Mendoza, considerada como una de las que tiene mayor potencial minero, pero tiene leyes muy restrictivas, avanzó en una modernización. Los reparos del sector en torno de la empresa estatal.
La provincia de Mendoza aprobó el proyecto de modernización que apunta a construir licencia social sobre minería. Se trata de un nuevo Código Procesal Minero, impulsado desde el Ejecutivo provincial.
La Legislatura provincial se ha convertido en protagonista durante los últimos años en el desarrollo de la actividad en la provincia, que acumula varios avances y retrocesos.
Es que fue este poder el que primero aprobó una ley de protección de recursos hídricos, la renombrada 7.722, que desde el sector consideran una prohibición de la industria. También fueron los legisladores la que la modificaron, paso que tuvo que volver atrás por protestas en la capital mendocina.
Ahora, el cuerpo legislativo sancionó definitivamente la propuesta del ejecutivo provincial.
Esta vez, el gobierno de Mendoza no propuso derogar o flexibilizar la 7.722, sino que plantearon una norma que, según sus promotores, facilitará y profundizará los controles. Esto implica la creación de dos órganos que tendrán facultades y objetivos distintos, pero que trabajarán en la fiscalización de los proyectos en todas sus instancias.
Nueva estructura minera en Mendoza
El nuevo código procesal fue presentado como una modernización, debido a que muchos de sus artículos son cambios en la forma en la que se trabaja internamente. El último texto era de 1940 y en la propuesta de Cornejo avanzan con digitalización, domicilio electrónico y hasta abre la puerta a seguir incorporando tecnologías que surjan para, por ejemplo, la mensura de terrenos.
Pero, en paralelo a este trabajo de actualización de los trámites, la ley incluye la creación de dos órganos nuevos, que coparon las discusiones entre los actores sociales. Se trata de una Autoridad Minera, que dará forma a una Policía Minera nueva, y un Consejo Minero.
En el primer caso, es un reordenamiento de funciones, pero también un impulso al control. La Autoridad Minera será parte de la Dirección de Minería, cuya autoridad, un director, será el encargado de dictar resoluciones de derechos mineros. Pero también crea una Policía Minera nueva que tendrá libre acceso para fiscalizar todos los trabajos en todos los proyectos, sin importar si se encuentran en prospección, exploración o explotación.
Con su nuevo Código Minero, Mendoza le sumará más exigencias en materia de controles ambientales a los proyectos con su nueva Policía Minera y el trabajo del Consejo. Pero, confían las autoridades, estas intervenciones servirán para respaldar los proyectos y no dificultarlos.
El Consejo Minero, por su parte, es un órgano nuevo que funcionará como autoridad de segunda instancia. Esto quiere decir que tendrá un rol de veedor de aquello que decida la Autoridad Minera. Estará constituido por consejeros titulares y suplentes de distintas áreas: abogados, técnicos y representantes del sector empresarial.
El trabajo de los especialistas será ad honorem y tendrán además una tarea clave para el avance de la industria en la provincia: dialogar con las comunidades y construir licencia social. Esto será fundamental para el futuro de los proyectos, porque la conflictividad social de algunos sectores de la sociedad impidió, por ejemplo, la reforma de la 7.722 que logró la legislatura en 2019 por unanimidad.
Construir licencia social, una prioridad
Consensuar el aval social para nuevos proyectos será uno de los pasos más importante en la previa de inversiones. Incluso dentro del marco de la ley de protección de aguas, en la provincia cuyana podrían avanzar proyectos de cobre, por ejemplo, si estos no utilizan lixiviación con ácido y en cambio extraen por otros sistemas extractivos.
Hay en la actualidad exploraciones trabajando en el territorio y, si bien están todavía en etapas iniciales y faltan años para que alguno empiece a construir o producir, el sector empresarial pedía algún tipo de impulso. Pero esto no sucederá sin que haya apoyo de las comunidades y no solo por el valor que tiene la licencia para las empresas, sino porque en Mendoza todos los proyectos deben pasar por la legislatura.
Así, empezar una exploración debe antes tener el apoyo de diputados y senadores. Continuar a explotación también requerirá la mayoría de votos.
A esta exigencia política, con su nuevo Código Minero, Mendoza le sumará más exigencias en materia de controles ambientales con su nueva Policía Minera y el trabajo del Consejo. Pero, confían las autoridades, estas intervenciones servirán para respaldar los proyectos y no dificultarlos.
La opinión del sector privado
Durante las discusiones dentro de la Legislatura mendocina, los empresarios fueron también disertantes, pero fue a través de un comunicado donde sentaron posición. El Consejo Empresario Minero publicó un documento donde respaldaron la nueva iniciativa del oficialismo.
Uno de los argumentos citados es la antigüedad del actual marco normativo y aseguraron que es necesario modificarlo para “dar mayor transparencia, eficiencia y celeridad en los procesos involucrados”. Además, opinaron que el nuevo “debe servir para facilitar y no obstaculizar las inversiones de exploración y explotación”.
Hacia el final, la organización empresaria sí dejó ver una de las críticas que fueron deslizando algunas voces del sector privado en las últimas semanas: el rol de la empresa pública Impulsa Mendoza Sostenible SA.
Es que si bien la prioridad de empresarios y gobierno es reactivar la industria con el apoyo de la sociedad, el gobierno de Cornejo agregó un limitante para la posesión por tiempo indefinido de proyectos en la provincia. Según el oficialismo, es una forma de evitar “el negocio inmobiliario” de algunas empresas, que tienen durante años proyectos en exploración sin avance.
Para eso implementaron un sistema de concesiones en el que, pasado un tiempo, se pueden revocar si no hay avances. A esto también se le sumó la posibilidad de que la empresa minera provincia, Impulsa SA, pueda ingresar a estos proyectos en caso de que se caigan los derechos.
Sin criticar abiertamente esta decisión, desde el Consejo Empresario Minero remarcaron el rol privado. El último párrafo del comunicado de apoyo deja claro su postura: “Instamos además a que las normas complementarias de este Código de Procedimientos contribuyan a dotar a la actividad de transparencia e impulso inversor, con la activa participación del sector empresarial en una acción propositiva junto con el gobierno, ya que es el sector privado quien en definitiva tendrá que hacer las inversiones necesarias para lograr este largo anhelo de ampliar la base de producción de nuestra provincia”
