Mientras se discute un nuevo marco jurídico (el RIGI), las empresas definen detalles de las mega inversiones que apuestan a aprovechar al máximo el potencial energético argentino.
La infraestructura productiva en sectores clave de la economía, como el sector minero y el energético, tiene años de postergaciones a la espera de un marco legal que les permita a los imprescindibles capitales externos sobrellevar el riesgo argentino.
En ese contexto es que cobró particular relevancia la discusión en el Congreso sobre un nuevo marco jurídico, el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) específicamente para este tipo de obras, que exigen certidumbre, seguridad jurídica y un sistema de protección de derechos.
El detalle de la norma también se abre a la interpretación de que se trata de un articulado a medida de los grandes proyectos de Oil & Gas, en particular a la iniciativa mega millonaria que el país y los recursos de Vaca Muerta tienen por delante con el desarrollo del Gas Natural Licuado, como principal factor de monetización.
A tal punto llega la presión desde ese sector, que el presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que “Sin RIGI no hay proyecto de GNL”, una definición reiterada pero nunca tan explícita de quien hoy comanda el proyecto que la petrolera viene desarrollando desde hace dos años con el gigante malayo Petronas, uno de los cuatros grandes productores en el planeta.
La lista de obras que también podrán quedar bajo el paraguas del RIGI podría incluir el Tramo II del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una etapa clave que se extenderá desde el nodo ubicado en la localidad bonaerense de Salliqueló hasta San Jerónimo, al sur de Santa Fe, un nodo gasífero clave en el sistema de ductos nacional.
La iniciativa no es inédita, sino que en el sector se remonta a los beneficios económicos, impositivos y cambiarios que otorgó en 2013 el Decreto 929, que por entonces permitió la llegada de la estadounidense Chevron con los primeros US$ 1.000 millones de inversión que recibió Vaca Muerta y que dieron lugar al desarrollo de la emblemática área de Loma Campana, hoy centro de la innovación del no convencional.
Hoy, el ambicioso proyecto de GNL prevé por los próximos 10 años inversiones por más de US$ 40.000 millones, lo que permitirá el trazado de tres gasoductos de 36 pulgadas desde la Cuenca Neuquina hasta el litoral Atlántico –posiblemente Bahía Blanca- y la construcción de una megafactoría para producir y exportar más de 25 millones de toneladas año de GNL, equivalente a 120 millones de metros cúbicos diario de gas, el doble de la producción actual.
Oleoducto Vaca Muerta Sur, en marcha
El RIGI también podrá alcanzar a otro de los grandes proyectos en marcha de la industria hidrocarburífera, como lo es el Oleoducto Vaca Muerta Sur, una obra que también encabeza YPF para dar por superados los cuellos de botellas de la producción de petróleo, cuyo resultado será totalmente para exportación, ya que la demanda local está cubierta.
La idea es extender desde Neuquén, hasta Sierra Grande en la costa de Río Negro, un oleoducto de casi 600 kilómetros de extensión y una capacidad de transporte de 360.000 barriles, junto a una mega terminal portuaria con dos monoboyas planificadas para recibir a los mayores cargueros hasta hoy conocidos e instalaciones de almacenamiento que en conjunto requerirá una inversión de más de US$ 2.500 millones.
La lista de obras que también podrán quedar bajo el paraguas del RIGI podría incluir el Tramo II del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una etapa clave que se extenderá desde el nodo ubicado en la localidad bonaerense de Salliqueló hasta San Jerónimo, al sur de Santa Fe, un nodo gasífero clave en el sistema de ductos nacional.
Con una longitud total de 524 kilómetros, y una inversión que podría alcanzar los US$ 1.200 millones, este proyecto permitirá aumentar el transporte total del gasoducto a 44 millones de metros cúbicos diarios y generar mayores volúmenes disponibles para abastecer a toda la región litoral de la Argentina mediante el Gasoducto de Noreste (GNEA) y preparar los volúmenes con los cuales pensar un eventual cruce a Brasil.
