En un paso crucial para la administración nacional y su visión de reducir el gasto público y fomentar la inversión privada en infraestructura, se concretó la apertura de los sobres con las ofertas económicas correspondientes a la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC) Viales.
Este evento marca un hito en el proceso de privatización y concesión de más de 700 kilómetros de rutas nacionales considerados estratégicos para el comercio regional, en lo que se ha denominado popularmente como la «Ruta del Mercosur».
Los tramos en licitación son vitales para la conectividad y el flujo de exportaciones, atravesando las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Incluyen segmentos claves de las Rutas Nacionales 12 y 14, el emblemático Puente Rosario-Victoria, y varios pasos fronterizos con Uruguay y Brasil.
El principal motor de este nuevo esquema de concesión es la eliminación total de los subsidios estatales. Según el Gobierno, el modelo anterior era deficitario y no garantizaba la inversión necesaria para el mantenimiento y la mejora de la red vial.
El nuevo contrato, que se regirá por la Ley de Concesión de Obra Pública N° 17.520 (modificada por la Ley N° 27.742, conocida como ‘Ley Bases’), tiene un plazo de duración de 20 años y busca que la gestión, operación, mantenimiento y las futuras obras de ampliación se financien exclusivamente a través del cobro de peajes y explotaciones complementarias.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el evento en sus redes sociales, enfatizando que las propuestas recibidas se presentaron con un precio por debajo del tope fijado en el pliego de licitación. Para el funcionario, este dato es un «garantía de la eficiencia y transparencia» del proceso, y una prueba de que es posible gestionar infraestructura de calidad «sin subsidios y con inversión privada».
Las ofertas y el financiamiento
La etapa previa de recepción de ofertas técnicas, que tuvo lugar a principios de octubre, había convocado el interés de siete empresas y consorcios en una licitación de carácter nacional e internacional. El martes 4 de noviembre fue el momento de conocer los números.
El principal motor de este nuevo esquema de concesión es la eliminación total de los subsidios estatales. Según el Gobierno, el modelo anterior era deficitario y no garantizaba la inversión necesaria para el mantenimiento y la mejora de la red vial.
La Etapa I se dividió en dos segmentos principales:
- Tramo Oriental: Concentra la mayor parte del recorrido sobre las Rutas Nacionales 12 y 14.
- Tramo Conexión: Incluye tramos viales específicos y el Puente Rosario-Victoria.
La empresa Autovía Construcciones y Servicios (ACS) –del grupo mendocino Cartellone– se adjudicó la concesión del tramo Oriental, con una oferta de tarifa tope de peaje para autos de $3563 en cada una de las cuatro cabinas existentes entre Paso de los Libres y Campana.
En tanto, la UTE de constructoras santafesinas Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni resultó ganadora del tramo Conexión, con una oferta de peaje tope de $3385 para autos en la única estación existente en la traza.
La competencia en la presentación de precios, que resultaron ser inferiores a los máximos estipulados en los pliegos (por ejemplo, el peaje máximo para el Puente Rosario-Victoria se había fijado en $4.058, y el del Tramo Oriental en $4.292 por estación), es un indicador de la agresividad de las propuestas en un contexto de desregulación y de fuerte incentivo a la eficiencia.
Un aspecto central y a menudo poco publicitado del proceso es el esquema de financiamiento ofrecido por el Estado. El Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), una entidad alineada al Ministerio de Economía, puso a disposición de las futuras adjudicatarias una herramienta crediticia optativa.
El BICE ofreció financiamiento por hasta $56.000 millones de pesos o el 70% del monto contractual, bajo un esquema de tasa de interés ajustada por UVA más dos por ciento, con plazos de hasta 6 años para el repago y un año de gracia.
Este apoyo financiero estatal, en la forma de crédito, se presenta como un facilitador clave para asegurar la participación de empresas y la viabilidad económica de las obras a encarar.
Antecedentes y Marco Legal: El camino hacia la privatización total
El camino hacia esta licitación se inició formalmente con el Decreto N° 28/2025, publicado en el Boletín Oficial el 15 de enero de 2025. Este decreto otorgó al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, amplias facultades para reformular, convocar y adjudicar la concesión de los tramos viales, en un esquema que apunta a la privatización total de la gestión.
La concepción de la Red Federal de Concesiones (RFC) es un plan mucho más amplio que la Etapa I. El programa se estructura en tres etapas que, en total, buscan licitar cerca de 9.155 kilómetros de rutas, lo que representa aproximadamente el 20% de la red vial nacional, pero concentra un abrumador 80% del tránsito.
Mientras que la Etapa I se encuentra en la fase de adjudicación, los pliegos preliminares para las Etapas II y III (que comprenden los restantes 8.384 km) ya están disponibles. El objetivo de máxima del Gobierno es tener privatizados antes de fin de año los primeros 750 kilómetros, a pesar de las habituales prórrogas que suelen sufrir los procesos licitatorios de esta magnitud.
En la etapa pre-licitatoria, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mediante la Resolución 104/2025, convocó a Audiencias Públicas para informar y debatir el proyecto con la población y las organizaciones de las provincias involucradas.
Este paso formal fue necesario para avanzar con la convocatoria a Licitación Pública Nacional e Internacional (N° 504-0007-LPU25) mediante la plataforma electrónica Contrat.ar, y con la obligatoriedad de difusión en portales internacionales como dgMarket para garantizar la máxima competencia y transparencia.
