La empresa que tiene la concesión de los corredores viales por donde pasa la mayor parte del transporte de carga del Mercosur y Vialidad Nacional cruzan acusaciones. Qué opciones se están barajando para octubre cuando la concesión llegue a su fin.
Las rutas nacionales 12, 14 y 18 son algunas de las principales arterias por las cuales circula la gran parte del transporte de carga del Mercosur . Se trata de los vasos comunicantes que vinculan a la Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay, y quienes la circulan a diario saben de las muy malas condiciones de mantenimiento en que se encuentran. Administradas por la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa) la concesión vence en octubre próximo y el futuro es pura incertidumbre.
La empresa entró semanas atrás en convocatoria de acreedores y viene enfrentando desde hace semanas fuertes multas aplicadas por Vialidad Nacional ante el incumplimiento de las inversiones y obras de mantenimiento y mejoras comprometidas contractualmente.
Frente a este más que complejo escenario y ante la proximidad del fin de la concesión en los despachos oficiales ya comenzaron a barajarse varias opciones para enfrentarse a la era post Crusa a partir de octubre próximo.
Las posibilidades que se abren son tres: Corredores Viales, una empresa del Estado; una nueva concesión o Vialidad Nacional.
En ese sentido Daniel Koch, Jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, confirmó este miércoles en declaraciones radiales que ya se están analizando los distintos escenarios y aventuró que “las posibilidades que se abren son tres: Corredores Viales, una empresa del Estado; una nueva concesión o Vialidad Nacional”.
Y aseguró: “Estamos preparados y en capacidad de hacernos cargo de la conservación de la Autovía de la Ruta 14 como del viaducto Rosario-Victoria en caso de ser necesario”.
“Siempre lo que es por parte del Estado es más barato que lo concesionado. En función de eso, estamos defendiendo una posición que hemos demostrado con números y con creces que el mantenimiento de la ruta es sustentable”, siguió Koch.
Y aventuró que “la decisión seguramente se va a tomar con anticipación, teniendo en cuenta que no es de un día para otro. Nosotros tenemos que poner en valor los obradores, debemos tener la maquinaria y hay que ver el tema de la gente”.
El contraataque de la empresa
En la vereda de enfrente la empresa a cargo de la concesión estos corredores viales vitales para el comercio del Mercosur carga las tintas sobre el Estado y ya le inició una serie de juicios.
En ellos acusan al Estado por supuesto incumplimiento contractual, lo demandan por daños y perjuicios que aseguran provocó la parálisis regulatoria y por el trato de la administración pública con la concesionaria.
Todo esto mientras se presentó en concurso preventivo de acreedores en la Justicia comercial, ya que no puede pagar sus pasivos.
La empresa advierte además que desde marzo de 2019 hasta ahora, con una inflación que ya supera el 300% y costos del sector que treparon 523%, hubo dos aumentos tarifarios que en conjunto representan un incremento de 37,5%.
Mariano Bradanini, vocero de Crusa, se defendió de las críticas por la falta de mantenimiento de las rutas aseguró que las sucesivas y millonarias multas sólo estarían cerrando cada vez más el cuello de botella financiero al señalar que “las multas forman parte de esta falta de comunicación que hay con las autoridades y quitan la posibilidad directa de poder hacer obras sobre la ruta, porque no hay manera de que el cálculo cierre”.
En tanto Vialidad Nacional inició un proceso de imposición de multas y reclama a la empresa concesionaria 2.804 millones de pesos de compensación por obras no realizadas. En los expedientes administrativos, la empresa dice que no se hicieron por falta de cumplimiento de contrato por el Estado y que, pese a eso, ejecutaron obras por 2.666 millones de pesos.
