El oficialismo quiere promover la venta al exterior de Gas Licuado y para ello elaboró un plan enfocado en captar inversiones. El proyecto se presentará en el Congreso durante los próximos días.
Con la posibilidad de que el país se convierta en uno de los proveedores de GNL más importantes del mundo, el gobierno encabezado por Alberto Fernández elaboró un programa para fomentar inversiones en el sector. El proyecto establece un esquema regulatorio destinado a incentivar la llegada de dólares y que la exportación crezca de manera progresiva por los próximos 30 años.
Se espera que el documento se presente en el Congreso durante el transcurso de esta semana luego de que se postergase su presentación a principio de año. La idea es que las medidas empiecen a trabajarse lo antes posible para evitar un déficit energético como el que tuvo lugar en 2022.
El plan contempla un período de cinco años de estabilidad fiscal para brindarle tranquilidad a los titulares de los proyectos de inversión
En ese marco, el gobierno nacional busca mejorar la infraestructura del transporte de gas, así como promover la construcción de plantas de GNL. Estas instalaciones permitirán incrementar la capacidad de procesamiento del no convencional de Vaca Muerta. Pero para concretar las obras se precisa la llegada de divisas por lo que el plan contempla a la estabilidad fiscal como uno de sus ejes.
De qué trata el proyecto de ley de promoción del Gas Natural Licuado
Para empezar, el documento destaca como objetivo principal del país la licuefacción de gas natural para su posterior exportación. En esa línea, se contempla la inversión en bienes y obras de infraestructura para la producción y comercialización del gas bajo el “Régimen de Promoción para Grandes Proyectos de Inversión en GNL”.
Por otro lado, el plan establece que la Secretaría de Energía estará a cargo de la aplicación de la nueva normativa y que los proyectos presentados deberán desembolsar un mínimo de 1.000 millones de dólares y tener una capacidad mínima de producción instalada de 1 millón de toneladas de GNL anuales.
Según detalla el proyecto, las empresas que se comprometan a potenciar la licuefacción del GNL para su posterior venta al exterior, tendrán un plazo máximo de seis años para llevar adelante la construcción o adquisición de plantas, tanto terrestres como marinas.
En ese sentido, el plan contempla un período de cinco años de estabilidad fiscal para brindarle tranquilidad a los titulares de los proyectos de inversión. El plazo correrá a partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa, con la posibilidad de ser prorrogado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Esta estabilidad fiscal se refleja en que la carga tributaria se fijará cuando se presenten los proyectos de inversión, y no podrá modificarse “como consecuencia de aumentos en los impuestos y tasas, cualquiera fuera su denominación en el ámbito nacional y en los ámbitos provinciales y municipales, que adhieran a la norma, o la creación de otras nuevas que los alcancen como sujetos de derecho de los mismos”.
Además, se incluye un esquema para amortizar el Impuesto a las Ganancias y otro para la acreditación del IVA por la compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital y la realización de obras de infraestructuras. A lo que se le suman exenciones por 10 años de todas las tasas y cargas tributarias para las importaciones de bienes e insumos que se utilicen en la producción del gas.
Asimismo, se garantiza por tres décadas la estabilidad en la regulación cambiaria y el acceso a liquidar en el exterior hasta el 30% de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL para “poder ser destinadas al pago de capital e intereses de pasivos comerciales o financieros con el exterior y/o utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados y/o a la repatriación de inversiones directas de no residentes”.
Cabe destacar que la iniciativa le otorga a la cartera de Energía la potestad de requerir que los beneficiarios ofrezcan al mercado interno el 10% del GNL producidos entre junio y agosto. La solicitud de la secretaría deberá realizarse con un mínimo de 180 días de anticipación.
Por otra parte, las compañías productoras de hidrocarburos tendrán asegurado el transporte y suministro de gas con autorizaciones de exportación en tierra firma, pero estarán sujetas a emplear uno o más ductos construidos exclusivamente para el proyecto y que estén aislados del sistema de transporte.
Por último, el proyecto impone que, para acceder a los beneficios fiscales, las empresas deberán alcanzar un mínimo del 15% de contenido local en los primeros 10 años de los proyectos de inversión. Así, se busca que la integración nacional avance de manera progresiva para alcanzar el 50% para la última década del programa.
