El presidente de la DPP, Roberto Murcia, reconoció errores en la ley 1.071 y adelantó que responderán por las fallas de infraestructura del puerto. El gobernador adjudicó el informe al proceso electoral.
El presidente de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, Roberto Murcia, salió al cruce de las versiones que circularon en las últimas horas sobre una posible intervención del Puerto de Ushuaia por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables (ANPYN).
Lo hizo tras conocerse el informe de la ANPYN respecto a los manejos financieros del puerto, y las falencias estructurales que pondrían en riesgo la integridad del muelle de Ushuaia, que ponen en jaque su capacidad para seguir recibiendo a los cruceros y buques porta contenedores.
Por su parte, el gobernador fueguino, Gustavo Melella, aseguró que se trata de una situación motivada en decisiones políticas y no técnicas.
“Lo que estamos tratando es un informe preliminar producto de una inspección solicitada por la Agencia Nacional de Puertos. Ese informe fue elevado al director ejecutivo de esa entidad, y nosotros fuimos puestos en copia con un plazo de cinco días para responder a las observaciones que allí se detallan”, explicó Murcia.
El dirigente confirmó que en los próximos días enviarán su nuevo descargo a la autoridad portuaria nacional, y esperarán el resultado del proceso administrativo.
Desde Nación se mencionan posibles sanciones que van desde una multa hasta una intervención, pero eso no significa que el puerto vaya a ser intervenido», dijo Murcia.
El directivo portuario reconoció que la ley 1.071, que originó la inspección, pasó sobre la autonomía del puerto, al transferir los fondos de la DPP a las arcas provinciales para cubrir parcialmente una deuda.
“Nosotros contestamos esa nota de la ANPYN en su momento, incluso con una presentación firmada por la mayoría de los empleados portuarios. Le explicamos al gobernador que no contábamos con recursos para transferir a ese fondo. El gobernador acompañó nuestra respuesta y solicitó a la Legislatura la derogación parcial del artículo que involucra al puerto en dicha ley”, remarcó.
Además de las fallas estructurales en las defensas del muelle, de seguridad operativa y de los pilotes gastados, rotos o faltantes, el informe de ANPYN cuestionó el rol de prestamista que el puerto mantiene con la provincia, con créditos para construir hospitales u otras obras.
Sobre este punto, Murcia aseguró que “todo se enmarca dentro de los mecanismos legales de gestión financiera” y que el objetivo de estas colocaciones es preservar el valor real del dinero, especialmente frente al contexto inflacionario.
Además, sostuvo que el informe en cuestión ha sido malinterpretado por ciertos sectores. “Desde Nación se mencionan posibles sanciones que van desde una multa hasta una intervención, pero eso no significa que el puerto vaya a ser intervenido. De ninguna manera están dadas esas condiciones. Es una mala lectura del informe”, advirtió, anticipando algún tipo de sanción.
Por último, aseguró que la temporada de cruceros no sufrirá modificaciones, una preocupación que manifestaron tanto empresarios del sector como los propios trabajadores del puerto.
“El puerto de Ushuaia está operativo”
Por su parte, el gobernador fueguino Gustavo Melella también se manifestó tras el informe de la ANPYN, y aseguró que se trata de “una operación mediática” contra su gestión.
En redes sociales, Melella sostuvo que “a 10 días de las elecciones, intentan desprestigiar una obra estratégica con un informe tendencioso”.
Además, afirmó en diálogo con el diario Clarín que “el puerto de Ushuaia cumple con toda la documentación y certificaciones exigidas por los organismos competentes”.
