Las provincias podrían quedarse con electricidad producida en los ríos de sus territorios en parte de pago. Desde el Gobierno apuestan a esa opción para evitar controversias en vistas del lanzamiento de la convocatoria internacional que anunciaron la semana pasada.
La semana pasada, la Secretaría de Energía anunció el lanzamiento de la licitación de las cinco represas del Comahue, cuya concesión privada venció en 2024 tras más de tres décadas de operación. Sin embargo, el proceso de re-privatización, uno de los más relevantes en materia de infraestructura energética en el país, quedó demorado a la espera de cerrar un punto clave.
De acuerdo al medio Econojournal, la negociación entre Nación y las provincias de Neuquén y Río Negro está trabada en lo que respecta a las regalías por el uso del recurso hídrico. Aunque los distritos patagónicos no fueron parte de la elaboración del pliego ni del diseño del nuevo modelo de negocios, el Ejecutivo abrió en abril una mesa de negociación con los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck.
Las provincias solicitaron cobrar en especie parte de las regalías hidroeléctricas.
El objetivo fue desactivar tensiones políticas que podrían entorpecer el proceso, entre ellas, proyectos legislativos en ambas provincias que buscan introducir un canon por el uso del agua. Desde el gobierno nacional consideran fundamental garantizar apoyo institucional para asegurar la estabilidad regulatoria del emprendimiento.
El complejo hidroeléctrico en cuestión —integrado por Piedra del Águila, El Chocón, Arroyito, Alicurá y Planicie Banderita— genera el 13% de la electricidad del país con una potencia conjunta de 4.107 megavatios.
La energía generada en estas centrales tributa un 12% en concepto de regalías, pero la base sobre la que se calcula ese porcentaje genera controversia: el gobierno nacional pretende establecer un precio fijo de 15 dólares por MWh, muy por debajo del valor de mercado, que ronda los 60 dólares.
Lo que quieren las provincias con las represas del Comahue
El planteo de las provincias es que un precio tan bajo no solo distorsiona el mercado, sino que reduce significativamente los ingresos por regalías. En un intento de compensación, los gobernadores propusieron que las distribuidoras provinciales compren toda la energía consumida localmente a ese valor subsidiado.
La propuesta fue rechazada por el Ministerio de Economía porque implicaría una reasignación del despacho eléctrico nacional y abriría la puerta a futuros reclamos similares en otras jurisdicciones.
Como alternativa, las provincias solicitaron cobrar en especie parte de las regalías hidroeléctricas. Esta opción permitiría acceder directamente a un porcentaje de la energía generada, lo que les facilitaría establecer una tarifa eléctrica diferencial para el consumo regional.
“El pedido es muy importante para las provincias porque, de conseguirlo, podrían financiar una ‘Tarifa eléctrica del Comahue’ más baja que en el resto del país”, explicó el gerente general de una distribuidora eléctrica en diálogo con el medio Econojournal.
Las condiciones de Nación
La Casa Rosada aceptó parcialmente ese reclamo, pero puso como tope el 30% del total de la energía correspondiente en concepto de regalías. Este límite no es nuevo: se basa en una resolución emitida durante el gobierno de Cristina Kirchner, que estableció ese umbral en el contexto de una disputa similar por regalías gasíferas.
Desde Nación argumentan que superar ese porcentaje sentaría un precedente riesgoso, especialmente cuando se avecinan procesos de reprivatización en otras regiones, como Los Nihuiles en Mendoza. No obstante, fuentes del sector privado creen que podría haber una salida intermedia. “Quizás en lugar de cobrar regalías en especie por un 30% las provincias puedan terminar percibiendo un porcentaje un poco más alto”, deslizó un directivo del sector eléctrico.
El peso político de las provincias no es menor en esta negociación. Neuquén, por ejemplo, posee el 30% del paquete accionario de Hidroeléctrica El Chocón y también participa en Central Puerto, que opera Piedra del Águila. Por eso, su respaldo institucional resulta indispensable para evitar cuestionamientos legales o trabas judiciales al proceso licitatorio.
“Neuquén y Río Negro necesitan llevarse algo de la negociación y es lógico que así sea porque el proceso de reprivatización no cierra si las provincias no lo avalan políticamente”, agregó la misma fuente.
El desenlace de esta negociación marcará no solo el destino de uno de los principales polos hidroeléctricos del país, sino también el modelo de relación entre Nación y provincias en futuras concesiones energéticas.
