El reciente acuerdo de facilidades extendidas por 20.000 millones de dólares entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional no es solo un entendimiento de aspectos financieros, es un detallado mapa de ruta que traza el rumbo del sector energético argentino con primeros hitos importantes hacia finales de 2025.
Las «condicionalidades» u «objetivos y políticas» asumidas con el FMI, que abarcan desde privatizaciones hasta reformas tarifarias, configuran un escenario que profundiza la transformación y tendrá un impacto directo en el bolsillo de los argentinos.
La mirada se focaliza con particular atención en los últimos meses de 2025, plazo fijado para la concreción de buena parte de estas exigencias. Lo que se avecina no es una simple reingeniería, es una redefinición estructural del modelo energético que, si bien busca la eficiencia y la reducción del gasto público, podría generar tensiones sociales y económicas significativas.
Para el consultor energético Juan José Carbajales, uno de los puntos centrales del acuerdo es el refuerzo de la capacidad institucional para asegurar la transparente privatización de las empresas de propiedad estatal (SOEs) incluidas en la Ley de Bases.
Las «condicionalidades» u «objetivos y políticas» asumidas con el FMI, que abarcan desde privatizaciones hasta reformas tarifarias, configuran un escenario que profundiza la transformación y tendrá un impacto directo en el bolsillo de los argentinos.
En el rubro energético, el Anexo I de dicha ley establece la posibilidad de privatizar Energía Argentina (Enarsa), Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y Río Turbio (YCRT).
Sin embargo, la ley introduce una distinción crucial: mientras que para NASA y YCRT se permitirá la venta de hasta el 49% del paquete accionario, Enarsa podría ser privatizada en su totalidad.
La venta de esta última, en particular, se presenta como un enorme desafío. Hoy, Energía Argentina S.A. es el principal instrumento de la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía para concentrar y canalizar los subsidios al sector gasífero.
Su balance comercial, que refleja la importación de GNL a precios internacionales y su posterior venta al mercado interno (distribuidoras y CAMMESA) a un tercio de su valor real (4,50 USD/MMBTU vs. ~13 USD/MMBTU), se erige como un obstáculo insalvable para cualquier potencial comprador.
Las subastas de gas que Enarsa ha lanzado infructuosamente en el MEGSA, quedando desiertas, son una prueba elocuente de esta realidad, de acuerdo al análisis de Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos entre 2019 y 2020.
Sin una garantía estatal que asegure el «pass through» de estos costos a las tarifas residenciales, ningún distribuidor estaría interesado en adquirir ese gas.
Sin embargo, el gobierno cuenta con herramientas para avanzar en este proceso. La Ley de Bases, en su Título II de Reforma del Estado – Capítulo II de Privatización, ya establece pautas de cumplimiento obligatorio (mandatory law) para garantizar la transparencia, a diferencia de las recomendaciones de «soft law» de la Decisión Adm. 85/2018.
Además, se ha creado la “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, una dependencia específica encargada de diseñar y controlar la gobernanza corporativa de todo el universo de empresas de propiedad estatal.
Esta estructura podría ser la clave para recuperar los estándares regulatorios de las privatizaciones de los años ’90, evitando las distorsiones y beneficios particulares que empañaron aquellos procesos.
El FMI reconoce la complejidad de la reforma (normalización) del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), al otorgar un plazo de siete meses y, lo que es aún más revelador, al no exigir resultados concretos sino la realización de «los mayores esfuerzos».
Esto implica una «obligación de medios» y no de resultados, lo que concede al gobierno un margen de flexibilidad ante la magnitud de la tarea, resaltó el hoy titular de la Consultora Paspartú.
El FMI reconoce la complejidad de la reforma (normalización) del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), al otorgar un plazo de siete meses y, lo que es aún más revelador, al no exigir resultados concretos sino la realización de «los mayores esfuerzos».
El objetivo central es avanzar en un mayor nivel de competencia y, paralelamente, continuar con un nivel tarifario mayormente alineado con el costo de recupero del servicio para usuarios comerciales y residenciales de mayores ingresos.
Segmentación de subsidios y excepciones en el acuerdo con el FMI
La contracara de esta medida es el esfuerzo por reemplazar el complejo esquema de segmentación tarifaria actual por un subsidio energético único para los usuarios residenciales de bajos ingresos.
La experiencia previa del gobierno en este ámbito no ha sido sencilla. El intento fallido de implementar la «Canasta Básica Energética», que buscaba una tarifa plena para todos los usuarios complementada con una tarifa social por consumo y zona, derivó en un «período de transición».
Ahora, el acuerdo con el FMI impulsa un «modelo superador», aunque no especifica sus componentes.
La cuestión tarifaria es siempre un polvorín. En 2024, la cobertura del costo mayorista eléctrico (PEST) fue del 63%, y la del costo mayorista de gas natural (PIST) del 45%.
Si bien en los primeros dos meses de 2025 estos porcentajes mejoraron al 83% y 82% respectivamente (descendiendo al 68% y 76% para el sector residencial), la pregunta inevitable es si habrá ajustes tarifarios significativos en pleno año electoral. La sensibilidad social a estas medidas es un factor clave.
Otro aspecto trascendental es cómo se desandará el proceso de retirada del rol intermediario de CAMMESA: La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. no solo actúa como comprador y abastecedor del gas natural para generación eléctrica, sino también como contraparte de los productores en los contratos vigentes (hasta diciembre de 2028) del Plan Gas.Ar, que este gobierno decidió respetar.
Una vuelta al marginalismo y a los contratos de abastecimiento entre privados (similar al MATER), sumada a la pérdida de un «buffer» como el OED (Operador del Mercado Eléctrico Descentralizado), podría provocar un efecto contrario al deseado desde la hoja de ruta macroeconómica del gobierno: un alza en los niveles en dólares del costo monómico del sector de generación eléctrica (hoy en 47 USD/MWh para la demanda residencial y 68 USD/MWh para la demanda comercial e industrial).
El gobierno se enfrenta a la delicada tarea de equilibrar las exigencias del organismo multilateral con la compleja realidad socioeconómica del país.
El acuerdo con el FMI también es categórico en la exigencia de cerrar todos los fondos fiduciarios extrapresupuestarios, con una única y notable excepción: el destinado al subsidio de gas residencial. Esta medida, que abarca diversas materias y, en el sector energético, implica la extinción del Fondo Fiduciario de Transporte de Energía Eléctrica (FFTEE).
La supervivencia, en solitario, del fondo fiduciario que nutre los subsidios al gas residencial demuestra el reconocimiento del FMI a la sensibilidad de este tema y al mandato de la Ley de Bases, especialmente en lo que respecta al Régimen de Zona Fría, aprobado en 2021 a través de la ley 27.637.
En definitiva, la hoja de ruta energética que el gobierno argentino tiene por delante es un laberinto de complejidades técnicas, políticas y sociales.
La capacidad de llevar adelante estas transformaciones, especialmente las privatizaciones y la normalización del mercado eléctrico, sin generar mayores disrupciones y en un contexto de alta inflación y año electoral, será la prueba de fuego para la administración.
