La secretaria de Energía defendió el proyecto ante diputados de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Energía y Combustibles. Los puntos que se instalaron en el centro del debate.
Uno de los objetivos prioritarios para la industria hidrocarburífera es acompañar la producción histórica de Vaca Muerta con infraestructura de transporte y marcos regulatorios acordes. En ese sentido, hace un par de semanas ingresó al Congreso el proyecto de ley de GNL, que propone un Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado.
Una vez que se dieron a conocer las distintas medidas contempladas en la iniciativa, algunos sectores plantearon cuestionamientos relacionados a los beneficios incluidos y a quienes están dirigidos. Cabe recordar que las empresas que inviertan en plantas de licuefacción contarán con una extensa garantía de estabilidad fiscal y regulatoria, y podrán optar por tres opciones para exportar gas en condición firme, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados en el documento.
“Este desafío del GNL nos va a generar industrialización, con varios proyectos en curso. El más grande es el de YPF-Petronas».
En la jornada de ayer, tuvo lugar la primera instancia de diálogo formal entre el Ejecutivo y el Legislatvio, en la cual la secretaria de Energía, Flavia Royón, defendió el proyecto y profundizó sobre las implicancias del nuevo régimen en la economía nacional, mientras que la oposición pudo manifestar sus preocupaciones.
“En el marco del incremento de producción gasífera que la Argentina está llevando a cabo en Vaca Muerta existe una oportunidad para el desarrollo del gas natural licuado en nuestro país”, comenzó su exposición la funcionaria.
“Tenemos recursos para más de 150 años y hoy los estamos explotando en un 8%”, agregó Royón, haciendo hincapié en la intención de mirar más allá del mercado interno. “Por eso consideramos pertinente tener un marco para promocionar la instalación de proyectos de GNL en la Argentina”, sostuvo.
Asimismo, la autoridad de la cartera energética hizo referencia al escenario global y su tendencia hacia los combustibles de transición. De esta manera, indicó que el marco es propicio para incentivar las condiciones de inversión en el mercado del gas y así potenciar al conjunto de la cadena de valor y el entramado industrial nacional.
“Este desafío del GNL nos va a generar industrialización, con varios proyectos en curso. El más grande es el de YPF-Petronas, que significa una inversión multimillonaria para nuestro país y una oportunidad de industrializar y de agregar valor al recurso del gas”, aseguró la funcionaria, quien expuso ante un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja.
Acuerdo YPF y Petronas
El convenio entre la petrolera malaya y la estatal argentina estuvo en el centro de la jornada en el Congreso. El megaproyecto en sociedad con la malaya Petronas para una planta de licuefacción fue uno de los mayores motores para establecer un marco normativo.
Royón defendió los puntos más cuestionados del proyecto respondiendo a algunos planteos de la oposición. La diputada radical por Mendoza, Jimena Latorre, señaló´que a su entender la nueva ley se trata de «un traje a medida» para YPF y la firma asiática. Asimismo, cuestionó el período de vigencia del régimen, ya que la «estabilidad a 30 años no se la garantizan a ningún otro sector».
En ese sentido, la funcionaria del Ministerio de Economía recalcó que este tipo de iniciativas se caracterizan por “largos periodos de recupero” y que los interesados en ejecutar los desembolsos plantean la necesidad de tener “un marco de estabilidad fiscal durante 30 o 35 años para poder evaluar este tipo de proyectos de inversión”.
Otro de los reclamos vinculados a la iniciativa de las petroleras vino de parte del diputado del PRO, Francisco Sánchez, quien señaló que, «no estamos conformes con que sea un proyecto restrictivo a una inversión, específicamente la de Petronas en acuerdo con YPF». Además, expresó que, si bien el 51% de la nacional es controlado por el Estado, el 49% permanece en manos privadas.
Ante este planteo, la titular de Energía señaló que hubo consenso por parte del «90% de los actores del gas en la Argentina e inversores extranjeros”. Y agregó que, “los requisitos que pedía Petronas eran bastante más ambiciosos de los que están en este proyecto».
Otros ejes de la ley de GNL
Otro de los reclamos estuvo vinculado a la exclusión del upstream. Sánchez manifestó que el proyecto debería contemplar beneficios promocionales para ese sector y pidió que el régimen quede abierto a cambios en la labor de las comisiones.
En respuesta, Royón apuntó que ya hay otros regímenes que aplican al upstream como el Decreto 277, y explicó que “se buscó evitar una competencia desleal» entre la producción para el mercado interno y la producción a exportar.
Por su lado, la diputada radical Pamela Verasay cuestionó la posibilidad de transferir los proyectos a acreedores financieros, los beneficios como el acceso al 50% de las divisas generadas por exportaciones, y la jurisdicción arbitral de los conflictos. A esto se sumó el planteo de Latorre sobre la «tasa diferencial del impuesto a las Ganancias» y su impacto sobre la recaudación de las provincias.
En contraposición, Claudia Balestrini, experta en tributación de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, marcó su postura ante el reclamo de las alícuotas de Ganancias. La funcionaria detalló que para el proyecto del GNL se decidió aplicar una carga intermedia del 30% que «es razonable en los parámetros internacionales» para ese tipo de negocios.
Asimismo, explicó que muchos de los beneficios planteados no son excluyentes para este sector, como es el caso de las exenciones a los derechos de importaciones de insumos y tecnología que no tenga producción nacional. Con respecto a la devolución anticipada del IVA, destacó que ya se prevé en la propia ley vigente del impuesto para inversiones en bienes de uso.
En sintonía, desde el equipo técnico oficialista expresaron que las leyes de hidrocarburos vigentes establecen la posibilidad de transferir activos a entidades financieras por un periodo transitorio. Y por último, indicaron que el uso de divisas debe ser destinado al pago de capital e intereses de pasivos comerciales, pasivos financieros con el exterior, y/o utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados y/o a la repatriación de inversiones directas de no residentes.
