Los gobernadores presentaron un recurso en Comodoro Py para representar los intereses de las jurisdicciones hidrocarburíferas y defender el patrimonio de las provincias frente al fallo dictado en Nueva York.
El juicio por YPF suma nuevos capítulos y ¿nuevos querellantes? Esta semana, los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; Chubut, Ignacio Torres; y Santa Cruz, Claudio Vidal, presentaron un recurso ante la Justicia argentina para ser admitidos como querellantes en la causa vinculada a la petrolera.
El planteo se realizó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 7, pocos días después de que la Procuración del Tesoro elevara sus argumentos escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, donde busca revertir la orden que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal.
Uno de los argumentos centrales se relaciona con las participaciones provinciales en la petrolera estatal, como productoras de hidrocarburos.
En el escrito, los mandatarios provinciales invocaron los artículos 82 y 83 del Código Procesal Penal de la Nación para solicitar su incorporación formal. “Solicitamos se nos admita como parte querellante en la causa N° 3518/2006, en defensa de los recursos y los intereses de las provincias que representamos”, expresaron.
Según remarcaron, la participación activa en el expediente es esencial para resguardar el patrimonio provincial frente a decisiones que, de concretarse, modificarían de manera sustancial la estructura accionaria de YPF.
La postura de los gobernadores
El planteo hace hincapié en la necesidad de agilizar el trámite judicial. “Esta presentación obedece a la necesidad de avanzar con premura en la investigación de los hechos denunciados hace casi 20 años, en razón de que su esclarecimiento podría tener un efecto directo en la suerte de decisiones judiciales dictadas en el extranjero”, sostuvieron los gobernadores, aludiendo de manera directa a las consecuencias patrimoniales que acarrean los fallos de tribunales extranjeros.
Uno de los argumentos centrales se relaciona con la defensa de la soberanía energética y de la participación provincial en la compañía. Para los mandatarios, la entrega de acciones dispuesta por la justicia estadounidense comprometería “de forma inmediata e irreversible su estructura accionaria y su gobierno corporativo”.
El escrito recuerda además los antecedentes de la operación que permitió el ingreso del grupo Petersen a YPF, al que se acusa de haber contado con financiamiento privilegiado respaldado por los propios dividendos de la compañía.
Según se lee en la presentación, ese esquema derivó en un “vaciamiento de la compañía hasta la expropiación parcial de YPF”, con efectos que, a juicio de los mandatarios, incidieron tanto en la pérdida de soberanía hidrocarburífera como en el incremento del déficit fiscal.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue uno de los más enfáticos al justificar la medida. Señaló que el fallo dictado en Nueva York “no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF y que solo se puede embargar lo que le pertenece al demandado, en este caso el Estado argentino”.
A su vez, criticó el traspaso del juicio iniciado por el grupo Eskenazi a Burford Capital, fondo al que definió como “muy conocido por los argentinos por el daño que le ha hecho al país”.
En respaldo de su postura, los mandatarios citaron el artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
También recordaron disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, que declara a los yacimientos parte del “patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales”, reforzando así la legitimidad de su reclamo ante los tribunales.
El fallo en el juicio por YPF
E lconflicto se remonta a septiembre de 2023, cuando la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar 16.099 millones de dólares por no haber extendido la oferta de compra a todos los accionistas minoritarios durante la estatización de YPF.
Esa sentencia se mantiene vigente, aunque apelada, y el Gobierno argentino ha advertido que su ejecución “podría aniquilar las reservas del país”, dada la magnitud de la suma reclamada.
La estrategia de los gobernadores combina la vía penal local con la intervención indirecta en el proceso extranjero, al señalar que lo que se resuelva en Comodoro Py puede incidir sobre el alcance de los fallos internacionales.
El pedido de incorporación como querellantes será evaluado por el juez federal a cargo de la causa. En caso de aceptarse, Mendoza, Chubut y Santa Cruz podrán participar activamente en la investigación y en las medidas probatorias.
Mientras tanto, en Estados Unidos continúa el curso de la apelación presentada por la Procuración del Tesoro, lo que mantiene abierto un escenario judicial complejo con implicancias directas tanto para el Tesoro nacional como para las provincias productoras de hidrocarburos.
