La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo propone redefinir competencias entre Nación y provincias, y reabre la tensión entre desarrollo minero, resguardo ambiental y seguridad jurídica.
El proyecto que introduce modificaciones en el la Ley de glaciares dio esta semana un paso más en el Congreso. Tras ser analizado por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, la iniciativa obtuvo dictamen y quedó formalmente habilitada para su tratamiento en el recinto.
Al igual que otras reformas consideradas prioritarias por el oficialismo, el texto fue incluido en el temario de sesiones extraordinarias y se debatirá el próximo 10 de febrero.
La reunión de comisiones en el Senado contó con la participación de mandatarios provinciales directamente involucrados en la discusión.
El avance legislativo se produjo en un contexto de fuerte presión política para acelerar los tiempos. La propuesta había sido enviada al Congreso a mediados de diciembre y, pocos días después, fue incorporada a la agenda parlamentaria tras la convocatoria oficial a extraordinarias.
Desde el Ejecutivo se remarcó la necesidad de revisar el marco normativo vigente para evitar, según su interpretación, restricciones que afectan decisiones provinciales sobre el uso de los recursos naturales.
El argumento central del Gobierno y el rol de las provincias
A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Gobierno sostuvo que la legislación actual genera una “paralización” del ejercicio de las competencias provinciales en materia de recursos naturales.
En esa línea, el proyecto propone que cada jurisdicción tenga mayor margen para definir el alcance de la protección sobre los glaciares ubicados en su territorio.
De aprobarse, las provincias podrían establecer criterios diferenciados, priorizando la preservación de ciertos cuerpos de hielo y habilitando actividades económicas en áreas periglaciales que no comprometan reservas estratégicas de agua.
El planteo introduce un cambio relevante respecto del esquema vigente, que obliga tanto al Estado nacional como a los gobiernos provinciales a proteger de manera integral todos los tipos de glaciares.
La discusión no es solo jurídica. En provincias con fuerte presencia minera, el rediseño del marco regulatorio es leído como una oportunidad para destrabar inversiones que hoy enfrentan limitaciones operativas y legales.
Gobernadores mineros y empleo en el centro del debate
La reunión de comisiones en el Senado contó con la participación de mandatarios provinciales directamente involucrados en la discusión. Entre ellos estuvieron el gobernador de San Juan, Manuel Orrego, y su par de Catamarca, Raúl Jalil, dos distritos con glaciares en su territorio y una actividad minera de peso en sus economías regionales.
Orrego planteó que existe consenso en la necesidad de preservar los ambientes periglaciales cuando cumplen una función hídrica estratégica, pero sostuvo que es indispensable contar con una ley de “protección mínima” que otorgue previsibilidad y evite interpretaciones restrictivas que, a su juicio, exceden ese objetivo.
Jalil, en tanto, puso el foco en el impacto económico y social. Señaló que cualquier modificación deberá ser evaluada en términos ambientales, pero destacó el rol de la minería como generadora de empleo formal.
Según datos expuestos durante la comisión, la actividad explicaría alrededor de 3.000 puestos de trabajo directos en la provincia, con un efecto multiplicador que alcanzaría a otros 5.000 empleos indirectos en sectores asociados.
Empresas, transición energética y marco regulatorio
El sector empresario minero acompañó la discusión con un mensaje alineado a la necesidad de ajustes normativos. Alfredo Vitaller, en representación de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, sostuvo que el objetivo de proteger los glaciares es compartido, siempre que estos cumplan efectivamente el rol de reserva de agua.
Sin embargo, afirmó que la legislación vigente presenta falencias que generan incertidumbre y que el proyecto apunta a corregir.
Desde la cadena de proveedores, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, vinculó el debate con la agenda de crecimiento y transición energética. En su intervención, remarcó que el desarrollo de tecnologías limpias y energías renovables requiere minerales estratégicos, y que eso demanda una minería planificada, responsable y con reglas claras.
Objeciones ambientales, científicas y constitucionales
Las críticas más duras llegaron desde el ámbito ambiental, científico y jurídico. Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, recordó que el régimen actual cumple quince años en un contexto de agravamiento del cambio climático.
Advirtió que el proyecto introduce cambios “por vía de la interpretación” que, en su visión, alteran el espíritu original de la norma y el equilibrio constitucional entre Nación y provincias.
En la misma línea, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, calificó el tratamiento parlamentario como un proceso acelerado sin precedentes.
Sostuvo que la reforma podría generar mayor inseguridad jurídica y consideró que el texto es inconstitucional, además de representar un riesgo para la totalidad de los glaciares.
Desde el plano científico, Pablo Villagra, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, defendió la solidez técnica del Inventario Nacional de Glaciares finalizado en 2018, que recibió reconocimiento internacional y no presenta, según indicó, errores significativos. También señaló que el relevamiento se encuentra actualmente en proceso de actualización.
Agostina Rossi, de Greenpeace, subrayó el rol de los glaciares como aliados clave frente a la crisis climática y recordó que su preservación es una prioridad global. Aclaró que las organizaciones ambientales no rechazan la minería en sí, sino su avance sobre estas reservas, y reclamó instancias de participación pública similares a las que precedieron la sanción de la ley original.
Por último, Eugenia Testa, del Círculo de Políticas Ambientales, cuestionó la rapidez del tratamiento legislativo y consideró que la iniciativa responde principalmente a los intereses del sector minero.
