El dictamen de Comisión aprobado por los senadores sube el tope de las regalías, les da a las provincias la chance de no adherir al RIGI y pide priorizar proveedores y empleo local. La advertencia de la CAEM.
El sector minero expresó su preocupación ante los cambios de última hora en la Ley Bases que el Gobierno concedió en las negociaciones en busca de la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación.
Específicamente, miran de cerca la letra chica vinculada a las regalías mineras, y las modificaciones al RIGI, que otorgan autonomía a las provincias para decidir si adhieren o no a este régimen. Además, los inversores deberán presentar un plan de desarrollo de proveedores locales y una estimación del empleo local que contratarán.
Estas modificaciones buscan beneficiar a las pymes regionales, además de hacer lugar a algunas demandas de la Unión Industrial Argentina relacionadas con la importación de maquinaria e insumos.
Los cambios establecen que los inversores deberán presentar un plan de desarrollo de proveedores locales y una estimación del empleo local que contratarán.
Sin embargo, lo que más preocupa al sector minero es el aumento de las regalías mineras, que pasarían del 3 al 5%.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) rechazó esta suba prevista en el dictamen de la Ley de Bases, advirtiendo que mantener esa modificación «complicaría el escenario para competir por inversiones y afectaría negativamente la confianza de los inversores en el país«.
Desde la CAEM alertaron que un «aumento en el porcentaje de las regalías es un contrasentido y supone un retroceso en el camino recorrido hasta ahora para crear condiciones de mayor competitividad para el país».
Los cambios están sujetos al debate en el recinto el próximo miércoles 12 de junio, y las mineras, que siguen muy de cerca el tema, lo esperan con preocupación.
Las negociaciones por las regalías
Desde el sector minero señalan al senador santacruceño José María Carambia, quien anunció a través de una nota que presentaría un dictamen propio si no se aceptaba su petición de aumentar del 3% al 15% las regalías provinciales máximas en boca de mina del mineral extraído.
Ante la urgencia de conseguir un dictamen, el nuevo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció que el tope del 15% era excesivo. Sin embargo, en busca del apoyo del senador patagónico, aliado del gobernador y dirigente gremial petrolero, Claudio Vidal, el Gobierno terminó cediendo en parte.
Finalmente, a último momento, se admitió modificar la ley minera para establecer que las provincias no podrán cobrar un porcentaje superior al 5%.
Cambios en el RIGI
Según el dictamen de Comisión aprobado por los senadores, se ha añadido a los objetivos del régimen “fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión comprendidos por el RIGI”, que todavía garantiza 30 años de estabilidad fiscal y cambiaria.
Esto busca asegurar que, en caso de que una empresa extranjera implemente un programa de inversiones en Argentina, evite importar maquinaria, equipos y bienes si hay oferta local competitiva.
Las empresas que deseen proponer un proyecto de inversión bajo el nuevo régimen deberán presentar a la autoridad competente un estudio técnico que determine que su actividad “no distorsionará el mercado local”.
Además, el grupo o empresa beneficiada deberá presentar una estimación de los puestos de empleos directos e indirectos con integración local y un plan de desarrollo de proveedores locales.
Entre la Ley Bases y la presión impositiva
En la CAEM circula un estudio que revela que la Argentina tiene una presión impositiva total sobre la minería del 50,8%, una de las más altas del mundo.
Comparativamente, en Chile, líder regional en la producción de metales, es del 38,5%. Siempre según el estudio, en Perú alcanza el 44,3%; Zambia, 41%; Australia, 36,1%; Estados Unidos (Arizona) 35,2% y Canadá, 34,3%.
El informe da cuenta de que los impuestos Ad Valorem reducen la vida útil de los proyectos mineros, haciéndolos inviables económicamente.
En Argentina, el 50% de presión tributaria se compone del Impuesto a las Ganancias sobre Sociedades, el impuesto sobre los Dividendos, las retenciones a las exportaciones sobre la facturación bruta (derechos a la exportación), las regalías provinciales, el Impuesto al cheque (débitos y créditos) y el Impuesto sobre Bienes Personales.
Además, se deben considerar los aportes adicionales que las empresas realizan a fideicomisos y fondos fiduciarios para obras de infraestructura para la actividad y las comunidades, así como otras cargas y tasas municipales.
