Un nuevo índice elaborado en la UNSaM pone en foco las condiciones reales que ofrece la región para captar proyectos sostenibles, en un escenario donde los recursos energéticos y naturales en general abundan, pero los desafíos estructurales siguen pesando.
Las diez provincias que integran el Norte Grande argentino concentran algunos de los recursos naturales más valiosos del país para la transición energética y el desarrollo sostenible.
Sin embargo, esa dotación estratégica convive con desigualdades profundas que condicionan la llegada y la consolidación de inversiones productivas.
Más allá de las posiciones individuales, el informe advierte sobre problemas estructurales compartidos por toda la región.
Esa es la principal conclusión del Índice de Inversor Verde, elaborado por investigadores de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), que analiza el desempeño relativo de las provincias de la región como destino de inversiones sostenibles.
El trabajo propone una mirada integral sobre el clima de negocios en cada provincia, alejándose de lecturas centradas exclusivamente en los recursos disponibles.
Para eso, construye un ranking a partir de 35 indicadores agrupados en tres grandes dimensiones: facilidad, seguridad y sostenibilidad. Cada una de ellas sintetiza variables institucionales, productivas, sociales y ambientales que, en conjunto, determinan la capacidad de los territorios para atraer capitales de largo plazo.
Un ranking que expone contrastes internos
Los resultados muestran un Norte Grande lejos de ser homogéneo. En el extremo inferior del ranking aparecen Formosa y Santiago del Estero.
Ambas provincias exhiben niveles relativamente sólidos de seguridad institucional, pero presentan rezagos significativos en facilidad para invertir y, sobre todo, en indicadores vinculados a la sostenibilidad ambiental y social.
Un escalón por encima se ubica Chaco, que combina valores medio-altos en facilidad y seguridad, aunque arrastra debilidades marcadas en sostenibilidad, lo que limita su atractivo para proyectos verdes.
En la zona media se encuentran Salta y Misiones, con perfiles distintos pero desafíos similares. Salta destaca por un desempeño alto en sostenibilidad, apoyado en su potencial ambiental, aunque la facilidad media y una seguridad más frágil reducen sus condiciones generales.
Misiones, en cambio, logra buenos resultados en facilidad, pero sus déficits en seguridad y sostenibilidad afectan la competitividad de largo plazo.
Más arriba aparece Tucumán, con puntajes medio-altos en facilidad y elevados en seguridad, junto con una sostenibilidad intermedia.
Catamarca también se ubica en la parte superior del ranking, impulsada por sus recursos estratégicos y su capacidad económica, pero con una debilidad clara en materia de seguridad.
El podio lo integran Jujuy, Corrientes y La Rioja. Jujuy se destaca por su potencial verde y un mejor desempeño social dentro de la dimensión de sostenibilidad. Corrientes Corrientes sobresale por sus altos valores en facilidad y seguridad, y buenos registros en previsibilidad institucional; aunque su sostenibilidad se mantiene en niveles medios.
En el primer lugar se posiciona La Rioja, que logra integrar de manera más equilibrada las tres dimensiones y aparece como la jurisdicción con mayor margen para consolidar un entorno de inversión coherente y estable.
Recursos estratégicos y límites estructurales
Más allá de las posiciones individuales, el informe advierte sobre problemas estructurales compartidos por toda la región.
Bajos niveles de productividad, escasa generación de empleo formal, restricciones fiscales y déficits persistentes en infraestructura y servicios básicos configuran un escenario que condiciona cualquier estrategia de desarrollo.
Estas limitaciones explican por qué el potencial verde no se traduce automáticamente en bienestar ni en crecimiento sostenido.
Al mismo tiempo, el Norte Grande dispone de un acervo estratégico difícil de igualar: minerales críticos, altos niveles de radiación solar, biomasa, biodiversidad y una base agroproductiva, forestal, turística y cultural de gran valor.
A eso se suman sectores emergentes vinculados a la bioeconomía y la economía del conocimiento, que abren oportunidades de diversificación productiva si se logra cerrar las brechas existentes.
Instituciones, impuestos y desarrollo regional
El índice también incorpora un análisis de competitividad fiscal verde, centrado en las alícuotas de Ingresos Brutos aplicables a pymes en seis actividades económicas.
Allí se observa que los incentivos tributarios, si bien relevantes, no alcanzan por sí solos para atraer inversiones sostenibles si no están acompañados por marcos regulatorios estables, planificación de largo plazo y capacidades estatales consolidadas.
El informe es contundente al señalar que la institucionalidad marca la diferencia. Las provincias con mejores resultados combinan continuidad administrativa, reglas claras y menor conflictividad social. En contraposición, donde prevalece la fragmentación o la alta rotación de funcionarios, la previsibilidad se debilita y el interés inversor se diluye.
