En el proyecto modificado, la operadora de las centrales nucleares de Embalse y Atucha deberá mantener al Estado como accionista, y con capacidad de veto sobre la venta de títulos de la compañía, entre otras atribuciones.
Además de dejar atrás el plan de privatizar YPF, el Gobierno también moderó su intención de vender Nucleoléctrica Argentina, otra imprtante empresa estatal del sector energético.
Luego de las objeciones y amparos lanzados desde distintos ámbitos en contra de la Ley Ómnibus, el gobierno incluyó más de 100 modficaciones a los artículos del mega proyecto para poder consensuar un dictamen favorable con la «oposición dialoguista» en el Congreso. Entre ellos, se retocaron los capítulos que conciernen a la privatización de algunas empresas públicas puntuales.
Según el nuevo proyecto, la compañía Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), que se encuentra en la órbita del Ministerio de Economía y opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II, deberá mantener al Estado como accionista.
De esta manera, Nación tendrá el poder de veto sobre la venta de acciones cuando implican un cambio en el control de la firma.
La nueva versión de la Ley de Bases y Puntos de Partida presenta 523 artículos frente a los 664 del proyecto original.
Además de NA-SA, este mismo escenario que se conoce como “Privatización parcial” le corresponderá al Banco Nación y ARSAT, mientras que YPF ya no será vendida.
El proceso de trasferencias parciales de estas firmas al capital privado estará a cargo de la Comisión Bicameral de Privatizaciones, que hará el seguimiento consecuente.
Las modificaciones sobre la Ley Ómnibus incluyen un cambio clave en el artículo 10, que establece que “el Estado será titular permanente de una acción de NA-SA”.
A su vez, se requerirá ineludiblemente de su voto afirmativo si se quiere ampliar la capacidad de una central existente, si se quiere construir una nueva, o en caso de que se determine el cierre de las plantas.
El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, había adelantado en el inicio del debate en comisiones del Congreso que el Estado mantendrá el control de la compañía.
«NA-SA va a mantener la acción de oro», respondió el funcionario ante la consulta sobre la privatización de las centrales nucleares.
Otro punto fundamental en el artículo es la inclusión del inciso C, que otorga poder de veto al Estado para bloquear la incorporación de accionistas en la empresa, en caso de que ésta le otorgue el control en los términos del artículo 33 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales.
La última modificación de mayor relevancia es la eliminación del artículo 11 del proyecto original, que modificaba el artículo 37 de la Ley Nuclear para habilitar la privatización de la actividad vinculada con el ciclo del combustible nuclear.
Este punto establecía la creación de sociedades anónimas en las cuales el Poder Ejecutivo podía conservar una acción con derecho a veto en las decisiones que implicaran el cierre de la actividad.
La nueva versión de la Ley de Bases y Puntos de Partida presenta 523 artículos frente a los 664 del proyecto original y dejó afuera algunos temas que serán tratados en sesiones ordinarias, como es el caso del juicio por jurados.
Trabajadores de Nucleoléctrica Argentina, en alerta
A partir de que se publicó el mega proyecto y se conoció la intención de privatizar Nucleoeléctrica, los trabajadores del sector nuclear rechazaron la medida.
Entre los gremios opositores se encuentran la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica, y el Sindicato de Luz y Fuerza Seccional Paraná.
Las entidades emitieron comunicados en rechazo a la venta de la compañía, mientras que los integrantes del complejo nuclear Atucha se declararon en estado de alerta y movilización.
Entre los argumentos esgrimidos, los trabajadores enfatizaron que la privatización es infundada “debido a la eficiencia técnica y económica que caracteriza a la empresa”.
