Algunas empresas que operan o tienen proyectos en la provincia expresaron inquietud por la falta de definiciones en los tiempos administrativos. Las autoridades reconocen revisiones técnicas complejas que aún no tienen resolución definitiva.

En las últimas semanas empezó a crecer un problema en la minería de San Juan, a raíz de algunas demoras en la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Aunque reconocen la voluntad de diálogo del Gobierno nacional, desde el sector afirman que el ritmo lento del proceso genera incertidumbre en torno a la planificación de proyectos estratégicos.

En ese escenario, empresas como Minas Argentinas y McEwen Mining advirtieron que siguen a la espera de definiciones concretas sobre presentaciones realizadas meses atrás.

El ministro de Minería de San Juan confirmó que los proyectos están atravesando un proceso de revisión.

Según explicó el director ejecutivo de Minas Argentinas, Ricardo Martínez, el proyecto Gualcamayo «está en estudio por el comité evaluador luego de haber presentado un proyecto nuevo». En esa línea, aclaró que no se trata de una ampliación de vida útil de una mina existente, sino de la creación de una nueva explotación.

La propuesta original, presentada en noviembre, fue modificada tras recibir objeciones por incluir la explotación de onzas remanentes. Esa parte fue retirada para adaptarse mejor a los criterios de elegibilidad del régimen y la empresa está a la expectativa.

En el caso del proyecto Los Azules, orientado a la extracción de cobre, la postura de la empresa fue conciliadora. Voceros de McEwen Mining destacaron que la iniciativa fue presentada el 11 de febrero y que desde entonces mantienen una relación “fluida” con las autoridades nacionales.

“Recibimos pedidos de ampliación o de mayor detalle respecto al proyecto. El Comité RIGI evalúa la presentación de manera exhaustiva y hemos advertido interés en cada una de las consultas”, expresaron. Aunque reconocen la rigurosidad del proceso interministerial, la empresa subrayó que percibe una “buena predisposición del Gobierno Nacional”.

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Durante los últimos días, las propias empresas levantaron una bandera de alerta por potenciales cuellos de botella.

Unos días antes de que las empresas advirtieran la situación, el senador nacional Bruno Olivera señaló que el retraso no responde a una negativa deliberada, sino a aspectos procedimentales.

En tanto, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, confirmó que tanto Gualcamayo como otros proyectos están atravesando un proceso de revisión, con pedidos específicos de documentación adicional.

Detalló que el caso de Gualcamayo está más avanzado que otros, pero reconoció que existe un punto de fricción técnico: si la ampliación de vida útil de una mina puede considerarse como expansión de capacidad productiva. “Aunque no está explícitamente en la ley, es una interpretación razonable, y eso requiere validación técnica”, explicó.

Los proyectos mineros que esperan por el RIGI

Desde la implementación del RIGI en 2024, se reactivaron varios proyectos del sector energético. No obstante, la incorporación de iniciativas mineras avanza a un ritmo menor. Para mayo de 2025, de once proyectos presentados en total, solo tres habían sido aprobados, todos vinculados a energía.

En contraste, seis iniciativas mineras, que en conjunto representan inversiones por más de 5.000 millones de dólares, permanecen en etapa de evaluación sin plazos definidos. Entre los proyectos mineros en espera figuran desarrollos de litio, cobre y oro.

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San Juan tiene 5 de los 7 yacimientos de cobre más importantes del país.

Galan Litio, con Hombre Muerto Oeste, aspira a producir cloruro de litio con una inversión inicial de u$s 217 millones. En el mismo salar, Posco Argentina impulsa Sal de Oro, destinado a fabricar fosfato, hidróxido y carbonato de litio. También sobresale Ganfeng, que propone construir una planta de cloruro de litio en Salta con una inversión estimada en u$s 273 millones.

Estos proyectos buscan integrarse al RIGI para acceder a beneficios fiscales y de estabilidad jurídica.

En cobre, Los Azules se perfila como una de las iniciativas de mayor envergadura. Si bien la adhesión solicitada al régimen es por 227 millones de dólares, el desarrollo completo podría superar los u$s 2.700 millones y se prevé que su puesta en marcha tenga lugar en 2029.

En cuanto al oro, la reconfiguración del plan de Gualcamayo implicó una reducción de la inversión original de u$s 1.000 millones a u$s $485 millones para una mina subterránea, más u$s 75 millones para una planta de cales industriales y u$s 37 millones para un parque solar.

La necesidad de compatibilizar la letra del RIGI con la diversidad de proyectos mineros ha abierto un debate técnico que, hasta ahora, ralentiza el avance de las iniciativas. Para muchas de estas empresas, el tiempo se convierte en un factor crítico, tanto para asegurar financiamiento como para mantener cronogramas de desarrollo.

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