La designación del empresario mendocino Luis Pierrini, de 56 años, como nuevo secretario de Transporte de la Nación abre una nueva etapa en la gestión de una cartera sensible, con fuertes transformaciones para el sector en la agenda del gobierno.
El Gobierno nacional oficializó hoy la renuncia de Franco Mogetta como Secretario de Transporte de la Nación y la designación de Luis Pierrini como su reemplazante.
Lo hizo a través del Decreto 321/2025, publicado en el Boletín Oficial, en el cual, en su artículo primero indica: “Acéptase, a partir del 9 de mayo de 2025, la renuncia presentada por el doctor Franco Hernán Mogetta Prevedello, al cargo de Secretario de Transporte del Ministerio de Economía”.
El Artículo 2° señala: “Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de su cargo”.
Finalmente, el Artículo 3° dice: “Desígnase, a partir del 10 de mayo de 2025, al señor Luis Octavio Pierrini en el cargo de Secretario de Transporte del Ministerio de Economía”.
Su arribo marca una nueva fase en la conducción de uno de los sectores más sensibles del aparato estatal, en medio de tensiones gremiales, ajustes presupuestarios y una ola privatizadora que buscarán concretar.
Pierrini es una figura influyente en el mundo de los negocios mendocinos, especialmente en el sector asegurador, donde tiene una trayectoria consolidada. Desde 2004, preside Triunfo Seguros, una empresa con sede en Mendoza fundada por su padre en 1967 y con fuerte presencia en el segmento de seguros para motos.
La compañía opera bajo un modelo cooperativo y cuenta con más de 650 empleados directos y más de 3.000 productores asesores en todo el país. Los hermanos de Pierrini también integran el directorio, lo que le confiere a la firma un perfil marcadamente familiar.
Su llegada se produce en plena emergencia ferroviaria, decretada tras el accidente de tren en Palermo, lo que implica gestionar fondos extraordinarios para mejorar la infraestructura, al mismo tiempo que se evalúa el avance de privatizaciones en áreas estratégicas como Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas y Corredores Viales.
Además de liderar Triunfo, Pierrini ha construido una red empresarial diversificada: es parte de Reaseguradores Argentinos S.A., integra el directorio de Finaloss S.A., firma especializada en fideicomisos orientados a captar inversiones institucionales del sector asegurador, y fue miembro activo durante casi dos décadas de la Asociación Argentina de Cooperativas y Mutuales de Seguros (AACMS).
También fue director de la Bolsa de Comercio de Mendoza y del Consejo Empresario Mendocino, extendiendo su influencia más allá del mercado asegurador hacia el ámbito corporativo provincial.
Primer paso en la gestión pública, en un área bajo presión
La Secretaría de Transporte será el primer cargo de gestión pública de Luis Pierrini. Asume en un contexto particularmente complejo: deberá conducir una estructura estatal que regula y administra servicios esenciales como trenes, aviones, rutas y colectivos, todos bajo presión fiscal, sindical y operativa.
Su llegada se produce en plena emergencia ferroviaria, decretada tras el accidente de tren en Palermo, lo que implica gestionar fondos extraordinarios para mejorar la infraestructura, al mismo tiempo que se evalúa el avance de privatizaciones en áreas estratégicas como Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas y Corredores Viales.
Pierrini será uno de los responsables de articular ese proceso, si finalmente avanza, bajo la mirada del Ministerio de Economía y la influencia del Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger.
Además, deberá manejar el conflicto paritario con la UTA y dar continuidad —o reformular— la política de reducción y reasignación de subsidios iniciada por su antecesor, Franco Mogetta, en línea con el programa del ministro Luis Caputo.
Su designación, según se interpreta en distintos círculos del empresariado y la política, responde a la confianza y valoración de su trayectoria en el sector privado por parte de los funcionarios del gobierno nacional.
Nueva etapa en un área clave
El arribo de Luis Pierrini a Transporte representa un cambio de perfil y de prioridades. De un funcionario técnico como Mogetta, se pasa a un empresario con experiencia en el sector privado.
Su primer desafío será demostrar capacidad de gestión en una cartera de alto voltaje político y social, donde las medidas no solo tienen costos fiscales, sino también impacto directo en la vida cotidiana de millones de personas.
Entre subsidios en revisión, paros y una posible ola de privatizaciones, Pierrini adaptarse a un terreno complejo, técnico y profundamente político.
