La iniciativa para nacionalizar el litio fue presentada por el diputado Juan Carlos Alderete, referente de la CCC, y cuenta con el respaldo de un sector del Frente de Todos.
La Mesa del Litio se planteó un objetivo claro: coordinar y gestionar los aspectos referidos a la investigación, producción, industrialización del litio a lo largo de toda su cadena de valor. Mientras se esperan por las definiciones que marcarán la forma en que se desarrollará esta industria clave en nuestro país en las próximas décadas, diputados del Frente de Todos presentaron oficialmente este martes un proyecto de ley para declarar al litio como recurso estratégico y avanzar en su nacionalización.
Encabezados por el dirigente de la Corriente, Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, un grupo de legisladores del oficialismo presentó la iniciativa que propone declarar «recurso estratégico» a las reservas naturales que contengan litio, que en su mayoría se encuentran en las provincias del norte, y cuya explotación y exploración es clave para el desarrollo del país.
Además de la firma de Alderete, la iniciativa es impulsada también por los diputados nacionales del oficialismo, Verónica Caliva, Sergio Palazzo, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Carolina Natalia Arricau, María Rosa Martínez, Leopoldo Moreau, Blanca Osuna, Natalia Souto y Claudia Beatriz Ormachea.
La iniciativa establece que todas las concesiones ya otorgadas sobre el litio estarán también alcanzadas por esta ley y deberán acogerse a sus disposiciones.
«Es imprescindible que tomemos en nuestras manos la defensa de nuestra soberanía, y protejamos los intereses nacionales referidos a este recurso natural estratégico y avancemos en medidas concretas que permitan la industrialización en origen con los debidos resguardos ambientales y de respeto a los pueblos originarios», sostuvo Alderete.
El proyecto busca declarar «a las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico para el desarrollo socio económico e industrial de la República Argentina» y declara «de interés público nacional la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y todos los actos relativos al litio y sus derivados».
Y establece que todas las «concesiones ya otorgadas sobre el mineral litio, constituidas a favor de empresas privadas con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley, están plenamente alcanzadas por la presente y deberán acogerse a sus disposiciones y normas que la reglamenten en el plazo de un año a partir de su promulgación».
También, fija que el Estado Nacional «tendrá la primera opción para adquirir el litio extraído en nuestro país. Para no ejercer su derecho de preferencia deberá mediar declinación expresa del Estado Nacional notificado al Estado titular del dominio del recurso en forma fehaciente».
Otro punto clave del proyecto es que el Gobierno «podrá limitar o prohibir» la importación o la exportación del litio y sus derivados cuando en casos de urgencia así lo aconsejen razones de interés público, debiendo dar cuenta de ello oportunamente al Congreso de la Nación.
La Mesa del Litio
A la par, la Mesa del Litio, integrada los gobiernos de Jujuy, Salta, Catamarca y el gobierno nacional a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación buscan materializar en una ley los desafíos que acordaron en febrero pasado: instrumentar cupos para asignar un porcentaje, de entre el 5 y el 20% de lo extraído para que sea industrializado dentro del país y elevar el techo del 3% de las regalías que cobran las provincias por la explotación de este vital recurso.
Las claves de la iniciativa pasan por establecer cupos de carbonato de litio para su industrialización local, siempre que se extienda la demanda y con prioridad de asignación para empresas estatales, nacionales o provinciales.
También abarca beneficios especiales para priorizar la ubicación en provincias productoras y adecuación del esquema recaudatorio al nivel de valor agregado a través de la modificación de regalías y derechos de exportación.
Los artículos más simples en términos jurídicos tienen que ver con el establecimiento de la cuota para que una parte del total de la producción total del carbonato de litio, producto de la extracción primaria de la cadena que en la actualidad se exporta en su totalidad sin agregado de valor, quede a disposición de proyectos de industrialización a un precio diferencial.
Podrían estar entre el 5 y el 20 por ciento en la medida que haya demanda por aumento de producción.
La modificación de las regalías mineras, en cambio, presenta mayores desafíos. Podría realizarse a través de una modificación del artículo que pone techo a las regalías provinciales en la Ley de inversiones mineras 24.196 del año 1993, aunque solo para el litio. Otro camino puede ser que directamente las provincias podrían aplicar disposiciones, tasas adiciones o modificar sus códigos impositivos.
El impacto de la explotación del litio en la economía todavía es difícil de dimensionar, en los últimos dos años, por ejemplo, el precio del mineral aumentó más de 400 por ciento.
