En un paso decisivo para la reconfiguración del mapa de infraestructura nacional, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía, ha oficializado la convocatoria para la Etapa II de la Red Federal de Concesiones.
Se trata del llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para concesionar los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa y se enmarca en el proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales S.A., con el objetivo declarado de eliminar el déficit fiscal y trasladar la gestión y mantenimiento de las rutas nacionales al sector privado.
La medida, instrumentada mediante la resolución que lleva la firma del Ministro de Economía, pone en marcha el proceso de licitación para transferir al sector privado la operación, mantenimiento y explotación de corredores viales estratégicos, incluyendo la Autopista Ricchieri, la Autopista Ezeiza-Cañuelas y las Rutas Nacionales 3, 205 y 226, entre otras.
Esta decisión administrativa no es un hecho aislado, sino que ejecuta lo dispuesto por la Ley 27.742 (Ley de Bases) y el Decreto 97/2025, normativa que declaró «sujeta a privatización» a la empresa estatal Corredores Viales S.A.
Bajo este paraguas legal, la administración central busca desarmar la estructura operativa estatal sobre las rutas para dar paso a un esquema de concesión de obra pública por peaje, regido por la Ley 17.520.
Si bien el gobierno consideró la adaptación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en este caso se descartó dado que por su relevancia estratégica, estas rutas ya despiertan el interés de las empresas del sector.
Los detalles de la licitación del tramo II de las rutas nacionales
El proceso, identificado técnicamente como Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504-0013-LPU25, se gestionará a través de la plataforma CONTRAT.AR. El objetivo central, según se desprende de los considerandos de la norma, es que el capital privado asuma la responsabilidad integral de los corredores: desde la repavimentación y ampliación hasta la prestación de servicios al usuario.
Estos segmentos comprenden sectores vitales para la logística y el turismo.
La justificación económica del proyecto es explícita: se busca «eliminar el déficit y equilibrar las cuentas del Estado Nacional». El Ejecutivo considera que la gestión privada mediante el cobro de peajes y explotaciones colaterales permitirá garantizar la sostenibilidad de la red vial sin comprometer recursos del Tesoro.
El nuevo mapa de concesiones: Tramos y Rutas afectadas
La resolución define con precisión el alcance geográfico de esta segunda etapa, reorganizando la red en cuatro grandes grupos o «Tramos» que actualmente están, en su mayoría, bajo la órbita de Corredores Viales S.A. Los corredores a licitar son: Tramo Sur, Tramo Atlántico, Tramo Acceso Sur y Tramo Pampa.
Estos segmentos comprenden sectores vitales para la logística y el turismo, abarcando partes de las siguientes vías:
Autopista Teniente General Pablo Ricchieri: La principal vía de conexión entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Autopista Ezeiza – Cañuelas: Corredor fundamental para la salida hacia el sur de la provincia de Buenos Aires.
Ruta Nacional N° 3: Arteria troncal para el transporte de cargas hacia la Patagonia y el puerto de Bahía Blanca.
Ruta Nacional N° 205: Vía clave para la conexión de localidades del interior bonaerense.
Ruta Nacional N° 226: Conocida como la ruta «Jardín», vital para el tránsito transversal en la provincia y el sector agropecuario (conecta Mar del Plata, Balcarce, Tandil, Olavarría).
Ruta Nacional A-005 y Autopista Jorge Newbery.
El proceso cuenta con la intervención directa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, organismo encargado de asistir al Ministerio de Economía en la liquidación y privatización de los activos estatales.
Esta agencia ha supervisado la elaboración de los pliegos y la documentación técnica, asegurando que el traspaso cumpla con los requisitos de tasación previa exigidos por la Ley de Reforma del Estado (Ley 23.696).
Asimismo, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, ha sido la encargada de realizar el relevamiento técnico del estado de las rutas y de las obras de infraestructura pendientes, validando la viabilidad de los tramos a concesionar.
Cabe destacar que este llamado a licitación llega tras la realización de Audiencias Públicas celebradas en junio de 2025, donde se presentaron los informes de cierre para los tramos mencionados.
Próximos pasos y adjudicación
Con la publicación de esta resolución, se aprueban formalmente el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, las Especificaciones Técnicas y el Modelo de Contrato. También se establece un Reglamento de Infracciones y Sanciones que regirá la relación entre el Estado y los futuros concesionarios.
Para garantizar la transparencia del proceso, se ha constituido una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, quienes tendrán la responsabilidad de analizar las ofertas técnicas y económicas que presenten los consorcios nacionales e internacionales interesados.
La privatización de la operación de estos corredores marca un punto de inflexión en la política de infraestructura argentina, consolidando el retiro del Estado de la gestión directa de las rutas nacionales y apostando nuevamente al modelo de concesión por peaje como motor de mantenimiento y expansión de la red vial.
