Energía actualizó los valores del bioetanol y el biodiésel de corte obligatorio, y se espera que la medida impacte en los surtidores en octubre. Los productores denuncian que los ajustes son discrecionales, por fuera de la fórmula establecida y por debajo de la evolución de sus costos.
Se confirmó una nueva actualización en los valores de los biocombustibles que se utilizan en el mercado interno. A través de las resoluciones 368 y 369, publicadas en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía fijó un incremento del 4% tanto para el bioetanol elaborado a base de caña y maíz como para el biodiésel.
La suba en estos insumos, que se mezclan de forma obligatoria con la nafta y el gasoil, tendrá efecto en los precios finales de los combustibles a partir de octubre. La presión sobre surtidores llega en un contexto delicado en términos de ventas, luego de que en agosto se rompió una racha de moderada recuperación.
El incremento de los biocombustibles se suma a un escenario de recomposición gradual de precios regulados.
El incremento llevó el litro de bioetanol de caña de azúcar a $857, mientras que el derivado del maíz se ubicó en $785,46. En tanto, el biodiésel ascendió a $1.408.687 por tonelada, desde los $1.354.507 anteriores. El ajuste representa una variación de 3,99%.
El uso de biocombustibles en la matriz de transporte está regulado por la ley 27.640, que establece porcentajes de corte obligatorios. Según esta norma, las refinerías deben incorporar un 12% de bioetanol en la nafta, dividido en partes iguales entre caña y maíz, mientras que el gasoil debe mezclarse con un 7,5% de biodiésel, producido principalmente a partir de aceite de soja.
La decisión se enmarca en una serie de actualizaciones que el Gobierno viene aplicando en los últimos meses, siendo la última el 11 de agosto.
En paralelo al alza de los biocombustibles, se reactivaron a fines de agosto los incrementos parciales de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). Solo por esa vía, el litro de nafta super aumentó $10,52 y el de gasoil $8,58, con subas de 0,8% y 0,7% respectivamente.
La Secretaría de Energía ya adelantó que a partir del 1 de octubre se aplicará el aumento completo del remanente pendiente de 2024 y de los dos primeros trimestres de 2025. Se trata de ajustes que habían sido postergados y que ahora deberán incorporarse al precio final de los combustibles. En ese marco, el incremento de los biocombustibles se suma a un escenario de recomposición gradual de precios regulados.
Duro reclamo de las cámaras de biocombustibles
La Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba) presentaron esta semana una carta documento ante la Secretaría de Energía, en la que intimaban a la publicación inmediata del valor correspondiente a septiembre, conforme a lo establecido por la resolución técnica vigente.
Según ambas entidades, la aplicación parcial o arbitraria de la fórmula de cálculo ha generado un quiebre operativo de 45,5 millones de dólares, además de ingresos no percibidos que superan los 78,8 millones de dólares desde mediados de 2024.
Marcelo Kusznier, presidente de Casfer, sostuvo que la política oficial cambió de manera radical tras la salida de Eduardo Chirillo de la Secretaría de Energía y la llegada de María Tettamanti, acompañada por el secretario de Gabinete, Daniel González.
“Durante los primeros seis meses de 2024, el precio se ajustó estrictamente a la fórmula. Pero luego dejaron de aplicarla y comenzaron a publicar valores por debajo de los costos reales de producción”, afirmó.
Para Kusznier, esta metodología carece de sustento técnico y responde a criterios discrecionales. En su presentación conjunta, Casfer y Capba advirtieron que esta situación no solo afecta el equilibrio económico de las plantas, sino que también genera un proceso de descapitalización que pone en riesgo la continuidad de las inversiones y los puestos de trabajo.
Las cámaras empresarias fijaron un ultimátum: en un plazo de 48 horas, la Secretaría debe publicar el precio de septiembre conforme a la normativa vigente, aplicar estrictamente la fórmula técnica en los meses siguientes, incorporar al expediente los cuadros de pérdidas y volúmenes, y fundamentar cualquier diferencia respecto del valor calculado.
De no hacerlo, anticiparon que iniciarán acciones legales para reclamar los daños y perjuicios ocasionados, con la posibilidad de extender responsabilidades a los funcionarios involucrados.
