En lo formal, desde Economía explicaron que es para que las trasmisoras y distribuidoras “tengan cronogramas similares”. La convocatoria se había programado hacía solo 15 días, para el próximo 5 de noviembre.

En otra medida en línea con el objetivo de mantener controlada a la inflación, el Gobierno suspendió la audiencia pública para debatir un plan de aumentos de luz de las generadoras y distribuidoras de ele tricidad para los próximos cinco años.

La decisión fue tomada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que había convocado el encuentro hace menos de 15 días.

 El argumento principal para esta suspensión se vincula a garantizar que todas las licenciatarias de transmisión y distribución puedan trabajar en cronogramas similares. Así lo señala la resolución 743/2024 publicada el día de hoy, donde -sin embargo- también se resalta la influencia de la «notoria desaceleración inflacionaria» a la hora de tomar la decisión.

El Ministerio de Economía aclaró que la suspensión no implica una cancelación definitiva.

La audiencia pública tenía como objetivo discutir la propuesta tarifaria de las empresas transportistas de energía eléctrica para el próximo período quinquenal, en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI). Este esquema regula, cada cinco años, los montos de inversión de las empresas y los ajustes de tarifas a los usuarios.

Estos ajustes fueron creados para generar previsibilidad en el mercado energético mediante un mecanismo de actualización tarifaria acordada de antemano.

Sin embargo, las RTI, que están amparadas por la ley N° 24.065 de 1991, se implementaron en contadas ocasiones y con un cumplimiento irregular, dado que las crisis económicas recurrentes llevaron a que los aumentos tarifarios sean discrecionales y dependan de la coyuntura política y económica de cada momento.

Que dicen en Economía sobre los aumentos de luz

El Ministerio de Economía aclaró que la suspensión no implica una cancelación definitiva de la audiencia, sino que se pospone para garantizar que todas las licenciatarias de transmisión y distribución puedan trabajar en cronogramas similares.

Además, sostienen que las propuestas tarifarias deben tener en cuenta el nuevo contexto macroeconómico, ya que las tarifas definidas en la RTI se mantendrán durante cinco años.

La postergación de la audiencia llega en un momento delicado para el sistema eléctrico. La falta de inversión en líneas de transmisión ha generado cuellos de botella en el sector, lo que impide la instalación de nuevas fuentes de generación eléctrica.

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La RTI solamente se implementó en dos ocasiones.

Esta carencia de infraestructura podría derivar en cortes de luz durante el verano, según advirtió el propio Gobierno. A pesar de las promesas de nuevas licitaciones para ampliar la oferta de generación térmica, hasta la fecha no ha habido convocatoria.

Modernización del sistema

La administración de Javier Milei enfrenta el reto de modernizar un sistema que aún opera bajo un esquema de contratación en el que las empresas venden y compran energía al Estado, a través de Cammesa, la empresa con control estatal encargada del despacho de energía.

El objetivo del Gobierno es avanzar hacia un sistema de contratos directos entre empresas, pero la transición ha demostrado ser complicada, aun cuando hubo medidas concretas para quitarle ingerencia a la reguladora estatal, luego no tenidas en cuenta desde su propia conducción, ante la emergencia energética que se espera para el veran.

Entre los obstáculos se encuentra la incertidumbre en torno a si las distribuidoras, especialmente Edenor y Edesur, asumirán contratos de energía nueva y si los generadores aceptarán esas condiciones cuando no hay garantía de que los precios se trasladen de manera efectiva a las tarifas.

Este contexto de dificultades e incertidumbre pone en tensión las metas de reducción de subsidios y ajustes tarifarios, al mismo tiempo que la prioridad del Gobierno sigue siendo controlar la inflación.

En los últimos meses, el Ministerio de Economía había implementado un esquema de aumentos tarifarios mensuales, basados en la evolución del índice de precios al consumidor (IPC), el índice mayorista (IPIM) y el índice salarial.

No obstante, tras unos pocos días, esta medida fue suspendida, y desde entonces, los aumentos han sido decididos de forma discrecional. El último se aplica al consumo de electricidad de este mes de octubre, que impactará en futuras boletas.

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