Con la publicación de nuevos decretos en el Boletín Oficial, el Ejecutivo designó autoridades en la JST, la DNV, la CNRT y la ANSV.
Tras el rechazo legislativo a los decretos delegados que ordenaban el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y otros organismos del área de Transporte, el Gobierno avanzó con la designación de nuevas autoridades en cuatro organismos vinculados al transporte.
Los nombramientos quedaron oficializados este miércoles a la madrugada mediante los Decretos N° 638/2025, 639/2025, 640/2025 y 641/2025 publicados en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.
De esta manera, quedaron conformadas las cúpulas de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), la DNV, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
Previo a estos nombramientos, el Gobierno había anunciado su intención de cerrar y reestructurar la DNV, argumentando que el organismo había sido utilizado para ejecutar maniobras de corrupción durante la gestión kirchnerista, recordando las condenas por la Causa Vialidad.
En el caso de la JST y la DNV se trató de un restablecimiento de cargos, ya que sus titulares habían sido desplazados cuando el Ejecutivo anunció la disolución de los organismos. Así, el abogado Federico Suleta volvió a la presidencia de la JST, mientras que el ingeniero Marcelo Campoy recuperó la conducción de la DNV.
En la CNRT asumirá la dirección ejecutiva el arquitecto Carlos Frugoni, en reemplazo de Edgar Pérez, quien había sido designado el 23 de febrero de 2024 mediante el Decreto 183/2024.
Por su parte, el abogado Nicolás Dapena Fernández fue elegido para encabezar la ANSV, ocupando la vacante dejada por Pedro Scarpinelli, nombrado el 11 de junio de 2024 según el Decreto 588/2024.
Marcha atrás en la disolución de Vialidad
Previo a estos nombramientos, el Gobierno había anunciado su intención de cerrar y reestructurar la DNV, argumentando que el organismo había sido utilizado para ejecutar maniobras de corrupción durante la gestión kirchnerista, recordando las condenas por la Causa Vialidad.
“El presidente Javier Milei, a través de un decreto, ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, y dos organismos más, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, había explicado tiempo atrás el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
Sin embargo, esas medidas quedaron sin efecto después de que el Congreso rechazara los decretos delegados en la sesión del 21 de agosto. Como consecuencia, los organismos fueron restablecidos y se descartó la creación de la Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte, que el Ejecutivo había propuesto para reemplazar a la CNRT y asumir la fiscalización de las concesiones viales.
¿Cuál era el plan del Gobierno?
A principios de julio, el Gobierno oficializó el cierre definitivo de la DVN, junto con la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
La eliminación de estos organismos estaba dentro de los planes del gobierno libertario desde hacía tiempo, pero hasta ese momento no se había formalizado.
De acuerdo al texto oficial, Economía quedaría a cargo del estudio, construcción, conservación y mejoramiento del sistema troncal de caminos nacionales, mientras que el control y la fiscalización de las concesiones pasarían a una nueva entidad: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Esta agencia también reemplazaría a la CNRT, que sería disuelta.
La nueva normativa se implementó el mismo día en el que vencían las facultades delegadas que tiene Nación y que le han permitido avanzar aceleradamente con sus reformas económicas e institucionales.
Al respecto, Sturzenegger remarcaba que el uso de esas facultades por parte del actual Gobierno respondía a una lógica distinta a la de gestiones anteriores.
“Fue por un año, porque el presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas”, señaló.
