La Cámara de Diputados de la Nación cerró la instancia de participación ciudadana y apunta a sancionar la reforma. Durante tres jornadas intensas, el proyecto quedó expuesto a una polarización que trasciende lo técnico para convertirse en una batalla política y judicial de alcance nacional.
Mientras el Gobierno Nacional y los gobernadores mineros apuestan a esta ley para destrabar inversiones por u$s30.000 millones, los académicos ambientalistas advierten que el costo podría ser la seguridad hídrica de las futuras generaciones.
El proceso nació con cuestionamientos de legitimidad. A pesar de contar con más de 120.000 inscriptos, el listado de oradores se limitó a menos de 200 personas, provocando medidas cautelares ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7.
La primera jornada, de carácter presencial, se extendió por 12 horas y terminó de forma abrupta cuando la transmisión oficial se cortó, dejando oradores sin exponer. En la segunda y tercera jornada, bajo modalidad virtual, la tendencia se profundizó, más del 90% de los disertantes rechazaron la reforma.
Desde sectores opositores cuestionan la reforma: «La ley de Glaciares actual es un piso mínimo de protección con progresividad consolidada por la Corte Suprema, reducirla es inconstitucional», sostienen.
En el oficialismo entienden que lo peor del reclamo ambientalista ya quedó atrás y buscan avanzar con la sanción definitiva, para lo que se estableció el 8 de abril como fecha tentativa para sesionar. Antes, se realizaría un plenario de comisiones con presencia de los gobernadores.
Un debate intenso sobre el cuidado del agua de los glaciares y la actividad productiva
El respaldo a la reforma provino casi exclusivamente de funcionarios de San Juan y directivos de empresas como Pan American Silver y Minera Santa Cruz. El argumento central del sector, defendido por el abogado Néstor Rigamonti y el geólogo Pablo Marcet, es que la ley de 2010 tiene «distorsiones técnicas» que protegen geoformas que no cumplen funciones de reserva hídrica estratégica.
Marcet incluso destacó el bajo impacto del sector, afirmando que el consumo de agua de una gran mina es equivalente al de una finca de 100 hectáreas.
Sin embargo, esta visión colisionó de frente con la del IANIGLA. Su director, Pablo Villagra, aseguró que la reforma «no elimina ambigüedades, sino que genera nuevas y deja sin protección áreas de hielo subterráneo que, aunque no sean fácilmente inventariables, son vitales para el ciclo hidrológico».
«Esta ley subordina el conocimiento científico a decisiones políticas discrecionales de las provincias», advirtió Villagra, alertando además sobre la falta de presupuesto para continuar con el Inventario Nacional de Glaciares.
Marta Maffei (Autora de la Ley 26.639) – La reforma tiene una fachada de federalismo, pero lo que logra es discrecionalidad absoluta para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua.
La estrategia de los Gobernadores y el RIGI
A pesar del rechazo en las audiencias, el oficialismo mantiene su hoja de ruta. El plan es emitir dictamen de comisión el 7 de abril, tras un plenario donde se espera la presencia de 12 gobernadores alineados con el modelo de desarrollo que impulsa el RIGI.
Mandatarios como Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Marcelo Orrego (San Juan) ven en esta reforma de la Ley de Glaciares la pieza legal que falta para que los grandes pórfidos de cobre pasen de la exploración a la construcción masiva.
En San Juan, la reciente aprobación de la DIA de Josemaría se utiliza como ejemplo de que la provincia puede controlar ambientalmente sus proyectos. Pero el flanco judicial sigue abierto, los ambientalistas y comunidades originarias ya preparan demandas basadas en el Convenio 169 de la OIT, reclamando la falta de una consulta previa, libre e informada.
Gustavo Fernández (Ministro de Producción SJ) – La minería nos resulta una actividad ineludible; financia la infraestructura energética y los sistemas de riego que hoy necesita el agro.
Con el clima social caldeado, la oposición ha presentado un proyecto para convocar a una consulta popular vinculante. El resultado de esta pulseada definirá el modelo de país de la próxima década.
Si el gobierno logra sancionar la ley el 8 de abril, Argentina habrá dado un paso hacia un salto exportador sin precedentes, pero lo hará bajo la sombra de una judicialización que podría durar años.
