estallidos sociales ocurridos en la región, como fue el caso de Brasil en el año 2013 y Chile en 2019, no es un tema para subestimar. En términos estrictamente técnicos y prácticos, la discusión sobre la necesidad o no de contar con subsidios al transporte resulta inconducente.
Lo que se debe considerar hacia adelante
El esfuerzo público tiene que centrarse en cómo diseñar la mejor política posible. Por ello, es importante que el gobierno logre avanzar sobre los siguientes puntos:
Primero, fortalecer los mecanismos de subsidios dirigidos a la demanda, eliminando las compensaciones dirigidas a las empresas. Ello permitiría recuperar los incentivos comerciales a los operadores en función de los pasajeros transportados y focalizar la asistencia en quienes más lo precisan.
En segundo lugar, retirar paulatinamente al Estado Nacional de la gestión del transporte del AMBA, a través de una Agencia Metropolitana bajo la injerencia de Provincia de Buenos Aires y CABA, dotando de mayor relevancia en la toma de decisiones a los gobiernos locales;
Por último, será clave priorizar el uso de recursos para el financiamiento de inversiones y proyectos de infraestructura a nivel federal, como es la compra de unidades o el desarrollo de nuevos sistemas de transporte.
