La Comisión Evaluadora excluyó a IPS Renewal por no cumplir los requisitos técnicos, mientras siete empresas siguen en carrera por las concesiones de Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Planicie Banderita–Cerros Colorados.
La licitación para definir nuevos concesionarios en las represas del Comahue avanzó un escalón la semana pasada con la publicación del dictamen de preselección de la Comisión Evaluadora. El documento confirmó que siete de los ocho grupos participantes continúan en carrera y que el proceso mantiene un nivel de competencia poco frecuente para el sector hidroeléctrico.
Las centrales involucradas (Alicurá, El Chocón, Planicie Banderita–Cerros Colorados y Piedra del Águila) concentran alrededor del 14% de la generación eléctrica del país, de modo que el resultado del concurso definirá la gestión de un bloque clave del sistema energético durante las próximas tres décadas.
La competencia quedó concentrada entre algunos de los principales actores del mercado eléctrico argentino.
De acuerdo al medio Econojournal, el análisis técnico elaborado por el organismo que encabeza el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, concluyó que únicamente IPS Renewal no logró cumplir los requisitos formales de la licitación.
Los evaluadores señalaron que el pliego exige “experiencia en operar al menos 100 megavatios (MW) de potencia hidroeléctrica en una sola represa”, una condición que la empresa no pudo acreditar. La firma controla activos en Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, pero ninguno de ellos supera los 51,6 MW, por lo que no califican dentro de los parámetros exigidos.
La exclusión de ese oferente fue anticipada en las observaciones cruzadas que las propias empresas presentaron días atrás. En esos documentos se apuntaba que las centrales Las Maderas, Tucumán y Río Hondo operadas por Holdec Inversora —vehículo asociado a IPS Renewal— “no cumplen el umbral técnico requerido”.
El dictamen oficial confirmó esa interpretación, al considerar que la propuesta no podía ser admitida dentro del proceso de preselección.
Los oferentes que siguen en carrera
Con la salida de IPS Renewal, la competencia quedó concentrada entre algunos de los principales actores del mercado eléctrico argentino, entre ellos Pampa Energía, Central Puerto, Genneia, MSU Energy, AES y Enel. También participa Edison, un holding reciente que presentó ofertas bajo el nombre de “Poseidón”.
En conjunto, estos grupos presentaron entre cuatro y siete propuestas para cada una de las centrales, lo que muestra el interés estratégico que generó la licitación. Alicurá, actualmente operada por AES, fue la represa que recibió la mayor cantidad de postulaciones.

Además de la propia concesionaria, manifestaron interés Enel, Pampa Energía, Central Costanera —controlada por Central Puerto—, BML Inversora —ligada a MSU Green Energy—, Edison y la unión transitoria conformada por Genneia y Aluar. La variedad de perfiles empresariales, desde jugadores históricos hasta consorcios más recientes, convirtió a esta compulsa en una de las más disputadas.
El Chocón también figura entre los activos más codiciados. Allí competirán Enel, Pampa Energía, Edison, Central Costanera, BML Inversora y la UTE Genneia–Aluar. En este caso, además del interés comercial, pesa el hecho de que Enel es la operadora actual, lo que le otorga un conocimiento específico de la central. Sin embargo, la presencia de otros grupos relevantes anticipa una definición muy ajustada.

Piedra del Águila, la represa de mayor potencia del complejo, recibió cinco propuestas: Edison, Enel, Pampa Energía, Central Puerto y la UTE Genneia–Aluar. Aunque el número es menor al de Alicurá o El Chocón, la presencia de los principales generadores del país evidencia el atractivo de ese activo.
Por su parte, Planicie Banderita–Cerros Colorados sumó cuatro ofertas, presentadas por Edison, Enel, BML Inversora y la alianza Genneia–Aluar.
Etapa de definiciones en la licitación de las represas
El proceso abrió este miércoles una instancia clave: el período de tres días para que los privados presenten impugnaciones formales. A diferencia de las observaciones iniciales, esta etapa exige un pago de 500.000 dólares por cada planteo.
Si bien no hay certeza sobre si alguna compañía utilizará este mecanismo, la posibilidad introduce una variable crítica, dado que cualquier objeción aceptada podría alterar el orden de preselección. Una vez superada la etapa de impugnaciones, la Comisión Evaluadora deberá elaborar el dictamen final, donde recomendará cuáles serán las propuestas adjudicatarias.
El gobierno anticipó que espera recibir ofertas económicas que, en conjunto, superen los 700 millones de dólares. Ese monto servirá de referencia para medir la valoración que el sector privado asigna al paquete de concesiones.
Otro elemento distintivo del proceso es que, por primera vez en una licitación de esta escala, toda la operatoria se realiza a través del portal digital Contrat.Ar. Esta modalidad, que elimina el uso de sobres físicos, fue destacada por el Ministerio de Economía como un mecanismo destinado a “fortalecer la trazabilidad y la transparencia de las contrataciones públicas”.




