El Poder Ejecutivo resolvió mantener el régimen excepcional y continuar con los ajustes mensuales en los servicios públicos. La normativa también prolonga la intevención del ENRE y el ENARGAS
Junio tuvo un inicio movido en el sector energético a partir de la publicación de dos medidas de alto impacto. Por un lado, el Gobierno nacional extendió la emergencia energética mediante el Decreto 370/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei.
De este modo, el esquema adoptado en diciembre de 2023 y prorrogado en noviembre del año pasado, seguirá vigente hasta el 9 de julio de 2026. De acuerdo al texto oficial, la ampliación del marco regulatorio especial permitirá asegurar la continuidad del suministro “en un contexto marcado por desafíos estructurales heredados de administraciones anteriores”.
El Gobierno definió nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas.
Asimismo, el decreto establece la prolongación de la intervención de los organismos reguladores, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), hasta la misma fecha o hasta la creación del nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, entidad que unificará ambas jurisdicciones.
En paralelo, el gobierno extendió el período de transición hacia un esquema de subsidios energéticos focalizados. Bajo este sistema, la Secretaría de Energía mantiene la potestad de implementar las acciones necesarias para redefinir el régimen de aportes, con la finalidad de “asignar los beneficios de manera más precisa y eficiente”.
Por último, el Ejecutivo instó a las provincias a coordinar con la Secretaría de Energía la adopción de medidas de emergencia que garanticen la prestación continua de los servicios de distribución eléctrica en sus jurisdicciones, así como la aplicación de las modificaciones derivadas de la reestructuración tarifaria y del sistema de subsidios.
En los fundamentos del decreto, se señala que esta prolongación responde a una “herencia institucional, económica y social gravísima”, que se refleja en un sistema energético con vulnerabilidades en aspectos clave como la recaudación fiscal, el estado de las infraestructuras y la ausencia de señales claras para regular la oferta y demanda.
“Resulta necesario y urgente extender la declaración de emergencia para permitir que los órganos competentes sigan adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos”, destaca el texto oficial.
Emergencia energética y ajustes tarifarios
En paralelo a la extensión de la emergencia energética, el Gobierno definió nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas que impactarán en los consumos de junio. En el caso de la electricidad, los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que reciben el servicio a través de Edenor y Edesur, experimentarán una suba promedio del 2,6%.
Para los usuarios de gas natural por redes en todo el país, el incremento se ubicará entre el 2,5% y el 2,8%, dependiendo del distribuidor y del nivel de consumo de cada usuario. Este ajuste responde a una serie de medidas implementadas por la Secretaría de Energía, que publicó tres resoluciones consecutivas en el Boletín Oficial.
A través de la Resolución 226/2025, se dispuso un incremento del 1,5% en los precios mayoristas de la electricidad, lo que afecta directamente al componente de generación en las facturas. Según el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, este movimiento apunta a continuar con el retiro gradual de los subsidios que cubren parte del costo real del suministro eléctrico.
Además, la Resolución 227/2025 estableció una mejora del 1,5% en la remuneración que reciben los generadores eléctricos sin contratos vigentes en el Mercado Eléctrico Mayorista. Esta medida tiene como finalidad garantizar la sustentabilidad del sistema de generación y asegurar la continuidad del servicio.
En el segmento del gas, la Secretaría de Energía publicó la Resolución 228/25, mediante la cual se dispuso una baja del 1,91% en los precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Esta reducción se traduce en un aumento de los subsidios estatales durante los meses de invierno, a fin de atenuar el impacto de la demanda estacional sobre los usuarios residenciales.
No obstante, las tarifas finales reflejarán un aumento de hasta 2,8%, al combinarse con actualizaciones en los costos de transporte y distribución, ya que las tarifas de transporte y distribución de gas y electricidad seguirán ajustándose mensualmente hasta marzo de 2030, según una fórmula indexada por la inflación.
