El camino hacia la reforma de la Ley de Glaciares (26.639) sufrió una nueva demora en la Cámara de Diputados. El sector espera por la seguridad jurídica para formalizar sus inversiones.
Tras una intensa jornada en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales, se acordó un esquema de dos audiencias públicas federales que retrasarán el tratamiento en el recinto hasta, por lo menos, mediados de abril.
El plan original de La Libertad Avanza, encabezado por los diputados Nicolás Mayoraz y el sanjuanino José Peluc, buscaba dictaminar de manera inmediata.
Sin embargo, la presión de bloques como la Coalición Cívica y Unión por la Patria, invocando el Artículo 41 de la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú, obligó al gobierno a ceder para evitar que la fuera cuestionada en la justicia una vez aprobada.
La nueva hoja de ruta establece que el 25 y 26 de marzo se realizarán jornadas de consulta bajo un sistema híbrido. La primera será presencial en el Congreso y la segunda, de carácter virtual, buscará garantizar la voz de las provincias cordilleranas y las comunidades indígenas.
El oficialismo confía en que cuenta con los 130 votos necesarios para aprobar la reforma tras Semana Santa.
Este mecanismo no es menor: la oposición busca que el debate no se agote en la producción minera, sino que abarque la interjurisdiccionalidad de los recursos hídricos.
El impacto de la demora en modificar la Ley de Glaciares en el «reloj» de las inversiones
Este retraso administrativo impacta directamente en la previsibilidad que demandan los grandes proyectos de cobre y litio.
Argentina viene de un 2025 histórico, donde bajo el amparo del RIGI las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares.
Sin embargo, para alcanzar la ambiciosa meta de superar los 30.000 millones de dólares en la próxima década, la industria considera vital la reforma de la ley de 2010.
La posibilidad de que se introduzcan modificaciones en las audiencias de marzo abre un interrogante técnico, si la ley vuelve al Senado con cambios, el proceso de «empalme» productivo entre las minas maduras y los nuevos proyectos podría dilatarse más de lo previsto.
El debate de fondo sigue siendo el control del Inventario Nacional de Glaciares.
La reforma propuesta busca debilitar la centralidad del IANIGLA para otorgar a los gobernadores, como Raúl Jalil (Catamarca) o Marcelo Orrego (San Juan), mayor control sobre la delimitación de las áreas periglaciares y la aprobación de estudios de impacto ambiental. El gobernador Jalil ha sido claro: «No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza».
Con este nuevo cronograma, el oficialismo proyecta sacar despacho de comisión recién después de Semana Santa, entre el 7 y 8 de abril.
Para el sector minero, que cerró un 2025 con exportaciones récord de USD 6.037 millones, cada semana de debate es clave para definir si se logrará alcanzar la ambiciosa meta de los USD 30.000 millones en la próxima década.
La oposición logró fijar dos audiencias públicas y retrasa el debate de la Ley de Glaciares hasta abril.
La Ley de Glaciares entra en una fase de «democracia deliberativa» que, aunque retrasa los plazos del gobierno, podría otorgarle la legitimidad necesaria para resistir impugnaciones.
El 2026 se perfila como el año de las definiciones, donde el salto exportador de la Argentina se juega tanto en la profundidad de los yacimientos de San Juan como en la capacidad de consenso en los pasillos del Congreso Nacional.
