La llegada del nuevo gobierno promueve el avance de un esquema privado y se espera la definición de los equipos técnicos. En paralelo, la gestión entrante deberá dialogar con Paraguay para cerrar las diferencias en torno al peaje.
La Hidrovía es la autopista fluvial del comercio exterior argentino, así como de buena parte de nuestra región –especialmente para Bolivia y Paraguay-. Por allí circula el 80% de las exportaciones nacionales, llegando en algunos sectores (como el de los vehículos) a superar el 95% de transporte por esa vía. De ahí la trascendencia de su futuro.
El modelo de los 90´s, que incluyó su profundización y la instalación de puertos en la zona núcleo de la exportación agroindustrial (desde Santa Fe hasta Zárate, principalmente), encontró claros límites por la falta de nuevas obras desde 2010, y la concesión finalizó en el 2020.
A diferencia de la década del 90, cuando se hizo una concesión por 25 años, hoy las leyes exigen un exhaustivo estudio de impacto ambiental.
Tras una extensión de un año, finalmente el gobierno nacional entregó una concesión temporal a la Administración General de Puertos, la empresa estatal que administra el Puerto de Buenos Aires.
Con el cambio de gobierno, el sector privado retomó el pedido de encarar una nueva etapa en la Hidrovía, con obras estratégicas que permitan el ingreso de barcos más grandes y, por ende, pueden trasladar más carga, abaratando los costos. Algo que en la gestión del nuevo presidente verían con buenos ojos, según las primeras declaraciones de quienes asumirían a partir del 10 de diciembre.
Para eso, hace falta una nueva licitación. La misma podría recaer tanto en el Ente de Control de la Vía Navegable, creado en el gobierno saliente, la propia Administración General de Puertos o en el futuro Ministerio de Infraestructura.
Esa licitación, sin embargo, presenta plazos de largo aliento. A diferencia de la década del 90, cuando se hizo una concesión por 25 años, hoy las leyes exigen un exhaustivo estudio de impacto ambiental. Con lo cual, es necesario hacer un relevamiento de la traza de cerca de 1.400 kilómetros y analizar cómo impactaría sobre el río –las comunidades, los ecosistemas, etc- el mayor dragado para profundizar la vía. Sólo eso, coinciden en el sector, demandaría al menos dos años.
Luego sería el turno de la confección de los pliegos y el proceso licitatorio, que se anticipa no estará exento de reclamos y disputas judiciales, en base a las experiencias previas. Es por eso que se espera la definición de los equipos técnicos que tendrán a cargo la tarea, así como el marco normativo en el que se avanzaría.
Cabe destacar que al día de hoy, el decreto 949 firmado por Alberto Fernández en mayo del 2020 establece el llamado a una nueva licitación privada de la denominada Vía Navegable Troncal –el tramo argentino de la Hidrovía, que sigue hasta Brasil pasando por Paraguay-.
No obstante el reconocimiento del sector privado a la gestión estatal que se hizo cargo de las tareas en septiembre de 2021 durante la histórica bajante del río, los Gobernadores de las provincias vinculadas a la Hidrovia reclamaron vía un esquema de obras, la extensión hacia el norte –definida como objetivo allá por el 2010, cuando se concretó el avance desde Santa Fe hasta Confluencia- y el avance de los estudios para definir nuevas profundidades.
El conflicto con Paraguay
En paralelo, el nuevo gobierno buscará cerrar las diferencias con Paraguay en torno del peaje cobrado en ese tramo norte de la Hidrovía, donde Argentina hace el mantenimiento pero no percibe ingresos para solventar esas tareas.
Tras las críticas del país vecino –con una de las flotas fluviales más grandes del mundo– se organizaron mesas técnicas en las que se expusieron las tareas realizadas y los beneficios que implican para una navegación más eficiente y segura. Ese diálogo se dio en el marco de una tregua, que vence el último día de noviembre, respecto de los reclamos –incluso, judiciales- del cobro del peaje adeudado.
Con ese camino avanzado, el gobierno entrante deberá plantear si continúa la discusión con Paraguay o da por terminado el debate técnico y reclama el pago del peaje sin nuevas rondas de diálogo.