Ambas partes advierten que la participación de una organización creada, paradójicamente, para defender al país podría entorpecer el proceso judicial. El organismo cuestiona su exclusión de la causa y busca suspender una audiencia clave para la apelación del gobierno nacional, pautada para octubre.
Mientras avanza el el juicio por YPF, se dio una situación un tanto particular. Sucede que tanto el Estado argentino como Burford Capital, el fondo que logró en primera instancia un fallo a su favor por u$s 16.000 millones como retribución por la reestatización de la empresa, coincidieron en rechazar la intervención de la ONG Republican Action for Argentina (RA4ARG).
Aunque parten de argumentos distintos, ambas partes compartieron ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York su oposición a que la organización altere el curso del proceso judicial, en especial en la etapa de apelación actualmente en curso.
La ONG había solicitado que se anule la sentencia emitida en septiembre de 2023 por la jueza Loretta Preska, y propuso que la investigación del caso se retrotraiga a la nacionalización de YPF. Desde el punto de vista de RA4ARG, ese momento inicial sería clave para revisar si existieron irregularidades que podrían invalidar la condena.
Sin embargo, Argentina y Burford ven en ese planteo una potencial fuente de demoras y complicaciones procesales. “Nos preocupa que demore el proceso y no creemos que puedan ayudar, la verdad. A veces por querer dar una mano, se puede terminar complejizando todo”, expresaron fuentes oficiales, que remarcaron que la estrategia de defensa sigue su curso y que se debe evitar cualquier obstáculo que la entorpezca.
Desde el Gobierno también insistieron en que todas las denuncias de corrupción serán tomadas en serio y que están dispuestos a colaborar con cualquier pesquisa del Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación con la nacionalización de la petrolera.
La posición del fondo de inversión británico
Burford, por su parte, sostuvo que la intervención de RA4ARG fue presentada de manera extemporánea y que la ONG no tiene derechos legales sobre la causa. El fondo de inversión británico adquirió los derechos del juicio a los accionistas Petersen Energía y Eton Park y es, hasta el momento, el principal beneficiario del fallo emitido por Preska.
En sus presentaciones, remarcó que cualquier revisión o inclusión de nuevos actores podría alterar su posición adquirida tras años de litigio.
En marzo pasado la jueza Preska ya había rechazado el intento de RA4ARG de incorporarse formalmente a la causa. Frente a esa negativa, la organización apeló, y es en ese contexto que tanto el Estado argentino como Burford reiteraron sus argumentos en contra de la participación de la ONG.
Ahora, la Cámara de Apelaciones deberá definir si mantiene esa exclusión o si da lugar a una revisión.
¿Se suspende la próxima audiencia?
El pedido de RA4ARG incluye también la suspensión de la audiencia prevista para fines de octubre, en la que la Corte de Apelaciones escuchará los argumentos orales de las partes sobre la apelación principal.
Esa solicitud está bajo análisis del tribunal y se espera una decisión en los próximos días. Mientras tanto, la ONG dispone de 21 días para responder los escritos presentados por el Estado y por Burford.
Paralelamente, el Estado argentino busca que la apelación de RA4ARG no interfiera con la que ya presentó contra el fallo de Preska. Según lo expuesto ante la corte, los representantes del país pidieron que ambos procesos sigan caminos separados para evitar dilaciones.
También reiteraron que, dependiendo de lo que surja en las investigaciones, podrían evaluar acciones futuras que incluyan el pedido de nulidad de la condena. Con los intereses acumulados, el monto de la sentencia en primera instancia ya supera los 17.000 millones de dólares.
