En una audiencia de dos horas, los jueces interrogaron a las partes sobre la aplicación del derecho argentino y la jurisdicción de EEUU en el caso. Argentina sostuvo que el fallo de primera instancia “inventó un remedio sin precedentes”.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York celebró el miércoles una audiencia clave en el litigio por la expropiación de YPF, caso que desde hace años enfrenta al Estado argentino con el fondo Burford Capital.
Durante casi dos horas, los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon los argumentos de ambas partes, en una sesión que podría definir el futuro de la condena por 16.000 millones de dólares contra la Argentina, dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska.
El encuentro, realizado en el histórico edificio Thurgood Marshall, concentró la atención de casi doscientos asistentes, entre abogados, asesores y observadores especializados.
El fallo de la jueza Loretta Preska fue “el mayor dictado nunca contra un Estado soberano por el Distrito Sur de Nueva York”, indicó la defensa de Argentina ante la Corte de Apelaciones.
La audiencia despertó interés no solo por la magnitud económica del reclamo, sino también por las implicancias internacionales del fallo, que podría sentar un precedente sobre el alcance de la jurisdicción estadounidense en casos de expropiación soberana.
El argumento de Argentina en el juicio por YPF
El abogado Robert Giuffra, representante de la Argentina y socio del estudio Sullivan & Cromwell, encabezó la defensa del país. Estructuró su exposición en tres ejes: la aplicación del derecho público argentino, las normas societarias que rigen a YPF y el método utilizado por el tribunal de primera instancia para calcular los daños.
“La Corte del distrito inventó un remedio sin precedentes no autorizado por la ley argentina”, afirmó durante su intervención. Giuffra insistió en que el caso debió haberse tramitado en la Argentina, dado que “los reclamos de los demandantes son exclusivamente de derecho argentino”.
Además, advirtió que el fallo de Preska fue “el mayor dictado nunca contra un Estado soberano por el Distrito Sur de Nueva York”. Para la defensa, los accionistas afectados tenían la obligación de recurrir a los mecanismos previstos por la legislación local, tal como lo hicieron otros grupos en el pasado.
La respuesta de los representantes de Burford Capital
Los jueces del panel interrogaron de manera equilibrada tanto a Giuffra como a Paul Clement, abogado de Burford Capital, quien sostiene que la Argentina asumió compromisos internacionales al permitir que YPF cotizara en la Bolsa de Nueva York en 1993.
“Ese marco implicaba una oferta pública obligatoria si el Estado retomaba el control, y el compromiso alcanzaba a todos los accionistas”, argumentó Clement, al rechazar que el litigio deba resolverse exclusivamente en el país.
Para Burford, el incumplimiento de los estatutos constituye una violación contractual y no un asunto de derecho público, lo que justifica la competencia de los tribunales norteamericanos. Clement también señaló que sus representados enfrentaban “riesgos procesales en la Argentina”, y que por ese motivo “la elección de foro estadounidense es común cuando los demandantes temen no obtener un trato imparcial en el extranjero”.
Si bien es imposible medir la eficacia de los argumentos antes de la resolución del juicio, el mercado respondió de manera desfavorable para el estudio inglés. Mientras los abogados concluían sus exposiciones en Nueva York, las pantallas en Buenos Aires mostraban una caída cercana al 10% en las acciones de Burford Capital.
La cuestión del pago
La audiencia avanzó luego sobre el punto más sensible: la estimación de los daños. Giuffra cuestionó el método empleado por la jueza Preska y sostuvo que la compensación debería haberse calculado en pesos y conforme a la fecha de sentencia.
Además, recordó que Repsol, principal accionista afectado por la estatización de 2012, ya había sido indemnizada con 5.000 millones de dólares, lo que a su entender cerraba los reclamos de quienes sufrieron la expropiación directa.
Desde la Procuración del Tesoro, los representantes argentinos subrayaron que el caso se apoya en “ficciones jurídicas” y destacaron que el tribunal de apelaciones tiene la responsabilidad de aplicar correctamente el derecho local. La defensa oficial considera que la jueza Preska interpretó de manera errónea los estatutos de la compañía y el alcance del derecho público en la decisión de expropiación.
La Corte no tiene plazo para emitir su resolución, pero se espera que el fallo se conozca en el transcurso de 2026. Hasta entonces, el caso YPF seguirá siendo uno de los litigios más observados en el ámbito financiero y judicial internacional.
