El gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para modificar el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639), una iniciativa que reaviva uno de los debates más sensibles de la agenda productiva y ambiental argentina.
A través de un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente, el gobierno sostuvo que la ley vigente fue utilizada durante más de una década con criterios discrecionales, bajo lo que definió como “pretextos ideológicos”, que terminaron por obstaculizar el desarrollo económico y limitar el ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
En ese marco, la reforma apunta a ordenar el marco normativo, reforzar la seguridad jurídica y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional.
El eje central de la iniciativa oficial es redefinir el alcance de la protección, concentrándola en los glaciares y geoformas del ambiente periglacial que cumplan una función hídrica efectiva, ya sea como reservas estratégicas de agua o como proveedores de recarga de cuencas.
De esta manera, el texto propone una interpretación alineada con el artículo 41 de la Constitución, que exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y con el artículo 124, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales.
Uno de los cambios más relevantes es la modificación del Inventario Nacional de Glaciares, que pasará a incluir únicamente aquellas geoformas con funciones hídricas comprobadas.
Si bien el inventario seguirá siendo una herramienta de referencia obligatoria, la propuesta limita su alcance vinculante y refuerza el rol de las autoridades ambientales provinciales en la evaluación de impacto ambiental y en la toma de decisiones caso por caso.
La propuesta fue remitida durante el período de sesiones extraordinarias y busca, según el Ejecutivo, corregir “graves falencias interpretativas” de la norma sancionada en 2010
El proyecto incorpora además un nuevo artículo el 3° bis, que introduce un principio precautorio transitorio: toda geoforma incluida en el inventario se considerará protegida hasta que la autoridad competente determine si cumple o no una función hídrica. Si se verifica que no la posee, quedará fuera del alcance de la Ley de Glaciares, aunque seguirá protegida por la Ley General del Ambiente.
Más poder a las provincias en la nueva ley de Glaciares
Otro punto clave de la reforma es el fortalecimiento del rol provincial. Las jurisdicciones podrán informar tanto la existencia de nuevos glaciares como la eventual pérdida de funciones hídricas de los ya inventariados.
Además, las intervenciones técnicas del organismo nacional especializado dejarán de invalidar autorizaciones provinciales previamente otorgadas, un aspecto central para reducir la inseguridad jurídica que según el Ejecutivo paralizó proyectos productivos durante años.
En cuanto a las prohibiciones, el proyecto mantiene las restricciones a actividades que alteren glaciares con función hídrica comprobada, incluida la minería y la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, la definición de qué constituye una “alteración relevante” quedará sujeta a evaluaciones de impacto ambiental provinciales, reforzando el análisis técnico y territorial.
Desde el gobierno nacional sostienen que la reforma responde a los reclamos de las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan), donde se concentran proyectos mineros estratégicos vinculados a la transición energética.
En el sector empresario estiman que una aclaración normativa podría destrabar inversiones por más de 35.000 millones de dólares, principalmente en cobre.
La reforma apunta a ordenar el marco normativo, reforzar la seguridad jurídica y consolidar un esquema de federalismo ambiental compatible con la Constitución Nacional.
La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) señaló que el 75% de los proyectos cupríferos anunciados se encuentran en áreas consideradas periglaciares, y que la falta de definiciones claras fue uno de los principales obstáculos para su avance.
Varios de estos emprendimientos ya iniciaron trámites para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que refuerza la expectativa oficial de un nuevo ciclo inversor.
Sin embargo, la iniciativa también generó fuerte preocupación en organizaciones ambientales y sociales. Más de 25 entidades de todo el país advirtieron que una modificación de la ley podría habilitar actividades de alto impacto ambiental en zonas sensibles, con riesgo sobre las reservas de agua dulce almacenadas en los glaciares, especialmente en un contexto de cambio climático y estrés hídrico creciente.
Un debate que vuelve al centro de la escena
A más de quince años de su sanción, la Ley de Glaciares vuelve así al centro de la escena política, económica y ambiental. Para el gobierno, se trata de una “verdadera reforma de federalismo ambiental”, alineada con los compromisos del Pacto de Mayo y con la estrategia de liberar las fuerzas productivas del país.
Para sus críticos, el riesgo es avanzar sobre una de las principales herramientas de protección del agua en un país donde ese recurso es cada vez más escaso.
El Congreso tendrá ahora la tarea de debatir una reforma que redefine el equilibrio entre ambiente, desarrollo e institucionalidad federal, en un escenario donde las decisiones que se tomen marcarán el rumbo productivo y ambiental de las regiones cordilleranas en las próximas décadas.
