La Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Rosario hizo lugar a un pedido de abogados ambientalistas y exigió detener el dragado en la zona y presentar estudios ambientales.
Una decisión administrativa de abril de 2021 genera todavía impacto en la navegación de la ruta fluvial más importante del país. En ese momento, la gestión de Hidrovía S.A., la empresa que operaba la Hidrovía, comenzó un cambio de traza frente a un islote en Ramallo.
En un contexto de bajante hídrica extraordinaria –que se extendió por años-, el mismo río bajó su caudal en el tramo superior (brazo izquierdo) de la zona conocida como Paso Las Hermanas, uno de los “pasos críticos” donde el dragado suele ser más exigente para garantizar la profundidad que asegure la navegación de los grandes buques de ultramar que recorren la vía navegable.
En ese marco, se decidió utilizar el tramo inferior (brazo derecho) de la zona, más cercano a la costa del distrito, que había sido utilizado décadas atrás. Ese cambio de traza, habitual en la gestión de la navegación, derivó en una judicialización que podría frenar todas las operaciones de mantenimiento de la vía.
Eso, debido a que abogados ambientalistas objetaron esa medida e iniciaron pedidos judiciales para interrumpir el dragado en la zona.
Si la medida judicial prosperara, cada ajuste de traza realizado en pasos críticos podría derivar en un potencial conflicto judicial que pusiera en jaque las obras de mantenimiento necesarias para la navegación de los grandes buques de ultramar
En primera instancia, el pedido fue descartado. Pero los ambientalistas apelaron a la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Rosario, que días atrás pidió al gobierno informes ambientales y ordenó el cese del dragado en esa zona.
Esta vez, el pedido –basado en la falta de audiencias públicas para compartir los informes ambientales generados durante el mantenimiento del canal de navegación- sumó además declaraciones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), destacando la necesidad de realizar estudios antes de aprobar obras a la concesionaria –en aquel entonces, privada, y posteriormente a cargo una empresa estatal-.
En su análisis, la Sala B de la Cámara de Apelaciones de Rosario estimó que corresponde convocar nuevamente a las partes (organismos nacionales) a presentar los informes ambientales vinculados con la obra.
Mientras tanto, y hasta que se produzca un fallo de fondo, quedaría prohibida la intervención en el tramo mencionado.
Los argumentos de la intervención en la Hidrovía y la preocupación a futuro
En respuesta a las acusaciones de abogados ambientalistas, las posturas de organismos estatales (por entonces, ministerio de Ambiente, Ecovina, Secretaría de Puertos y Vías Navegables, entre otros) resaltaron la importancia del mantenimiento de la vía navegable y las medidas tomadas.
En la contienda judicial, señalaron que el cambio de traza tuvo por objeto seguir los cambios propios del río, y evitar un dragado considerablemente mayor para mantener la traza del brazo izquierdo del Paso Las Hermanas.
También aportaron los datos de estudios ambientales realizados años atrás, y las mediciones generadas durante la obra de intervención en el brazo derecho del paso crítico, en el mencionado contexto de la emergencia hídrica decretada por el gobierno nacional.
Uno de los principales argumentos fue que, en caso de concederse la medida cautelar solicitada por los ambientalistas, la falta de dragado podría poner en peligro la seguridad de la navegación en la ruta fluvial por la que circula el 80% del comercio exterior argentino.
De ahí surge la preocupación a futuro. Si la medida judicial prosperara, cada ajuste de traza realizado en pasos críticos podría derivar en un potencial conflicto judicial que pusiera en jaque las obras de mantenimiento necesarias para la navegación de los grandes buques de ultramar.
En momentos donde el sector privado y el gobierno definen cómo será la futura concesión de la Hidrovía, el riesgo judicial suma advertencias para el futuro del mantenimiento del canal de navegación.