Otros mega proyectos del sector energético: el offshore y Palermo Aike
El régimen de incentivos de inversiones también podrá estar disponible para proyectos que podrían ser muy generosos en producción y generación de divisas, como el desarrollo de los bloques petroleros off shore, cuya factibilidad de mediano plazo comienza con sus primeras pruebas en el denominado Pozo Argerich, en el área CAN100, a poco más de 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata.
Allí, las socias de YPF son la noruega Equinor y la angloholandesa Shell, las que de tener éxito en la exploración en marcha, podrán decidir una inversión inicial en torno a los US$ 700 millones hasta los US$ 6.000 millones, en una vida útil en la que se estima que un solo pozo podría producir hasta más de 80 mil barriles/día, y que podría reproducirse en la decena de bloque cuyo estudio está en línea de largada.
En el extremo sur del país asoma otra gran esperanza con la llamada hermana menor de Vaca Muerta, es decir el no convencional santacruceño identificado en la roca madre de la Cuenca Austral y cuyo primer emergente es la formación Palermo Aike, hoy en etapa incipiente de exploración en una asociación de las empresas YPF y CGC.
En ese bloque hay estimaciones de recursos equivalentes a un tercio de Vaca Muerta, y en busca de esa confirmación se acaba de realizar un primer pozo exploratorio de casi 5.000 metros de profundidad y rama vertical, cuyo eventual éxito confirmaría un nuevo polo petrolero para la Argentina, que demandará miles de millones de dólares para su puesta en marcha productiva.
El programa demandará inversiones de, al menos, US$ 200 millones que se deberán desembolsar en los primeros dos años de proyecto, y que en el caso de superar los US$ 1.000 millones podrán integrarse al apartado Exportación Estratégica.
Es decir, proyectos de envergadura que comienzan a quedar identificados tanto en el sector de las energías como de la minería que permitirían multiplicar las capacidades de producción y de exportación.
Más allá de la discusión clave aún abierta en torno a la incorporación al régimen de las pequeñas y medianas industrias locales de la cadena de valor, los beneficios que incluye el capítulo se extenderían por el plazo de tres décadas en IVA, crédito fiscal, ganancias, impuesto sobre débitos y créditos, y la exención de derechos de importación en bienes de capital, repuestos, partes, y componentes, entre otras.
La definición legislativa podría darse en las próximas semanas, y hasta entonces los grandes proyectos de inversión de la industria energética continuarán en modo espera, antes de lanzar a la industria a un proceso de crecimiento que permita al país aprovechar sus recursos en un contexto de creciente demanda energética global.
Oportunidades para la nueva minería
El marco jurídico que se discute en el Congreso cuenta con características muy similares en sus artículos de base a lo que propone la Ley de Inversiones Mineras (LIM). Así, el régimen también tiene en cuenta las inversiones a largo plazo y con repagos que demoran años y les otorga estabilidad fiscal para que, una vez que hayan terminado etapas de construcción que pueden ser de dos o más años, el planteo de factibilidad original, siga siendo el mismo.
En la minería hay distintos proyectos según su tamaño, pero el sector metalífero tendría asegurada la posibilidad. Es que los proyectos de litio suelen tener inversiones después de su factibilidad (esto quiere decir pasada la exploración), que supera los US$ 200 millones exigidos. Por ejemplo, la nueva mina que empezó su producción en abril, Centenario Ratones, requirió de una inversión de US$ 800 millones para montar la planta con nivel industrial.
Del otro la de la mesa están proyectos de oro y cobre, sobre todo los cordilleranos, que debido a que deben construir campamentos para que el personal viva y a veces hasta obras de infraestructura como caminos, redes eléctricas y grandes plantes de procesamiento, multiplican por 10 la base. Los Azules, un proyecto de cobre ubicado en San Juan, presupuesta que su construcción rondará los US$ 2.500 millones. Josemaría, la única mina en pre-construcción de cobre, calcula obras por más de US$ 4.000 millones.