Los desafíos urgentes del nuevo secretario Luis Pierrini
En un contexto de alta tensión gremial, fuerte presión fiscal y transformaciones estructurales en el sistema de subsidios, el recambio en la Secretaría de Transporte de la Nación abre una nueva etapa en un área clave para la gobernabilidad y la vida cotidiana de millones de argentinos.
La urgencia del contexto no da margen para una transición tranquila. El lunes siguiente a su nombramiento, Pierrini debió lidiar con una audiencia crucial entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales del transporte, convocada por la Secretaría de Trabajo.
La reunión buscó destrabar sin éxito, una discusión paritaria que derivó en un paro nacional de 24 horas el martes 6 de mayo.
El rediseño de subsidios vino acompañado de un aumento tarifario que permitió elevar la participación del boleto en la estructura de costos del sistema: se pasó de una relación tarifa/subsidio de 8%-92% a 25%-75%.
Este conflicto no es meramente salarial. La disputa gira en torno a un tema estructural que atraviesa toda la política de transporte desde hace años: la asignación, distribución y reducción de subsidios, un recurso vital para el sostenimiento del sistema.
Durante la gestión de Mogetta, el Ministerio de Economía impuso una línea dura que limitó el margen de maniobra de Transporte a la hora de acompañar las negociaciones paritarias. El nuevo secretario llega con este conflicto en plena ebullición y con expectativas gremiales y empresarias aún sin respuestas claras.
¿Qué pasará con la política de subsidios del transporte?
El transporte público de pasajeros, en especial el sistema de colectivos, sigue fuertemente dependiente de los subsidios del Estado nacional. Actualmente, el Gobierno destina alrededor de $87.000 millones mensuales para cubrir parte del costo operativo de las líneas de jurisdicción nacional.
Sin embargo, esta cifra ha crecido muy por debajo del ritmo inflacionario, lo que representa un recorte real en términos al sector.
Informes de entidades especializadas como la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA) y el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet) señalan que hay una decisión de «licuación» del gasto en subsidios.
Según estas estimaciones, entre octubre de 2024 y junio de 2025, el incremento nominal en subsidios sería del 11%, frente a una inflación esperada del 21% para el mismo período. En términos reales, esto representa un ajuste que ya está impactando en la prestación del servicio y en las relaciones laborales del sector.
Rediseño tarifario y traspaso de competencias
Uno de los ejes de la gestión de Mogetta fue avanzar en una reconfiguración del esquema de responsabilidades entre Nación y las jurisdicciones locales. En ese marco, se concretó el traspaso de 31 líneas de colectivos a la Ciudad de Buenos Aires, que dejó de recibir subsidios nacionales.
Lo mismo ocurrió con líneas municipales de la provincia de Buenos Aires, en un intento por delimitar el rol del Estado nacional exclusivamente a su competencia directa.
Este rediseño vino acompañado de un aumento tarifario que, aunque insuficiente frente a la inflación, permitió elevar la participación del boleto en la estructura de costos del sistema: se pasó de una relación tarifa/subsidio de 8%-92% a 25%-75%. Aun así, la carga fiscal sigue siendo considerable y representa una fuente constante de tensión en el marco del programa de ajuste fiscal del gobierno.
La racionalización de los subsidios no solo tuvo efectos presupuestarios. También implicó una reducción del parque móvil en 1.637 unidades y la eliminación de prácticas distorsivas, como la circulación artificial de colectivos para cobrar gasoil subsidiado. Sin embargo, estas medidas de eficiencia se enfrentan al límite del deterioro del servicio.
El costo técnico por pasajero en el AMBA ronda los $1.339, pero el Estado solo reconoce $1.019, una diferencia que tensiona las finanzas de las empresas. En muchas localidades del interior, la situación es aún más grave, con coberturas tarifarias del 30% y una capacidad de presión política y financiera muy inferior a la del AMBA.
En el caso del sistema ferroviario, la cobertura tarifaria apenas alcanza el 5%, y corre riesgo de seguir cayendo si no se actualizan tarifas congeladas.
En un escenario complejo, la política de subsidios será uno de los ejes de la gestión de Pierrini, que también dejará huellas en temas de alto impacto como la red ferroviaria, las concesiones viales y la política aeronáutica, donde la posible reprivatización de Aerolíneas Argentinas vuelve a estar en escena.
