El país busca posicionarse como un jugador clave en el mercado global de ese combustible limpio, pero el sector aguarda definiciones para garantizar inversiones a largo plazo. La demoras en la sanción de una ley son hoy el principal obstáculo.
La transición energética sumó en los últimos años un nuevo capítulo en la Argentina: el desarrollo del hidrógeno verde (H2V), producido a partir de fuentes renovables como la energía eólica.
Este vector energético, visto como clave en los planes globales de descarbonización, ya cuenta con proyectos en distintas provincias del país, aunque su consolidación depende de la sanción de una ley que brinde certidumbre a inversores y empresas.
La falta de una “ley de hidrógeno” que unifique criterios e incentive la inversión es hoy uno de los principales obstáculos para su desarrollo en el país.
Un informe de la organización Fundar destacó que el hidrógeno de bajas emisiones representa una oportunidad para que “la Argentina se posicione como pionero en un sector emergente, diversifique y aumente las exportaciones, avance en la descarbonización industrial y promueva el desarrollo de capacidades locales a lo largo de toda la cadena de valor”.
La magnitud de la oportunidad, agrega el documento, exige dar previsibilidad normativa para mejorar la competitividad frente a otros países. La ausencia de un régimen claro mantiene en suspenso muchas de las inversiones millonarias anunciadas en los últimos años.
Hidrógeno verde: entre pioneros y grandes anuncios
El recorrido argentino en esta materia no es nuevo. Desde 2009, la empresa Hychico opera en Comodoro Rivadavia (Chubut) un parque eólico que destina parte de su generación a producir hidrógeno y oxígeno por electrólisis. Algo similar ocurre en Pico Truncado (Santa Cruz), donde funciona otra planta pionera.
Sin embargo, las expectativas del sector están puestas en las megainversiones que buscan aprovechar el potencial eólico de la Patagonia.
El caso más resonante es el de Fortescue Future Industries (FFI), que en 2021 prometió en Río Negro un desembolso de US$8.500 millones para un parque eólico, una planta de H2V y un puerto. Pero con el correr de los años, las comunicaciones sobre su evolución se volvieron ambiguas, generando dudas en 2024 sobre su continuidad.
En la misma provincia, Abo Energy impulsa tres desarrollos que prevén hasta 10 GW de potencia instalada y una producción estimada de 270.000 toneladas de hidrógeno y 1,5 millones de toneladas de amoníaco al año. El destino de esta producción sería principalmente la exportación.
Más al sur, Tierra del Fuego también se posiciona en el mapa. Allí, Southern Cone Energy (CWP Global) firmó un convenio con el gobierno provincial en 2024 para un proyecto integral que contempla energía eólica, electrólisis, desalinización de agua, producción de amoníaco e infraestructura portuaria.
La estadounidense MMEX, en tanto, había anunciado en 2022 una inversión de US$500 millones junto a la provincia, aunque no se registraron avances desde entonces.
En Santa Cruz, Nordex-Acciona proyecta el parque eólico Orkeke, con una potencia de 2,6 GW y una inversión inicial de 5000 millones de euros. El plan apunta a generar 170.000 toneladas de hidrógeno y 200.000 de amoníaco por año, con una decisión de inversión prevista para 2027.
También en Santa Cruz, RP Global, empresa dedicada al desarrollo y operación en el sector de energías renovables, presentó “Gaucho”, un ambicioso proyecto que producirá hidrógeno verde y amoníaco mediante energía eólica y electrólisis.
El emprendimiento contará con una capacidad operativa superior a los 15.000 MW, distribuidos 6.236 MW de capacidad de electrolizadores entre 8.777 MW de generación eólica instalada.
Proyectos en Buenos Aires y el debate por la ley
La apuesta por el hidrógeno no se limita a la Patagonia. En Bahía Blanca (Buenos Aires), ENARSA abrió en 2023 la licitación para un proyecto de 200 MW y US$300 millones de inversión. En esa misma ciudad, Profertil e YPF también exploran iniciativas vinculadas a la producción de H2V.
Estos desarrollos muestran la amplitud geográfica del interés por el hidrógeno, pero también reflejan las limitaciones que enfrenta el sector en ausencia de un marco regulatorio definido.
La falta de una “ley de hidrógeno” que unifique criterios e incentive la inversión es hoy uno de los principales obstáculos.
Distintos proyectos legislativos circulan en el Congreso, con enfoques divergentes respecto de plazos, beneficios fiscales y condiciones para exportar.
Lo que está claro, según coinciden especialistas, es que el sector necesita reglas estables y de largo plazo para no perder competitividad frente a países que ya avanzaron con regímenes de promoción.
El desafío, advierte Fundar, no se agota en captar divisas por exportaciones. Para que el hidrógeno se convierta en motor de desarrollo, debe generar “empleo calificado, transferencia tecnológica e industrial, descarbonización de sectores productivos nacionales y el cumplimiento de estándares ambientales y sociales”.
