El proyecto del gobierno nacional para modificar la Ley de Glaciares desembarcó en el senado y encendió una de las discusiones más sensibles del actual período de sesiones extraordinarias. La postura de las provincias y los reclamos empresariales de cara a un debate que continuará en febrero.
La iniciativa oficial busca reformar la Ley 26.639 con el objetivo de precisar su alcance, reducir ambigüedades interpretativas y reforzar el carácter federal del régimen de protección de glaciares y del ambiente periglacial.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que la normativa vigente, sancionada en 2010, generó durante más de una década un escenario de incertidumbre jurídica que paralizó inversiones estratégicas, especialmente en minería y energía, sin mejorar necesariamente los estándares ambientales.
Es una adecuación necesaria para compatibilizar la preservación ambiental con el desarrollo económico que el país necesita.
Del otro lado, sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas advierten que cualquier modificación implicaría un retroceso en materia de protección de reservas hídricas estratégicas. Incluso, anticiparon que si la reforma avanza será judicializada por presunta violación a principios constitucionales del derecho ambiental.
El debate debutó en un plenario conjunto de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, donde expusieron el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom. Ambos defendieron el proyecto como una adecuación necesaria para compatibilizar preservación ambiental y desarrollo económico, apoyándose en los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional.
El rol de los gobernadores mineros en la discusión por la Ley de Glaciares
Según el Ejecutivo, la reforma no elimina la protección de los glaciares, sino que redefine con mayor precisión qué geoformas deben ser consideradas reservas hídricas estratégicas.
El foco está puesto en el ambiente periglacial, una categoría que, según críticos de la ley actual, fue delimitada de manera demasiado amplia, incorporando zonas sin función hídrica comprobada y bloqueando proyectos productivos sin evaluación caso por caso.
Desde la oposición, en cambio, sostienen que el ambiente periglacial puede contener entre un 35% y un 70% de hielo en su interior y que su alteración podría afectar el equilibrio hídrico de cuencas completas. Bajo ese argumento, advirtieron que la reforma vulnera el principio de progresividad ambiental y el de no regresión, ambos reconocidos por la jurisprudencia argentina.
Durante el debate, senadores de Unión por la Patria adelantaron que, de sancionarse la modificación, recurrirán a la Justicia. Consideran que el proyecto no es una mera aclaración normativa, sino un cambio sustancial del espíritu de la ley original.
Desde el oficialismo relativizaron esa advertencia y la interpretaron como parte de una estrategia política habitual ante iniciativas que buscan destrabar inversiones.
La minería moderna opera hoy bajo estándares de control mucho más exigentes que cuando se sancionó la ley en 2010.
Mientras tanto, el gobierno se apoya en un respaldo clave, el de las provincias mineras. Tras el plenario de comisiones, se reunió la Mesa Federal con funcionarios de Minería y Ambiente de distintos distritos, y desde la Casa Rosada remarcan que existe un fuerte consenso provincial para avanzar con una interpretación más precisa de la norma.
Ese punto es uno de los ejes centrales del debate. Las provincias con fuerte perfil minero, como San Juan, Catamarca, Jujuy, Salta y Mendoza, presionan para avanzar con una interpretación más precisa de la ley que permita destrabar inversiones millonarias.
Desde estos distritos sostienen que la normativa actual amplió de manera excesiva el concepto de ambiente periglacial, afectando zonas donde no existe impacto hídrico real.
En las audiencias del senado, gobernadores y representantes provinciales defendieron la necesidad de una aplicación “armónica” de la ley, que preserve los glaciares estratégicos, pero habilite evaluaciones ambientales caso por caso.
Argumentaron que las provincias cuentan hoy con capacidades técnicas, profesionales y académicas para ejercer un control efectivo sobre los proyectos, y remarcaron que la minería moderna opera bajo estándares ambientales mucho más exigentes que hace una década.
Buscamos un marco que permita la minería donde hay función hídrica comprobada, no sobre definiciones ambiguas.
Para el gobierno, la modificación de la Ley de Glaciares es una pieza clave para habilitar inversiones millonarias en cobre, litio y energía, sectores estratégicos para la transición energética y la generación de divisas.
Para la oposición, en cambio, se trata de una línea roja que no debería cruzarse, especialmente en un contexto de cambio climático y retroceso acelerado de los glaciares.
El debate promete escalar más allá del Congreso. Con gobernadores alineados detrás de una mayor autonomía provincial y sectores políticos dispuestos a litigar, la discusión sobre la Ley de Glaciares se perfila como uno de los conflictos institucionales más relevantes del año.
