La estatal que gestiona rutas, autopistas y autovías nacionales registra millonarias pérdidas y acumula deuda con proveedores. Designaron a una interventora con facultades para designar y remover personal.
El Gobierno nacional decidió intervenir Corredores Viales S.A., la empresa estatal que gestiona rutas, autopistas y autovías nacionales, tras detectarse pérdidas millonarias y una deuda activa con proveedores.
La medida no solo apunta a reorganizar la compañía, sino que también es el primer paso hacia su privatización.
Con el visto bueno del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, la intervención quedó oficializada a través del decreto 244/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Entre las responsabilidades de la nueva interventora, se destacan las de llevar adelante auditorías al inicio y al final de la intervención, evaluar la situación financiera y operativa de la empresa, presentar informes de gestión y diseñar un plan de reformulación.
Según lo establecido en el artículo 6° de la Ley N.º 27.742 (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos), el proceso no tiene un plazo definido.
A partir de ahora, la gestión de la empresa, que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, quedará en manos de Anastasia María de los Ángeles Adem.
Como interventora, la funcionaria tendrá el control total de la compañía, asumiendo las funciones del Directorio y su presidente, además de las atribuciones específicas establecidas en el decreto.
Entre sus responsabilidades, Adem deberá llevar adelante auditorías al inicio y al final de la intervención, evaluar la situación financiera y operativa de la empresa, presentar informes de gestión y diseñar un plan de reformulación.
Este último, que podría incluir modificaciones al estatuto de la compañía, será elevado al Ministerio de Economía para su revisión y aprobación.
Además, se le encomendó revisar la administración de compras y contrataciones, realizar una auditoría integral sobre el estado de los corredores viales y garantizar el funcionamiento de la empresa en este período de transición previo a su disolución y liquidación.
El decreto también le otorga plenos poderes de representación de la sociedad, así como la facultad de designar y remover personal.
En busca de posibles irregularidades
Las autoridades destacaron que la interventora también tendrá la tarea de informar al Ministerio de Economía sobre cualquier irregularidad detectada.
“Deberá informar al Ministerio de Economía, con precisión, su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado”, señala el decreto, y agrega que deberá presentar toda la documentación disponible junto con las medidas propuestas para corregir la situación.
Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo de la intervención es optimizar los servicios y funciones del Estado, con un enfoque particular en el transporte de pasajeros y cargas para impulsar la industria, el turismo y la producción agrícola.
“Desde el inicio de la gestión, esta administración se ha propuesto optimizar los servicios y funciones que corresponden al Estado nacional, en particular para fomentar el transporte de pasajeros y de cargas con el fin de promover la industria, el turismo y la producción agrícola”, resaltaron.
Además, subrayaron que para “la consolidación de la red de caminos, rutas, autopistas y accesos” es clave la participación del sector privado.
Responsabilidad por los caminos dañados
El plan de privatización de Corredores Viales S.A. no tomó por sorpresa: ya había sido anticipado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa desde Casa Rosada el 14 de febrero.
Si bien reconoció que la empresa estatal tiene actualmente el derecho de cobrar peajes, Adorni señaló que el atraso en las tarifas habría sido un factor clave en el deterioro de varios tramos de los caminos.
“El 45% de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado malo o crítico, los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario era de un 45% con relación a la tarifa técnica”, explicó.
Los números tampoco acompañaban. Según datos oficiales, la compañía cerró 2023 con resultados negativos, acumulando una deuda de $142.000 millones con proveedores y pérdidas por $268.000 millones, a pesar de haber recibido $301.000 millones del Tesoro Nacional.
Antes de la intervención, Corredores Viales ya figuraba en la lista de empresas estatales sujetas a privatización según el artículo 7 de la Ley de Bases. Entre los argumentos esgrimidos por el Gobierno, se destacó que la empresa duplicaba funciones con la Dirección Nacional de Vialidad.
De cara al nuevo esquema, el Ejecutivo adelantó que, una vez definidas las concesionarias, se establecerá una tarifa máxima con actualizaciones trimestrales. Estas se calcularán mediante fórmulas prefijadas que tendrán en cuenta diversos índices del Indec.
