Respresentantes de Flybondi y JetSmart, junto a Andes y American Jet, estuvieron con los senadores para pedirles que los acompañen en un reclamo que hacen sin éxito desde hace años. De qué se trata.
Las low cost JetSmart y Flybondi, junto con las aerolíneas Andes y American Jet, también privadas, fueron de visita al Congreso poara expresar ante senadores nacionales un pedido que vienen haciendo hace años, hasta ahora sin éxito: que se les conceda un beneficio fiscal al que actualmente solo accede Aerolíneas Argentinas.
De acuerdo a las cuatro empresas, esta solicitud busca corregir una situación que desde hace más de una década genera asimetrías impositivas entre los actores del sector aéreo, afectando la competitividad de las compañías privadas frente a la estatal.
La posibilidad de aplicar ese saldo acumulado permitiría reducir costos, invertir en nuevas rutas y mejorar su estructura financiera
En concreto, lo que pidieron es que los senadores los acompañen su pedido para que les permitan utilizar el saldo técnico del IVA retenido como crédito fiscal para el pago de otros tributos.
Reunidos con los legisladores, explicaron que las cuatro aerolíneas abonan el 21% de IVA en sus compras y sólo pueden trasladar un 10,5% en sus ventas, porque el Estado les retiene la diferencia sin posibilidad de compensarla con otros impuestos. Aerolíneas Argentinas, en cambio, está habilitada a aplicar ese mismo crédito fiscal para cancelar otras obligaciones fiscales.
Este tratamiento diferencial, regulado por el artículo 90 de la Ley de Presupuesto 27.431 y por resoluciones generales como la 4019/2017 y la 4761/2020, ha sido denunciado como discriminatorio por las compañías privadas, que aseguran estar en condiciones de aportar al desarrollo del mercado aerocomercial nacional si se les garantiza un régimen impositivo equitativo.
La posibilidad de aplicar ese saldo acumulado permitiría reducir costos, invertir en nuevas rutas y mejorar su estructura financiera. Durante una presentación en el Senado encabezada por la senadora Mariana Juri, ex ministra de turismo de Mendoza, representantes de las cuatro compañías expusieron el impacto negativo que tiene esta restricción fiscal.
La situación es decisiva en empresas que, como Andes, atravesaron situaciones críticas durante la pandemia sin acceso a esos fondos retenidos. El caso de Avianca Argentina, que también sufrió consecuencias similares, refuerza la preocupación sobre cómo esta normativa afecta la sustentabilidad del sector privado.
Además del reclamo principal, las aerolíneas advirtieron que modificar el porcentaje de IVA en compras o ventas no es viable. Una baja en el IVA en compras distorsionaría la relación con proveedores, mientras que elevar el IVA en ventas al 21% encarecería los pasajes, afectando directamente al consumidor.
Por ello, la solución más razonable, sostienen, es autorizar el uso del saldo técnico como mecanismo de compensación fiscal, tal como lo hace Aerolíneas Argentinas.
El pedido ocurre en un contexto de desregulación del mercado aéreo y de crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros, tanto en rutas de cabotaje como internacionales.
Las low cost ganan terreno
En marzo de 2025 se registraron cifras récord, con más de 1,5 millón de pasajeros en vuelos internos y 1,4 millón en servicios internacionales, consolidando la recuperación del sector. Las low cost, en particular, están ganando terreno: JetSmart incrementó su participación de mercado del 11% al 19% en un año, mientras Flybondi creció del 20% al 21%.
En contraste, se da una progresiva pérdida de participación de Aerolíneas Argentinas, que pasó del 68% al 60% del mercado doméstico en un año.
Las compañías privadas afirman que igualar el trato fiscal no implicará una pérdida para el Estado, ya que el crecimiento del mercado compensará la eventual disminución de ingresos por IVA retenido, gracias al aumento en la recaudación general.
Sin embargo -y más allá de la visita conjunta- en el Senado también surgieron aspectos que dividen a las propias aerolíneas privadas, con planteos sobre la necesidad de revisar la situación fiscal de compañías radicadas en el exterior o incluso en paraísos fiscales. Incluso, se citó el caso de Flybondi, con estructuras legales en Delaware y el Reino Unido, como un punto que podría generar nuevas desigualdades si no se aplican criterios homogéneos a todas las empresas que operan en el país.
El debate combina aspectos técnicos con decisiones políticas tomadas en las últimas décadas que, según los operadores, han desvirtuado principios básicos de equidad fiscal. El decreto 1012 de 2006 habilitaba originalmente el uso del saldo técnico, pero nunca se implementó por completo. Ahora la pelota la tiene el Senado y se espera una respuesta.
