El Gobierno prolonga hasta mediados de 2027 su estrategia para captar inversiones con particular interés en el sector energético. El nuevo esquema de beneficios para el sectori, igualmente, tiene pisos de inversión más altos.
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) seguirá vigente este 2026 y suma sectores previamente excluidos. Lo más relevante es la incorporación del “upstream” petrolero a pedido de las grandes operadoras que concentran su actividad en Vaca Muerta.
Ayer, el Gobierno nacional formalizó la ampliación mediante el Decreto 105/2026, que fue publicado en el Boletín Oficial y extendió hasta el 8 de julio de 2027 adhesión al esquema, confirmando una medida que había sido adelantada a fines del año pasado.
El umbral de inversión para proyectos de explotación de petróleo y gas se fijó en 600 millones de dólares, por encima de los 200 millones previstos originalmente.
Hasta esta modificación, para el petróleo y el gas el régimen contemplaba únicamente inversiones vinculadas a exportaciones y desarrollos offshore. En el caso de las actividades de perforación, conexión de pozos y plantas en tierra, el alcance se limitaba a los emprendimientos asociados a exportaciones de gas natural licuado (GNL).
El texto normativo establece que quedarán comprendidas “la construcción de plantas de tratamiento, plantas de separación de líquidos de gas natural, oleoductos, gasoductos y poliductos e instalaciones de almacenamiento”, además de “el transporte y almacenamiento de hidrocarburos líquidos y gaseosos”.
La norma también incorpora a la petroquímica, “incluyendo la producción de fertilizantes, y refinación”, y ratifica la cobertura para “la producción, captación, tratamiento, procesamiento, fraccionamiento, licuefacción de gas natural y transporte de gas natural destinado a la exportación de gas natural licuado, así como las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de la referida industria”.
Nuevos alcances del RIGI y un piso de inversión más alto
Uno de los puntos centrales es la inclusión de “la explotación y producción de nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro”.
El decreto precisa que se entenderá por tales a “aquellos Proyectos Únicos que ocurran en áreas hidrocarburíferas que, al momento de la sanción de la Ley N° 27.742 no tuvieran un nivel de desarrollo significativo del área y que al momento de presentación de la correspondiente Solicitud de adhesión al RIGI no cuenten con inversiones en actividad de explotación o producción”.
En paralelo, se mantienen bajo el régimen las actividades de exploración, explotación y producción costa afuera. El texto agrega que “en los casos en que coexistieran en una misma área hidrocarburífera actividades no sometidas al presente régimen, deberá asegurarse su segregación y trazabilidad mediante un sistema de medición separada”.
El decreto también redefine los parámetros económicos. El umbral de inversión promedio para proyectos de explotación de petróleo y gas, tanto en nuevos desarrollos como en aquellos destinados a exportación, se fijó en 600 millones de dólares, por encima de los 200 millones previstos originalmente.
Para las obras de transporte y almacenamiento se estableció un mínimo de 300 millones de dólares, configurando así un nuevo piso de acceso al esquema promocional.
La decisión fue celebrada en la antesala de su publicación por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien había solicitado formalmente la ampliación del régimen para el upstream. Ambos funcionarios destacaron que la medida contribuirá a acelerar el progreso en Vaca Muerta.
Con esta modificación normativa, el RIGI amplía su alcance dentro del sector energético y redefine las condiciones de acceso para grandes proyectos hidrocarburíferos. La incorporación del upstream terrestre y el aumento de los montos mínimos configuran un nuevo escenario regulatorio que impacta de manera directa en la planificación de inversiones de gran escala en la industria petrolera y gasífera argentina.
