Se anticipa un aumento para este mes, aunque a partir de abril empiezan las especulaciones. Mientras que el gobierno busca que el precio de las naftas y el gas no se dispare, desde el sector reclaman que los valores de los surtidores están desactualizados.
La combinación entre el incremento en el valor de los biocombustibles y una inflación mensual del 6% en el arranque del año, pone bajo la lupa la inminente suba en los precios de los surtidores. Desde la cartera de economía aseguran que el alza no superará el 4%, pero los privados reclaman cifras mayores. En tanto de cara a abril, cuando finaliza la postergación del Impuesto a los Combustibles (ICL) y del Impuesto al dióxido de Carbono (CO2), Nación debe decidir si descongela las tarifas o no.
La situación es compleja, dado que el último aumento en el bioetanol fue del 5% lo que impacta directamente en los costos de producción de las naftas. La medida fue establecida en el Programa Precios Justos, donde se diagramó los plazos y las cifras en que incrementarán los combustibles. Esa hoja de ruta finaliza en abril y la última suba planificada se dará este mes y será del 3,8%, aunque aun no hay fecha oficial.
En abril, cuando finaliza la postergación del Impuesto a los Combustibles (ICL) y del Impuesto al dióxido de Carbono (CO2), Nación debe decidir si descongela las tarifas o no.
Por su parte, algunas cámaras empresarias de expendedores advirtieron que, si se mantienen los impuestos, la situación puede desembocar en un desequilibrio económico que provoque el cierre de muchos privados. En sintonía, el CEO de Vista, Miguel Galuccio indicó que es necesaria una política de precios más claras, y aseguró que el congelamiento no es bueno para potenciar inversiones
El oficialismo por su parte busca evitar problemas de abastecimiento por lo que restablecieron algunos beneficios impositivos para la importación de combustibles. En esa línea, se resolvió que las refinadoras que compren gasoil y naftas en el extranjero podrán solicitar una suma equivalente a la que deban pagar en concepto de Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y el Dióxido de Carbono.
Así quedó establecido mediante el decreto 86/23, donde además se fijó hasta un máximo del 20% de las ventas en el mercado interno para el gasoil importado perfeccionadas entre el 1° de enero de 2023 y el 28 de febrero de 2023, ambas fechas inclusive. En tanto, para las naftas el máximo es del 17% de las ventas tomando el mismo período.
Este incentivo había sido utilizado a mitad del año pasado durante la crisis de abastecimiento, pero aquella medida no contemplaba las naftas. Además, con el objetivo de no desalentar a la producción local, nación aseguró que podrán adherirse al Régimen de Incentivos al Abastecimiento Interno de Combustibles, las empresas refinadoras sean abastecedores domésticos excedentarios de gasoil o naftas y que tengan su capacidad de refinación al máximo.
Si bien el oficialismo aún no se pronuncio con respecto al precio de los surtidores, todo parece indicar que se prolongaría el congelamiento que ya acumula 6 trimestres. Esto equivale a una pérdida de recursos fiscales en torno a los 2.500 millones de dólares desde 2020, de los cuales 1.800 millones de dólares fueron sólo el año pasado.
El impacto sobre YPF
La petrolera nacional se ve directamente afectada por el conflicto ya que sus ingresos se componen en su mayoría por las ventas en los surtidores. De esta manera, la determinación del gobierno sobre los impuestos tendrá influencia directa sobre la caja de la compañía.
En ese marco, la compañía apuesta por Vaca Muerta y se prevé que ratificará el plan inversiones para 2023, de los cuales cerca de 4.000 millones de dólares serán para Vaca Muerta. El anuncio se espera para el próximo viernes, cuando las autoridades de YPF, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, realizarán la presentación del plan quinquenal en un evento en la Bolsa de Nueva York.
