Tras la firma de los nuevos contratos de concesión por las primeras cuatro centrales hidroeléctricas privatizadas, la Argentina inicia un proceso que alcanzará a una quincena de aprovechamientos con contratos vencidos o por vencer hasta 2029. El caso de Futaleufú marca el inicio de esta nueva etapa de prórrogas y definiciones.
El gobierno pasó una prueba difícil al llevar a cabo la primera gran privatización de la actual gestión. La firma de los contratos de concesión y transferencia de acciones para las centrales de la región del Comahue —Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados— marcó el fin de una era de incertidumbre técnica y legal.
El Estado Nacional logró garantizar ingresos por US$706 millones y habilitó el inicio de la transición hacia la toma de posesión operativa de las empresas adjudicatarias, cerrando así el primer ciclo de vencimientos de las privatizaciones realizadas en la década del 90.
Sin embargo, este hito es solo el punta de partida de un proceso mucho más amplio. Según se desprende del análisis técnico sobre la situación de las concesiones, el sistema eléctrico de la Argentina se enfrenta ahora a un cronograma exigente que involucra a una quincena de centrales adicionales cuyos contratos expiran progresivamente de aquí a 2029.
Tras la firma de los nuevos contratos de concesión por las primeras cuatro centrales hidroeléctricas privatizadas, la Argentina inicia un proceso que alcanzará a una quincena de aprovechamientos con contratos vencidos o por vencer hasta 2029.
La forma en que se resolvió el primer tramo de las concesiones vencidas podrán marcar el camino de lo que podría ocurrir también con las represas Los Nihuiles I, II y III, a las que luego se sumarán Agua del Toro, Los Reyunos, El Tigre, Río Hondo y Los Quiroga. También tienen contratos a vencer la represa de Futeleufú; las de Cabra Corral y El Tunal; la de Ullum, El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo, y cierra el ciclo Pichi Picún Leufú, en agosto de 2027.
El proceso del Comahue terminó con un mapa de operadores renovado. Central Puerto, el mayor generador del país, retuvo la operación de Piedra del Águila (1.440 MW) tras presentar una oferta de US$ 245 millones y comprometer un plan de inversiones de US$ 160 millones para modernización y seguridad.
Por su parte, la central Alicurá (1.050 MW) pasó a manos de Edison Energía, que desplazó a la estadounidense AES con una oferta superior a los US$ 162 millones. El Chocón-Arroyito (1.418 MW) será operada por BML Inversora (Grupo MSU), mientras que el complejo Cerros Colorados-Planicie Banderita (472 MW) también quedó bajo el control del grupo Edison tras una reñida puja económica.
Con la situación del Comahue resuelta, la atención se desplaza ahora hacia el resto de los activos estratégicos.
El caso más inmediato que puso el gobierno sobre la mesa es el de la Central Hidroeléctrica Futaleufú, cuya concesión acaba de ser extendida de forma excepcional hasta junio de este año. La prórroga busca ganar tiempo para definir un esquema de licitación o gestión similar al aplicado en el Comahue, evitando el vacío operativo en una central clave para el abastecimiento industrial.
Este proceso de normalización contractual se extenderá durante los próximos años. El relevamiento advierte que la hidroelectricidad es una pieza fundamental de la matriz energética nacional, no solo por su capacidad de generación renovable, sino por las «externalidades positivas» que genera, como el control de crecidas y el riego.
Con la situación del Comahue resuelta, la atención se desplaza ahora hacia el resto de los activos estratégicos. El caso más inmediato que puso el gobierno sobre la mesa es el de la Central Hidroeléctrica Futaleufú, cuya concesión acaba de ser extendida de forma excepcional hasta junio de este año.
El documento que sirve de base para estas propuestas alternativas subraya que la Argentina sufrió un marcado estancamiento en la construcción de nuevas grandes centrales tras las privatizaciones de los 90.
Mientras la potencia instalada de otras fuentes creció, la hidroeléctrica perdió peso relativo, afectada por la falta de financiamiento a largo plazo y la atomización de la gestión.
Los desafíos de la nueva etapa de las hidroeléctricas
La resolución de la situación contractual de las represas del Comahue y el inicio de la revisión para el resto de las concesiones —que incluyen aprovechamientos en distintas regiones del país— representa una oportunidad para discutir el futuro del sector.
El objetivo del gobierno nacional y las provincias de Neuquén y Río Negro es que este nuevo ciclo de gestión privada garantice no solo la renta fiscal, sino también la actualización técnica de activos que son estratégicos para la seguridad energética de la Argentina.
Más allá del impacto fiscal inmediato, la normalización de estos contratos pone sobre la mesa un debate técnico postergado sobre la vida útil y la seguridad de la infraestructura hidroeléctrica en la Argentina.
Según el análisis de distintos actores del sector, el país atraviesa una encrucijada donde la gestión privada no debe limitarse únicamente a la explotación comercial, sino que debe garantizar inversiones estructurales en el mantenimiento de presas y sistemas de evacuación de crecidas que, en muchos casos, superan los 50 años de antigüedad.
Este «segundo tiempo» de las privatizaciones que comienza con el Comahue y se extiende hacia Futaleufú y el resto de los aprovechamientos cordilleranos y del Litoral, exige un marco regulatorio que contemple las externalidades positivas de estas obras, como la regulación de cuencas para el consumo humano y el riego, funciones que exceden la mera generación de kilovatios.
El desafío para el Estado Nacional y las provincias, en este cronograma que se estira hasta 2027, radica en evitar la obsolescencia técnica de activos estratégicos que, de ser bien gestionados, constituyen la fuente de energía renovable más estable y competitiva con la que cuenta la matriz energética nacional en su camino hacia la descarbonización.
