El fallo judicial obligaba a Vialidad Nacional a ejecutar obras en el tramo que atraviesa la provincia. El gobernador Alberto Weretilneck advirtió que insistirá en todos los ámbitos para que la sentencia se cumpla.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, manifestó su malestar tras la decisión del Gobierno Nacional de apelar el fallo judicial que obligaba a Vialidad Nacional a ejecutar obras de reparación y mantenimiento sobre la Ruta Nacional 151, una vía clave para la conexión productiva y energética del norte provincial.
Para el mandatario, esta actitud “demuestra una vez más la falta de compromiso con Río Negro”.
Weretilneck recordó que la Justicia Federal había reconocido el derecho colectivo a la seguridad vial, ordenando al Estado Nacional a presentar un plan de obras en un plazo de diez días y a iniciar los trabajos dentro de los tres meses siguientes. Sin embargo, la apelación vuelve a dilatar los plazos.
La apelación “extiende innecesariamente los plazos judiciales e impide el inicio de las obras que la Justicia ordenó”, se quejó el gobernador Alberto Weretilneck.
“En lugar de asumir su responsabilidad, que quedó acreditada en la causa judicial y cumplir con la sentencia, deciden estirar el proceso innecesariamente, mientras miles de usuarios siguen poniendo en riesgo su vida todos los días por el estado calamitoso de la ruta”, cuestionó el gobernador.
La causa judicial que originó este conflicto fue impulsada por vecinos, municipios y autoridades provinciales ante el grave deterioro del tramo que une Cipolletti con Catriel, considerado vital para el desarrollo económico de la región.
En Río Negro sostienen que los baches, hundimientos y la falta de señalización han generado numerosos accidentes de tránsito y víctimas fatales, convirtiendo a la Ruta 151 en un símbolo del abandono de la infraestructura vial nacional.
Río Negro pide “respuesta inmediata”
Weretilneck aseguró que la apelación “extiende innecesariamente los plazos judiciales e impide el inicio de las obras que la Justicia ordenó”.
En su reclamo, sostuvo: “Vuelven a desconocer los argumentos presentados y documentados. En lugar de cumplir con la sentencia y presentar un plan de reparación para la Ruta 151, lo que están haciendo es patear el problema para adelante y mostrar que no les importa Río Negro”.
Aunque el Gobierno Nacional había informado a la Justicia que existía un contrato de “conservación mejorativa entre el empalme con la Ruta 22 y Colonia Catriel”, con apenas un 10% de avance, y otros proyectos sin fecha definida —como la reconstrucción del tramo entre el Dique Ballester y el límite con La Pampa—, el fallo del Juzgado Federal de General Roca, a cargo del juez Hugo Greca, fue contundente al reconocer el reclamo colectivo presentado por la provincia, los intendentes y cámaras empresarias.
“La 151 es una ruta para el desarrollo del norte provincial y su estado merece una respuesta inmediata. Tiene un enorme grado de abandono, reconocido en la propia causa judicial por el mismo Estado y por Vialidad Nacional”, remarcó Weretilneck.
Cruces en plena campaña electoral
El conflicto se trasladó incluso al terreno político: la discusión por las obras se metió de lleno en la campaña electoral para diputados y senadores nacionales. En los carteles de los candidatos rionegrinos se repite un mensaje: “Para Buenos Aires sólo es una ruta más por abandonar”.
En esa misma línea, el gobernador insistió: “Poco le importa al centralismo porteño este reclamo conjunto con los Intendentes, y parece que mucho menos le importan las vidas que todos los días se ponen en juego cuando alguien transita esa ruta”.
Finalmente, Weretilneck reafirmó que Río Negro continuará presionando por la ejecución de las obras y el cumplimiento del fallo judicial.
“Vamos a agotar todas las instancias para que se respete el fallo y se priorice la seguridad de quienes transitan la Ruta 151. Río Negro merece respeto y un trato federal, no el abandono sistemático que sufrimos desde hace años”, concluyó.
La Ruta 151 vuelve así al centro de la escena política y judicial, reflejando tanto el deterioro de la infraestructura nacional como la tensión entre el gobierno provincial y la administración central por la falta de inversión en las rutas patagónicas.
