El Ministerio de Economía oficializó el inicio del proceso de privatización de Corredores Viales SA, la empresa estatal que hasta ahora tenía a su cargo la gestión de una parte significativa de la red de autopistas y rutas nacionales.
La medida se materializó mediante la Resolución 1284/2025, publicada en el Boletín Oficial, y constituye un nuevo avance en la estrategia de reducción del aparato estatal y apertura a capitales privados que impulsa la administración nacional.
La decisión se fundamenta en la Ley 27.742 (conocida como Ley Bases), que incluyó a Corredores Viales entre las compañías estatales sujetas a privatización, y en la reglamentación dispuesta por los decretos 695/2024 y 97/2025.
A partir de ahora, el proceso se regirá por un esquema claro: la extinción de los contratos vigentes, la licitación de nuevas concesiones bajo el régimen de obra pública por peaje y, finalmente, la disolución y liquidación de la sociedad estatal.
La privatización de Corredores Viales no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de transformación del sector público. La Ley Bases habilita la venta, fusión, escisión o cierre de decenas de compañías estatales.
En este marco, la “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” funciona como el brazo técnico y político encargado de reordenar el mapa de empresas del Estado, bajo criterios de eficiencia, recaudación fiscal y atracción de inversión privada.
Con este paso, el Gobierno busca avanzar hacia un nuevo modelo de gestión vial basado en concesiones privadas, con el argumento de garantizar mantenimiento, obras y servicios a partir del financiamiento directo de los usuarios a través del sistema de peajes.
El proceso se regirá por un esquema claro: la extinción de los contratos vigentes, la licitación de nuevas concesiones bajo el régimen de obra pública por peaje y, finalmente, la disolución y liquidación de la sociedad estatal.
La gran pregunta gira en torno a la rentabilidad de las rutas con menores índices de circulación y el desafío que implica para las empresas que se hagan cargo, de solventar los costos operativos.
La respuesta a este interrogante, estará seguramente en la cantidad de interesados que puedan surgir para cubrir la oferta presentada por el gobierno.
El plan será coordinado por el Ministerio de Economía, con la participación de la Secretaría de Transporte y de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
Los próximos pasos de la privatización de Corredores Viales
La Secretaría de Transporte deberá inventariar todos los bienes que la compañía deberá devolver al Estado, rediseñar los tramos viales a concesionar y relevar el estado de las rutas y obras existentes. También tendrá que elaborar la documentación técnica y contractual necesaria para la futura licitación, y podrá solicitar la colaboración de la propia Corredores Viales durante la transición.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas se encargará de coordinar el cronograma de privatización y de gestionar la valuación de activos.
Esto incluye tanto la tasación de bienes físicos como la estimación de los flujos futuros de ingresos por peaje, con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación u otros organismos públicos especializados.
En ese sentido, fuentes de la Secretaría de Transporte informaron que “la resolución 1284 publicada en el boletín oficial marca el inicio en concreto del proceso de privatización de la empresa Corredores Viales S.A.”
“De esta forma -indican- la resolución establece, por ejemplo, que es tarea de la Secretaría de Transporte proponer la conformación de los tramos de la red vial nacional, efectuar un relevamiento del estado actual de los tramos y de las obras de infraestructura sobre las trazas a concesionar, informando estado de avance y prioridad de estas, pudiendo rescindir aquellos contratos que no se consideren prioritarios, entre otras funciones”.
Agrega finalmente que, “a su vez, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará las medidas necesarias para licitar los tramos de la red vial nacional en el plazo de doce meses”.
El texto oficial fija el plazo máximo de doce meses para adjudicar los tramos de la red vial a los nuevos operadores privados y, posteriormente, proceder a la liquidación definitiva de la empresa.
Impacto en el sector vial y en el empleo
La decisión abre la puerta a la entrada de operadores privados nacionales e internacionales en la gestión de rutas y autopistas, lo que implica un cambio profundo en el esquema de administración de la red vial nacional.
Actualmente, Corredores Viales emplea a 3.307 personas y cerró el primer semestre del año con un superávit financiero de $5.200 millones, sin necesidad de asistencia del Tesoro.
Este dato abre un debate: mientras el Gobierno subraya que la medida permitirá modernizar la infraestructura y reducir el peso del Estado, los críticos advierten sobre el riesgo de transferir al sector privado una empresa que ya demostraba autosuficiencia operativa y financiera.
